Causa Peajes: la Cámara Federal cerró la causa contra Iguacel y Dietrich

• Edictos Judiciales
• 18-08-2026

Un viejo adagio judicial recuerda que “el tiempo es un factor decisivo” en los procesos penales: en la causa Peajes, ese principio terminó pesando más que el debate de fondo. La Sala II de la Cámara Federal porteña mantuvo firmes los sobreseimientos de Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Ricardo José Stoddart, investigados por presuntas irregularidades vinculadas con la concesión de Autopistas del Sol.

Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico declararon abstracta la apelación presentada por las defensas contra los procesamientos y embargos, después de que el juzgado de instrucción dispusiera la prescripción de la acción penal. En otras palabras, la discusión sobre la validez de las resoluciones anteriores perdió objeto jurídico al agotarse los plazos legales del expediente.

Los sobreseimientos habían sido dictados pocos días antes del inicio de la feria judicial, cuando las defensas ya habían recurrido los procesamientos por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El caso se convirtió desde temprano en uno de los expedientes más sensibles asociados a la gestión de Mauricio Macri, por la combinación entre decisiones administrativas, concesiones viales y el antecedente de vínculos accionarios de la familia del expresidente con las empresas involucradas.

El expediente se abrió en 2019 a partir de una denuncia de los diputados nacionales Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade, quienes cuestionaron la renegociación de las concesiones del Acceso Norte y el Acceso Oeste. La presentación apuntó al modo en que se prorrogaron contratos y al supuesto perjuicio generado por no convocar a una nueva licitación pública.

Según esa denuncia, la extensión de los contratos de peaje con Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste habría favorecido a la familia de Mauricio Macri, que había tenido participación accionaria en esas firmas. Ese eje le dio al caso una fuerte carga política, en línea con otros conflictos judiciales que, desde hace años, rodean la relación entre obra pública, concesiones y presuntas ventajas a grupos empresarios cercanos al poder.

Durante la gestión de Cambiemos, Guillermo Dietrich fue ministro de Transporte; Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional; Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro de la Nación; y Ricardo Stoddart, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Para la Justicia, esas funciones los ubicaron en el centro de las decisiones administrativas que motivaron la investigación.

Antecedentes

El Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de los imputados y dispuso sus sobreseimientos, al entender que había transcurrido el plazo máximo previsto desde el llamado a indagatoria hasta el momento de resolver. Ese punto fue determinante para clausurar el avance del proceso, más allá de las posiciones de fondo sobre la legalidad de la renegociación.

En su reconstrucción del trámite, el juzgado recordó que las indagatorias fueron ordenadas el 30 de junio de 2020 y que, una vez cumplidas, se dictaron procesamientos sin prisión preventiva. En septiembre de ese mismo año, la Sala II de la Cámara Federal anuló esas resoluciones y, en marzo de 2021, Casación dejó firme esa decisión.

Más adelante, en julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti, entonces a cargo interinamente del juzgado, dictó la falta de mérito de los imputados. Esa decisión fue luego confirmada por la Corte Suprema en junio de 2026, un dato que consolidó el cierre definitivo del derrotero procesal.

Mientras se aguardaba el pronunciamiento del máximo tribunal, el 22 de diciembre de 2025, y luego de la producción de nuevas medidas de prueba, el juzgado volvió a procesar sin prisión preventiva a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Stoddart. La secuencia exhibe cómo, en causas complejas, las oscilaciones entre procesamiento, falta de mérito, nulidades y prescripción pueden prolongar el expediente durante años sin una definición sobre el fondo.

Tras la decisión de la Corte Suprema en junio, las defensas plantearon una excepción de falta de acción por prescripción, a la que no se opusieron ni la Fiscalía ni la querella. Ese consenso procesal terminó de inclinar la balanza a favor del cierre de la causa.

Al resolver, Rafecas subrayó la coincidencia entre las partes sobre ese punto y sostuvo que, ante la ausencia de controversia, “no se verifica en autos respecto del peticionante, la subsistencia de una pretensión punitiva concretamente sostenida por alguno de los sujetos legitimados para impulsar la persecución penal que justifique mantener abierto el proceso”.

Análisis y proyecciones

El cierre por prescripción de la causa Peajes vuelve a exhibir una tensión habitual en los expedientes de alta complejidad: la distancia entre la expectativa pública de obtener una definición de fondo y los tiempos del proceso penal. En términos institucionales, este tipo de desenlaces suele alimentar críticas sobre la duración de las investigaciones y sobre cómo las demoras pueden neutralizar el debate judicial incluso en causas con alto impacto político.

En paralelo, la resolución refuerza una tendencia conocida en los tribunales federales: cuando el caso se extiende durante años, la prescripción puede transformarse en la salida decisiva, aun cuando persistan discusiones sobre la legalidad o conveniencia de los actos investigados. Hacia adelante, la consecuencia más probable es que el expediente quede como antecedente relevante para futuros litigios sobre concesiones, prórrogas contractuales y control estatal de servicios públicos, más que como una causa con sanción penal concreta.

Evolución del caso

En los últimos años, la situación de los principales protagonistas pasó de una etapa de fuerte exposición judicial a un escenario de progresivo cierre procesal. Primero hubo indagatorias, luego procesamientos, más tarde nulidades, falta de mérito y, finalmente, la prescripción que desactivó la pretensión penal. Ese recorrido refleja cómo el caso se fue alejando de una posible definición sobre responsabilidades individuales para terminar consolidándose como una controversia clausurada por el paso del tiempo.

También cambió el clima político en torno al expediente: lo que comenzó como una denuncia asociada a la gestión de Cambiemos y a presuntos beneficios en favor de empresas ligadas al universo Macri terminó reabsorbido por la lógica de los plazos judiciales. En ese contexto, la discusión pública dejó de centrarse en la prueba sobre el fondo y pasó a enfocarse en la capacidad del sistema judicial para resolver causas estructurales antes de que prescriban.