Un Banco Central con mirada federal: los gobernadores reclaman lugares para las regiones
El Gobierno analiza modificar la reforma de la Carta Orgánica para que parte del directorio del BCRA tenga experiencia fuera de Buenos Aires. Las provincias también exigen igualdad de condiciones para sus títulos públicos. Detrás de la discusión institucional aparece la negociación por los votos necesarios para eliminar las PASO.
Los gobernadores del Norte Grande llevaron una nueva discusión al corazón del poder económico argentino: ¿puede el Banco Central comprender la diversidad productiva del país si todos sus directores provienen del mismo circuito financiero porteño?
La pregunta comenzó a formar parte de las negociaciones por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
La propuesta impulsada por las provincias establece que al menos tres de los ocho integrantes del directorio acrediten experiencia relevante en diferentes regiones: Norte Grande, Región Centro y Patagonia.
No serían delegados de los gobernadores ni representantes políticos de las provincias. El propósito declarado es incorporar conocimientos sobre las distintas realidades económicas, productivas y territoriales del país.
El Gobierno se mostró dispuesto a considerar el planteo.
La apertura coincide con la necesidad del oficialismo de reconstruir su relación con los mandatarios provinciales y reunir los votos necesarios para avanzar con otras iniciativas, especialmente la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
LA ECONOMÍA NO TERMINA EN LA CITY PORTEÑA
Durante décadas, buena parte de las decisiones monetarias y financieras de la Argentina se concentraron alrededor de un reducido universo de bancos, consultoras, estudios económicos y funcionarios establecidos en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese conocimiento puede ser técnicamente valioso, pero no siempre incorpora las particularidades de las economías regionales.
El productor arrocero de Corrientes, el cañero tucumano, el industrial santafesino, el minero catamarqueño, el fruticultor de Río Negro y el empresario petrolero neuquino enfrentan ciclos productivos, costos logísticos, condiciones crediticias y necesidades de financiamiento completamente diferentes.
Una tasa de interés uniforme puede producir consecuencias muy distintas según la actividad, la distancia de los mercados, la duración del ciclo productivo y el acceso real al sistema bancario.
Desde esa perspectiva, la propuesta federal no busca fragmentar la política monetaria, sino ampliar la información disponible cuando se toman decisiones que afectan a todo el país.
TRES DIRECTORES CON EXPERIENCIA REGIONAL
El planteo propone que tres miembros del directorio acrediten una trayectoria significativa fuera de la Capital Federal.
La expresión “trayectoria relevante” deberá ser definida cuidadosamente.
No debería bastar con haber nacido en una provincia o haber ocupado circunstancialmente un cargo en ella. La condición tendría que estar relacionada con experiencia concreta en producción, finanzas regionales, desarrollo económico, comercio exterior, sistemas bancarios provinciales o infraestructura.
También será necesario establecer procedimientos de selección transparentes y requisitos profesionales exigentes.
El Banco Central no puede convertirse en una mesa de representación territorial donde cada región defienda intereses particulares. Su responsabilidad es nacional y su conducción necesita autonomía, capacidad técnica y credibilidad.
Pero tampoco debería estar integrado exclusivamente por personas formadas dentro de una sola realidad económica.
Federalizar la mirada no significa provincializar la moneda. Significa comprender mejor el país sobre el cual se aplican las decisiones monetarias.
EL DEBATE SOBRE LOS TÍTULOS PÚBLICOS
Los gobernadores también plantearon una cuestión con consecuencias financieras directas.
Cuando las entidades bancarias deben inmovilizar una parte de sus depósitos como encajes, el Banco Central puede autorizar que una proporción se integre mediante determinados activos.
Las provincias reclaman que, si se permite utilizar títulos públicos, no se favorezca automáticamente a los bonos del Tesoro Nacional.
Proponen que la selección se realice de acuerdo con criterios objetivos: solvencia del emisor, liquidez, plazo, volatilidad y riesgo.
En otras palabras, un bono provincial financieramente sólido no debería quedar relegado solamente por no haber sido emitido por la Nación.
El reclamo tiene una lógica federal, pero también exige prudencia.
Los encajes forman parte de la seguridad del sistema bancario. No pueden utilizarse para financiar indiscriminadamente a gobiernos nacionales o provinciales. Los activos admitidos deben conservar valor, contar con mercados suficientemente líquidos y poder transformarse rápidamente en dinero ante una emergencia.
