El Senado entra en modo electoral: Bullrich busca reconstruir una mayoría cada vez más inestable
El oficialismo reúne una base cercana a los 32 votos, pero necesita alcanzar 37 para aprobar sus proyectos. La reorganización del peronismo y las estrategias de los gobernadores modifican el escenario. Cada ley deberá negociarse por separado.
La campaña electoral de 2027 todavía no comenzó formalmente, pero sus primeros movimientos ya modifican el funcionamiento del Senado.
La Libertad Avanza comprobó que la mayoría fluctuante construida durante los primeros años del gobierno de Javier Milei ya no responde con la misma disciplina. Los gobernadores comenzaron a revisar sus alianzas, el peronismo intenta recuperar cohesión y varios senadores provinciales dejaron de acompañar automáticamente las iniciativas de la Casa Rosada.
Patricia Bullrich, responsable de conducir al oficialismo en la Cámara alta, enfrenta ahora el desafío de reconstruir una mayoría que hasta hace pocas semanas parecía relativamente consolidada.
El Gobierno cuenta con una base importante, pero insuficiente.
Tiene 21 senadores propios, podría sumar por lo menos siete radicales, los tres representantes del PRO y al correntino Carlos “Camau” Espínola.
La cuenta alcanza aproximadamente los 32 votos.
Para aprobar una ley necesita 37.
Los cinco restantes deberán conseguirse proyecto por proyecto, mediante negociaciones con gobernadores, bloques provinciales y senadores que comenzaron a calcular cada decisión en función de sus propios intereses electorales.
UNA MAYORÍA QUE DEJÓ DE SER AUTOMÁTICA
Durante buena parte de la gestión, Bullrich logró reunir mayorías variables de entre 38 y 42 senadores.
Ese sistema funcionaba sobre una combinación de votos libertarios, radicales, macristas y representantes provinciales dispuestos a acompañar determinadas reformas.
No era una coalición permanente.
Era una alianza legislativa construida alrededor de cada proyecto, sostenida por la expectativa de cooperación entre la Nación y las provincias.
El problema es que esa expectativa comenzó a debilitarse.
Los gobernadores aliados descubrieron que acompañar al Gobierno también puede tener costos políticos. Cuando una iniciativa pierde respaldo social o amenaza intereses provinciales, la obediencia a la Casa Rosada deja de ser conveniente.
La sesión del 6 de agosto ofreció la primera gran demostración.
LA LEY QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
El oficialismo pretendía aprobar una amplia reforma destinada a reforzar la protección de la propiedad privada.
Sin embargo, tuvo que retirar o modificar dos capítulos centrales.
Uno proponía flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El otro modificaba la legislación sobre terrenos productivos afectados por incendios.
Ambas iniciativas encontraron resistencia dentro y fuera del Congreso.
Varios gobernadores concluyeron que no podían asumir el costo de respaldarlas. En consecuencia, ordenaron a sus senadores votar en contra o retirar su acompañamiento.
El proyecto finalmente avanzó, pero quedó recortado.
Para el Gobierno, el episodio fue mucho más que una dificultad parlamentaria. Demostró que la alianza con los mandatarios provinciales había comenzado a cambiar.
EL FACTOR ELECTORAL
La lectura de Bullrich es que el Senado ingresó anticipadamente en la campaña de 2027.
El peronismo comenzó a reorganizarse y busca contener a los gobernadores que durante los últimos años colaboraron con la Casa Rosada.
El acercamiento entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa mostró un primer intento de unificación. Uno de sus objetivos inmediatos es impedir la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno.
La conducción peronista también aumentó la presión sobre mandatarios provinciales como Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Ambos mantuvieron vínculos de cooperación con el oficialismo nacional, pero ahora deben decidir hasta qué punto podrán continuar acompañándolo sin quedar aislados dentro del justicialismo.
La unidad del PJ todavía está lejos de estar garantizada.
Pero su sola posibilidad ya comenzó a modificar la conducta de algunos gobernadores.
LOS VOTOS DE JALDO SE ALEJAN
El cambio más visible se produjo en Tucumán.
La senadora Beatriz Ávila, vinculada políticamente con el gobernador Osvaldo Jaldo, votó en contra de la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y colaboró con la caída de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
La decisión mostró que Jaldo comenzó a tomar distancia de la Casa Rosada.
Durante buena parte del gobierno de Milei, el mandatario tucumano había mantenido una actitud de colaboración. Esa relación le permitió negociar recursos y obras para su provincia.
Ahora enfrenta una tensión diferente.
