Altas cortes fijan postura ante los decretos del nuevo gobierno

• Politica
• 16-08-2026

En la historia constitucional colombiana, pocas figuras han concentrado tanto poder de protección como la tutela, creada por la Carta de 1991 para convertir la defensa de los derechos fundamentales en un mecanismo inmediato. Desde ese marco, los presidentes de las altas cortes dejaron en claro que la eventual avalancha de decretos del gobierno de Abelardo de la Espriella no supone, por sí sola, una ruptura del Estado de derecho.

El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, señaló que la sola expedición de numerosos decretos no implica necesariamente una vulneración del ordenamiento jurídico. Explicó que ese tribunal puede revisar la constitucionalidad y legalidad de los decretos que no tengan fuerza material de ley, mientras que, cuando sí la tienen, la competencia corresponde a la Corte Constitucional.

Montaña se refirió a la capacidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para atender eventuales demandas contra los decretos que anuncie el nuevo Gobierno. En ese sentido, remarcó que la cantidad de normas no determina por sí misma una afectación institucional. “Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho. Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley”.

Según explicó en el Congreso de la Andi, la potestad reglamentaria del Ejecutivo depende del nivel de abstracción o concreción de la ley que desarrolla. Bajo ese criterio, un decreto no resulta ilegal ni inconstitucional por tratar un asunto determinado, siempre que respete los límites fijados por la Constitución y la ley.

El magistrado añadió que una eventual acumulación de demandas se sumaría a la congestión estructural que ya afecta a toda la Rama Judicial, incluida su jurisdicción. Sin embargo, sostuvo que el sistema dispone de herramientas para reaccionar cuando una decisión administrativa contradice el ordenamiento jurídico.

Entre esos instrumentos mencionó la suspensión provisional. “Frente a la evidente contradicción con la ley que puede tener un acto administrativo, existe un mecanismo expedito”. Montaña rechazó, además, que esa figura responda a coyunturas políticas, y subrayó que se trata de una herramienta prevista para los casos en que se advierte una posible contradicción con la ley o con la Constitución.

La Corte Constitucional prevé ponerse al día con las tutelas en febrero de 2028

Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, advirtió que otro de los focos de presión sobre la justicia es el aumento de acciones de tutela que llegan a esa corporación para revisión eventual. Recordó que este mecanismo fue incorporado por la Constitución de 1991 para proteger derechos fundamentales, pero remarcó que hoy registra un incremento sostenido, especialmente por conflictos vinculados al sistema de salud.

Meneses explicó que a la Corte llegan tutelas ya resueltas por jueces de todo el país y que el tribunal debe seleccionarlas y revisarlas. Para enfrentar esa carga, la corporación pidió apoyo al Consejo Superior de la Judicatura con funcionarios adicionales y activó un plan de choque.

La meta planteada en el panel es que la Corte logre ponerse al día en febrero de 2028. Para la magistrada, el aumento de estos recursos refleja un problema que va más allá de la administración judicial. “El número tan grande de tutelas lo que está mostrando es la necesidad de abordar este problema con medidas de fondo y estructurales”.

Durante el cierre del encuentro, Meneses también destacó iniciativas de la corporación para combinar análisis jurídico y protección de derechos, junto con el uso de herramientas tecnológicas para apoyar la revisión de tutelas. Mencionó los “Diálogos Constitucionales” y el programa “Guardianes de la Constitución”, orientado a acercar a los niños al conocimiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho.

La Corte Suprema vinculó la lucha anticorrupción con la capacidad del Estado para responder

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, centró su intervención en la respuesta judicial frente a la corrupción. Sostuvo que este fenómeno deteriora la capacidad del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos y destacó el trabajo coordinado entre las instituciones del sistema judicial y penal.

Entre los expedientes citados mencionó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Allí, afirmó, se han producido imputaciones, condenas, allanamientos, preacuerdos y principios de oportunidad, elementos que muestran, a su juicio, el avance de las investigaciones.

Lenis agregó que los controles judiciales forman parte del funcionamiento ordinario del sistema penal y que algunos procesos pueden requerir ajustes en las imputaciones o en las acusaciones sin que eso signifique el fracaso de la investigación. “Cada vez hay casos más complejos, pero la justicia viene actuando”.

También advirtió que la corrupción ha sofisticado mecanismos para eludir controles, lo que dificulta las investigaciones y obliga a fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de perseguir esos delitos.

Análisis y proyecciones: el mensaje conjunto de las altas cortes busca enviar una señal de estabilidad en un momento en el que el Ejecutivo podría recurrir con mayor intensidad a decretos para impulsar su agenda. En escenarios de alta conflictividad institucional, el volumen de normas suele traducirse en litigios masivos y en un mayor uso del control judicial como vía de contención. Si eso ocurre, el impacto no solo recaerá en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sino también en una Rama Judicial que ya enfrenta congestión, sobre todo en materia de tutela. A mediano plazo, la combinación de más decretos, más demandas y más revisión constitucional podría acelerar reformas internas, fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y empujar a una discusión de fondo sobre la calidad regulatoria del Estado.

Evolución reciente del tema: en los últimos años, la relación entre Ejecutivo y altas cortes se ha movido entre dos polos: por un lado, la necesidad de control judicial sobre decisiones administrativas cada vez más complejas; por el otro, la presión por respuestas más rápidas frente a la ciudadanía. La tutela, que nació como mecanismo excepcional, terminó convirtiéndose en una válvula permanente para conflictos estructurales como salud, pensiones y acceso a servicios públicos. En paralelo, las investigaciones por corrupción también se han vuelto más técnicas y fragmentadas, con casos en los que la respuesta penal requiere coordinación entre varias entidades y distintas etapas procesales. En ese contexto, la posición de las cortes apunta a sostener que el control institucional no bloquea al Gobierno, sino que define los márgenes dentro de los cuales puede actuar.

El encuentro de los presidentes de las altas cortes en Cartagena dejó, en definitiva, una defensa común de la independencia judicial y de los controles institucionales frente a las decisiones de los poderes públicos, en el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella y ante la expectativa de una posible avalancha de demandas contra los decretos anunciados.