CUANDO EL ESTADO SE RETIRA, ¿QUIÉN PROTEGE AL MÁS DÉBIL?
Las tasas abusivas, el endeudamiento en dólares y la tragedia del fentanilo reabren una discusión fundamental: una cosa es liberar las fuerzas productivas y otra muy distinta abandonar los controles que protegen vidas y ahorros
Hay una frase que resume buena parte del pensamiento libertario:
“Es un acuerdo entre privados”.
Dos personas, o dos empresas, deciden libremente. Nadie las obliga. El Estado no debe entrometerse.
El principio parece sencillo.
Pero la realidad casi nunca lo es.
Porque no todos llegan a un contrato con la misma información, la misma necesidad ni el mismo poder. No negocia en igualdad de condiciones una gran compañía financiera con una familia que necesita dinero para comprar alimentos. Tampoco una empresa farmacéutica con el paciente internado que recibe un medicamento sin conocer su procedencia.
La libertad necesita responsabilidad.
Y también necesita límites.
EL CRÉDITO A UN SOLO CLIC
Millones de argentinos recurrieron durante los últimos años a billeteras virtuales, tarjetas y prestamistas digitales para llegar a fin de mes.
No siempre pidieron dinero para comprar un televisor o cambiar el teléfono.
Muchos se endeudaron para pagar alimentos, medicamentos, servicios públicos o una deuda anterior.
El crédito apareció en la pantalla del teléfono:
“Dinero disponible inmediatamente”.
Un clic.
Sin trámites.
Sin demasiadas preguntas.
La facilidad escondía, en numerosos casos, costos financieros extraordinarios. Tasas de varios cientos por ciento anual que podían convertir una pequeña deuda en una obligación imposible de pagar.
El problema no puede explicarse solamente diciendo que cada persona aceptó voluntariamente las condiciones.
Quien necesita dinero con urgencia no siempre está en condiciones de analizar una larga lista de cláusulas, calcular el costo financiero total o comprender cómo se acumularán los intereses.
Legalmente puede haber firmado con libertad.
En la práctica, muchas veces decidió bajo la presión de la necesidad.
CUANDO LA DEUDA SE COME EL INGRESO
La consecuencia no queda encerrada entre el deudor y la empresa financiera.
Cuando una familia destina una parte creciente de sus ingresos a pagar intereses, deja de consumir.
Compra menos alimentos.
Posterga arreglos.
Abandona tratamientos.
Reduce gastos esenciales.
El comercio vende menos, la pequeña empresa produce menos y la actividad económica se debilita.
Por eso la morosidad no es solamente un problema privado.
Cuando alcanza a millones de personas, se convierte en un problema social y económico.
El Estado no necesariamente debe decidir quién puede pedir dinero ni fijar arbitrariamente todas las tasas. Pero sí puede exigir información clara, impedir condiciones engañosas, controlar prácticas abusivas y establecer mecanismos razonables para evitar el sobreendeudamiento.
Eso no elimina la libertad.
La hace posible.
LA NUEVA TENTACIÓN DEL DÓLAR
Ahora aparece otra discusión delicada.
La posibilidad de que los bancos presten dólares a empresas que no producen ingresos en esa moneda puede ampliar el crédito y ofrecer tasas aparentemente más bajas.
Para una pyme necesitada de capital, la propuesta puede resultar muy atractiva.
El dólar está tranquilo.
La tasa es menor que la de un préstamo en pesos.
Las cuotas parecen manejables.
Pero hay una pregunta que no puede omitirse:
¿Qué ocurriría si el peso sufriera una devaluación importante?
Una empresa que vende en pesos pero debe devolver dólares podría ver multiplicada su deuda de un día para otro.
No sería la primera vez que ocurre en la Argentina.
Después de la crisis de 2001 se estableció una regla prudencial: los depósitos en dólares debían prestarse principalmente a quienes generaran dólares. La finalidad era evitar que una devaluación volviera impagables los créditos y terminara poniendo en riesgo los depósitos de los ahorristas.
Esa separación ayudó a que las crisis cambiarias posteriores no se transformaran automáticamente en nuevas crisis bancarias.
Modificar una regla que funcionó durante más de veinte años exige algo más que optimismo.
Exige explicar cuáles serán los límites, qué empresas podrán endeudarse, cómo se evaluará su riesgo y quién absorberá las pérdidas si el escenario cambiario deja de ser favorable.
Porque si todo sale bien, la ganancia será privada.
