Ministerio de Justicia activa plan tras ataque con ransomware
El Ministerio de Justicia enfrentó un ataque de ransomware que afectó parte de su infraestructura y obligó a activar medidas de contingencia. La entidad trabaja con organismos nacionales y apoyo técnico internacional para recuperar los servicios de manera gradual y segura.
“El 25% de los ciberataques reportados en el mundo se orienta contra entidades públicas”, advierten distintos informes de seguridad digital desde hace años, una señal de alerta que ayuda a dimensionar la vulnerabilidad de los sistemas estatales frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En ese contexto, el Ministerio de Justicia confirmó que fue blanco de un ataque cibernético con ransomware que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y redujo la disponibilidad de algunos servicios.
La afectación impactó la prestación de trámites clave y generó inquietud entre los usuarios, al tiempo que puso a prueba los protocolos de respuesta de la entidad. Los ataques de ransomware, que en la última década se expandieron de forma acelerada en América Latina, suelen buscar no solo interrumpir operaciones sino también presionar a las instituciones mediante el cifrado o secuestro de información sensible.
A una semana del incidente, el ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó en un video difundido por las redes sociales de la entidad que desde el 8 de agosto de 2026 el ministerio trabaja con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) para “establecer lo ocurrido”, en medio de una investigación que incluye “intentos de acceso no autorizado desde enero” y la revisión de “posibles orígenes internos y externos del ataque”.
El funcionario también señaló que, junto con el DART o Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres de Microsoft y el BIT, se activó “un plan integral para restablecer los servicios de forma gradual y segura”, mientras avanza la normalización de plataformas utilizadas para trámites regulados.
En el caso del sistema para el control de sustancias y productos químicos, Cancino precisó que el sistema de información para el control de sustancias y productos químicos, SICOC, “funciona parcialmente”. Como medida de contingencia, agregó: “Suspendimos temporalmente la obligación de cargar estos documentos en la plataforma”.
El ministerio habilitó además un canal alternativo para los soportes documentales: “Las nuevas solicitudes pueden presentarse en SICOC y los documentos de soporte deben enviarse al correo gestion.documental@minjusticia.gov.co”.
Sobre el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, el titular de la cartera indicó que “MICC permanece temporalmente fuera de servicio”. Cancino advirtió también que “por ahora, no es posible presentar nuevas solicitudes de licenciamiento ni consultar o gestionar los trámites en curso, incluidos su historial y documentación”.
Mientras se restablece esa plataforma, informó que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) “pueden radicarse en el correo gestion.documental@minjusticia.gov.co o de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Chapinero del Ministerio”.
“Sabemos la importancia de estos trámites para los usuarios”, afirmó el ministro, y añadió que “hemos adoptado las medidas necesarias para mantener la atención y dar continuidad parcial a los servicios mientras avanzamos en el restablecimiento total y seguro de los sistemas”.
En términos de evolución institucional, el episodio se suma a una tendencia global que en los últimos años obligó a gobiernos, tribunales y agencias de control a reforzar sus esquemas de defensa digital. Cada vez con mayor frecuencia, las administraciones públicas combinan respuesta técnica, coordinación judicial y comunicación directa con la ciudadanía para contener el impacto operativo y reputacional de este tipo de ataques.
Análisis y proyecciones: si la investigación confirma una intrusión sostenida desde meses atrás, el caso podría derivar en una revisión profunda de los controles de acceso, segmentación de redes y políticas de respaldo del Ministerio de Justicia. En escenarios similares, la recuperación completa suele tomar semanas o incluso meses, especialmente cuando hay sistemas críticos vinculados a licencias, trazabilidad documental y bases de datos sensibles. A mediano plazo, el episodio puede acelerar inversiones en ciberseguridad, auditorías independientes y protocolos de continuidad operativa para reducir la dependencia de plataformas únicas y reforzar la resiliencia estatal.
Finalmente, Cancino remarcó: “No es una excusa, es una situación con las que nos encontramos y que le vamos a dar solución pronta, segura, confiable y para todo el servicio a la ciudadanía colombiana en el menor tiempo posible”.
Inician las primeras extradiciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno, una decisión tomada en la primera semana de mandato que habilita la entrega de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá por narcotráfico, violencia sexual agravada y tentativa de homicidio.
Las autorizaciones quedaron consignadas en las resoluciones 308 a 312 de 2026 del Ministerio de Justicia. La firma se produjo pocos días después de que el abogado asumiera la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, dentro de un inicio de gestión marcado por medidas de seguridad como el traslado de reclusos desde la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia otros centros penitenciarios del país.
Dos de los cinco casos tienen como destino la justicia de Estados Unidos y están ligados a investigaciones por tráfico de cocaína. Los extraditables son Armando Luis Suárez Calvo, Didier Ignacio García, Diego Alberto Londoño, Jorge Luis Mojica Ortiz y Roderick Aldair Morales Delgado, todos de nacionalidad colombiana.