Si el peronismo consigue avanzar hacia una propuesta unificada, Jaldo deberá decidir entre mantener su autonomía o reincorporarse plenamente a una estrategia partidaria nacional.
Para Bullrich, sus votos dejaron de estar asegurados.
SALTA Y JUJUY TAMBIÉN REVISAN SU POSICIÓN
Las senadoras Flavia Royón, de Salta, y Carolina Moisés, de Jujuy, también adoptaron posiciones contrarias a los capítulos más controvertidos.
Ambas mantienen vínculos con el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
El oficialismo nacional considera que esos votos serán cada vez más difíciles de conseguir. La distancia podría aumentar si el peronismo ofrece a Sáenz un lugar dentro de una alianza competitiva para 2027.
El gobernador salteño construyó su poder manteniendo independencia respecto de las conducciones nacionales. Esa autonomía le permite negociar con diferentes sectores, pero también transforma a sus legisladores en actores decisivos.
Cada acompañamiento tendrá un precio político.
Y cada rechazo será leído como una señal dentro del nuevo mapa electoral.
NEUQUÉN Y EL INTERÉS POR VACA MUERTA
El Gobierno conserva mayores expectativas respecto de Neuquén.
La senadora Julieta Corroza responde al gobernador Rolando Figueroa, cuya provincia comparte con la Nación un objetivo estratégico: ampliar el desarrollo de Vaca Muerta.
Esa coincidencia puede sostener una relación de cooperación.
Corroza respaldó el proyecto denominado Súper RIGI, destinado a promover grandes inversiones. Bullrich pretende llevar esa iniciativa al recinto y convertirla en ley durante los primeros días de septiembre.
Para Neuquén, el crecimiento de los hidrocarburos representa empleo, regalías, infraestructura y actividad económica.
El Gobierno sabe que ese interés común puede ayudarlo a conservar votos.
Pero incluso allí el apoyo no será incondicional. Figueroa buscará asegurar beneficios concretos para su provincia antes de comprometer una posición legislativa.
MISIONES, DIVIDIDA
Los dos senadores misioneros también tomaron caminos diferentes.
Sonia Rojas Decut quedó alineada con el gobernador Hugo Passalacqua y votó contra los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y al manejo del fuego.
Carlos Arce, en cambio, conserva su relación política con Carlos Rovira, conductor de Encuentro por Misiones, y podría mantener su colaboración con la Casa Rosada.
La división del oficialismo provincial convirtió a Misiones en un territorio de negociación permanente.
El voto de sus senadores ya no puede interpretarse como una decisión unificada. Cada uno responde a un sector diferente del poder misionero.
Para el Gobierno nacional, esto significa que deberá negociar individualmente cada acompañamiento.
CHUBUT Y EL EQUILIBRIO DE TORRES
Edith Terenzi, senadora radical por Chubut, también ingresó en la categoría de votos inciertos.
La legisladora se encuentra alineada con el gobernador Ignacio Torres, dirigente del PRO que combina su cooperación con Milei con una estrategia política propia.
Torres necesita mantener una relación funcional con la Nación, pero también preservar su autonomía y sus aspiraciones futuras.
Durante la discusión de la ley de propiedad privada, Terenzi rechazó los capítulos más polémicos. Su voto confirmó que la pertenencia partidaria ya no alcanza para anticipar una posición.
En el Senado actual, los intereses provinciales pesan tanto como las identidades nacionales.
CORRIENTES, OTRA VEZ EN UNA POSICIÓN CLAVE
Dentro de la base que Bullrich considera más cercana aparece Carlos “Camau” Espínola.
El senador correntino mantiene una relación de colaboración con el oficialismo y puede convertirse en un voto importante para alcanzar la mayoría.
Su posición tiene un valor adicional porque Corrientes también participa de las negociaciones nacionales sobre energía, infraestructura, producción y representación federal.
Sin embargo, ningún acompañamiento debería considerarse automático.
La provincia necesita discutir temas concretos: compensaciones energéticas, rutas nacionales, Hidrovía, obras hídricas, infraestructura productiva y reconocimiento por la energía generada en Yacyretá.
El voto de un senador correntino debe defender los intereses nacionales, pero también representar las necesidades de su provincia.
Cuando cada voto resulta decisivo, Corrientes aumenta su capacidad de negociación.
La responsabilidad consiste en utilizarla para obtener soluciones estructurales y no solamente concesiones circunstanciales.
BULLRICH NECESITA CINCO VOTOS
La aritmética es sencilla.