Pero si las deudas se vuelven impagables y peligra el sistema financiero, probablemente volverá a reclamarse la intervención del Estado.
EL MERCADO TAMBIÉN SE EQUIVOCA
Es verdad que la Argentina sufrió durante décadas un Estado enorme, ineficiente y muchas veces utilizado para beneficiar a empresarios cercanos al poder.
Sobran regulaciones absurdas.
Sobran trámites.
Sobran oficinas que dificultan la producción sin proteger a nadie.
El productor, el comerciante y la pyme necesitan que el Estado deje de perseguirlos, de cambiarles las reglas y de tratarlos como sospechosos permanentes.
Pero de allí no se desprende que toda regulación sea inútil.
Un semáforo también limita la libertad de avanzar.
Lo hace para impedir que dos vehículos ocupen al mismo tiempo el mismo lugar.
La regulación financiera busca evitar que una decisión individual termine dañando a todo el sistema. La regulación sanitaria procura que ningún paciente reciba un medicamento peligroso. La regulación alimentaria impide que un producto contaminado llegue a una mesa familiar.
No todas las reglas son buenas.
Pero no todas las reglas son enemigas.
EL FENTANILO: CUANDO EL CONTROL PUEDE SALVAR VIDAS
La tragedia provocada por lotes de fentanilo contaminado coloca esta discusión en su dimensión más dolorosa.
Las víctimas no eligieron libremente asumir ese riesgo.
Ingresaron a establecimientos sanitarios buscando atención y recibieron un medicamento que debía aliviar el dolor o permitir una intervención médica.
No podían revisar el laboratorio.
No podían analizar cada ampolla.
No podían inspeccionar las instalaciones donde fue fabricada.
Para eso existe la autoridad sanitaria.
La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades de empresarios, directivos, funcionarios y organismos públicos. No corresponde reemplazar el trabajo de la Justicia con afirmaciones apresuradas.
Pero existe una conclusión que ya resulta inevitable:
cuando falla el control de un medicamento, el mercado no puede reparar las vidas perdidas.
Una empresa puede quebrar.
Sus propietarios pueden ser condenados.
El producto puede retirarse.
Pero ninguna sanción posterior devuelve una vida.
En materia sanitaria, esperar que el mercado castigue al responsable después de la tragedia es llegar demasiado tarde.
NI UN ESTADO OMNIPRESENTE NI UN ESTADO AUSENTE
La discusión seria no debería reducirse a dos extremos.
De un lado, un Estado que pretende controlar cada precio, cada contrato y cada decisión privada.
Del otro, un Estado que contempla los abusos y responde que nadie obligó a las víctimas.
Entre ambos existe una tarea imprescindible:
un Estado limitado, profesional, transparente y firme en aquellas funciones que solamente él puede cumplir.
No debe manejar una empresa que puede funcionar en manos privadas.
Pero debe controlar que un medicamento sea seguro.
No debe decidir qué debe producir un agricultor.
Pero debe proteger la propiedad y hacer cumplir los contratos.
No debe reemplazar a los bancos.
Pero debe impedir que el riesgo de unos pocos amenace los depósitos de todos.
No debe prohibir el crédito.
Pero debe garantizar que las condiciones sean comprensibles y que la desesperación de una familia no se convierta en un negocio sin límites.
LA LIBERTAD NO ES EL ABANDONO
Una sociedad libre necesita ciudadanos responsables.
También necesita instituciones capaces de controlar a quienes poseen más información, más dinero y mayor poder.
Dejar al débil completamente solo frente al poderoso no construye libertad.
Construye indefensión.
La Argentina necesita eliminar miles de regulaciones inútiles, reducir privilegios, simplificar impuestos y liberar a quienes trabajan y producen.
Pero debe preservar —y mejorar— los controles que protegen la salud, los ahorros y la vida.
Porque hay errores que pueden corregirse.
Una inversión equivocada.
Un crédito mal calculado.
Una reglamentación ineficiente.
Y existen otros que no tienen reparación.
Las crisis financieras dejan familias arruinadas.
Los medicamentos contaminados dejan familias destruidas.
El verdadero aprendizaje no consiste en elegir nuevamente entre un Estado que asfixia y otro que abandona.
Consiste en construir uno que no ponga el pie encima de quien produce, pero que tampoco mire hacia otro lado cuando el poderoso pone el pie sobre el más débil.
La libertad sin responsabilidad puede convertirse en abuso.
Y un Estado ausente, cuando están en juego los ahorros o la vida, también puede ser responsable.