Con 21 libertarios, siete radicales, tres senadores del PRO y Espínola, el Gobierno alcanzaría alrededor de 32 votos.
Necesita cinco más.
Esos cinco pueden surgir de Neuquén, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chubut u otros bloques provinciales. Pero difícilmente aparezcan siempre del mismo lugar.
Para aprobar el Súper RIGI, el oficialismo podrá apoyarse en provincias petroleras y mineras.
Para reformar el Banco Central, deberá escuchar los reclamos federales sobre la integración de su directorio y el tratamiento de los títulos provinciales.
Para eliminar las PASO, enfrentará una resistencia diferente porque estarán en juego directamente las estrategias electorales de cada partido y cada gobernador.
No existe una sola mayoría.
Existen varias mayorías posibles, según el contenido de cada ley.
LAS PASO, LA BATALLA MÁS DIFÍCIL
La eliminación o suspensión de las elecciones primarias es uno de los objetivos prioritarios de la Casa Rosada.
La Libertad Avanza considera que las PASO representan un gasto innecesario y que los partidos deben resolver internamente sus candidaturas.
Pero detrás del argumento institucional aparece una conveniencia electoral.
Sin primarias, el oficialismo podría ordenar con mayor facilidad sus alianzas y evitar competencias internas que expongan divisiones. El peronismo, por el contrario, podría necesitar las PASO para procesar sus disputas entre distintas conducciones y candidaturas.
Los gobernadores también realizan sus propios cálculos.
Algunos prefieren conservar las primarias porque les permiten negociar candidaturas y contener sectores internos. Otros buscan eliminarlas para mantener un control más directo sobre las listas provinciales.
Por eso, la reforma electoral no se resolverá solamente mediante acuerdos entre Milei y los jefes partidarios nacionales.
Cada mandatario analizará cómo afecta a su propio territorio.
LOS GOBERNADORES RECUPERAN CENTRALIDAD
La debilidad numérica del oficialismo fortaleció a los gobernadores.
La Casa Rosada necesita sus senadores para aprobar leyes, pero también necesita sus diputados para alcanzar las mayorías en la Cámara baja.
Esa doble dependencia explica los recientes gestos de acercamiento.
El Gobierno comenzó a escuchar planteos sobre tarifas eléctricas para zonas cálidas, representación federal en el Banco Central, obras de infraestructura y beneficios para producciones regionales.
No se trata de una conversión repentina al federalismo.
Es una consecuencia directa de la aritmética parlamentaria.
Cuando un gobierno no tiene mayoría propia, debe negociar.
Y cuando comienza una campaña electoral, cada negociación se vuelve más costosa.
UN SENADO SIN DUEÑO
El nuevo mapa de la Cámara alta no tiene un bloque dominante.
La Libertad Avanza posee la primera minoría organizada, pero depende de sus aliados.
El radicalismo conserva una posición decisiva, aunque no siempre vota unido.
El PRO acompaña al Gobierno, pero procura mantener su identidad.
El peronismo intenta reorganizarse, mientras algunos de sus gobernadores conservan acuerdos con la Nación.
Los bloques provinciales se mueven según los intereses de sus territorios.
En ese escenario, Patricia Bullrich ya no podrá construir una mayoría estable para toda la agenda oficial.
Tendrá que examinar cada proyecto, identificar quiénes se benefician, negociar modificaciones y evitar iniciativas capaces de unir a toda la oposición.
LA POLÍTICA VUELVE AL CONGRESO
Durante los primeros años de Milei, el Gobierno intentó imponer una lógica de adhesión o rechazo absoluto.
El nuevo Senado obliga a abandonar esa simplificación.
Una ley puede compartir el objetivo general del oficialismo y, al mismo tiempo, contener artículos perjudiciales para determinadas provincias. Los aliados comenzaron a diferenciar ambas cosas.
La caída de los capítulos sobre tierras e incendios fue una advertencia.
El Gobierno puede conseguir leyes.
Lo que ya no puede hacer con facilidad es conseguirlas sin modificaciones.
La carrera electoral volvió más independientes a los gobernadores, más cautelosos a los senadores y más costoso cada acuerdo.
Bullrich todavía conserva posibilidades de construir una mayoría.
Pero deberá hacerlo voto por voto, proyecto por proyecto y provincia por provincia.
Porque el Senado ingresó en una etapa en la que nadie tiene los 37 asegurados.
Y cuando faltan cinco votos, cada gobernador puede convertirse en el dueño momentáneo de la llave del recinto.