La igualdad de tratamiento no puede significar una reducción de los controles.
Debe significar que todos los emisores sean evaluados con las mismas reglas.
UNA REFORMA DE FONDO
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca concentrar la misión del Banco Central en la preservación del valor de la moneda.
También propone prohibir el financiamiento al Tesoro, limitar la emisión sin respaldo y dificultar la remoción arbitraria de las autoridades de la entidad.
El objetivo oficial es evitar que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como una fuente permanente de recursos para cubrir el déficit fiscal.
La historia argentina ofrece numerosos ejemplos de las consecuencias de ese mecanismo: expansión monetaria, pérdida de reservas, inflación, devaluación y deterioro de los ingresos.
Por eso, la reforma no es una discusión administrativa.
Define qué podrá hacer el Banco Central, cuáles serán sus límites y qué grado de independencia tendrá frente al poder político.
El proyecto ya consiguió dictamen en las comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de sectores aliados. Los cambios reclamados por las provincias podrían incorporarse durante el tratamiento en el recinto previsto para el 26 de agosto.
FEDERALISMO O REPARTO DE CARGOS
La propuesta abre una discusión necesaria, pero también un riesgo evidente.
Un directorio con experiencia territorial puede mejorar la calidad de las decisiones. Un directorio distribuido como compensación entre gobernadores puede debilitar la independencia que la propia reforma dice buscar.
La diferencia estará en el método de selección.
Si los cargos son ocupados por profesionales con conocimientos acreditados, independencia de criterio y una verdadera comprensión de las economías regionales, la modificación puede enriquecer al Banco Central.
Si se convierten en lugares repartidos para conseguir votos legislativos, solamente se habrá trasladado al organismo monetario una vieja práctica de la política argentina.
El origen provincial de un funcionario no garantiza una visión federal.
Tampoco una carrera desarrollada en Buenos Aires impide necesariamente comprender al interior.
Lo importante será combinar mérito, experiencia, independencia y diversidad territorial.
LOS VOTOS PARA ELIMINAR LAS PASO
La apertura del Gobierno no puede separarse del escenario político.
La Libertad Avanza necesita el apoyo de los gobernadores para avanzar con la suspensión o eliminación de las PASO, una reforma considerada estratégica para las elecciones de 2027.
Modificar el sistema electoral requiere mayorías que el oficialismo no posee por sí solo: al menos 129 diputados y 37 senadores.
Los mandatarios provinciales controlan legisladores capaces de definir el resultado. El Gobierno, por lo tanto, comenzó a escuchar con mayor atención sus reclamos.
La incorporación de un criterio federal al directorio del BCRA presenta una ventaja adicional para la Casa Rosada: no exige una partida presupuestaria ni genera un costo fiscal inmediato.
Puede conceder representación territorial sin comprometer fondos públicos.
Sin embargo, la moneda de cambio es institucionalmente delicada.
La composición del Banco Central y las reglas electorales son asuntos permanentes. No deberían modificarse exclusivamente como resultado de una negociación coyuntural.
EL NUEVO MÉTODO DE LA CASA ROSADA
Los últimos tropiezos legislativos obligaron al oficialismo a revisar su estrategia.
El rechazo de las provincias a determinados cambios en la legislación sobre tierras y terrenos afectados por incendios demostró que el Gobierno no dispone de una mayoría automática en el Congreso.
A partir de allí comenzaron a multiplicarse las reuniones y los gestos hacia los mandatarios aliados.
Diego Santilli asumió un papel central como interlocutor político. Participó de encuentros con los gobernadores del Norte Grande y viajó a Catamarca acompañado por Luis Caputo para discutir obras, proyectos e iniciativas pendientes.
La presencia del ministro de Economía tuvo un significado especial.
Durante buena parte de la gestión, los reclamos provinciales fueron atendidos principalmente por funcionarios políticos. La participación directa de Caputo indica que algunas demandas comenzaron a ingresar en la mesa donde se toman las decisiones económicas.
PEQUEÑAS CONCESIONES, GRANDES NECESIDADES
El oficialismo también aceptó incorporar al temario legislativo diferentes proyectos reclamados por las provincias.
Entre ellos aparecen beneficios impositivos para productos regionales, como la fécula de mandioca, y declaraciones simbólicas destinadas a reconocer actividades y localidades del interior.
Individualmente, estas iniciativas pueden parecer menores.
En conjunto, revelan un cambio de método: el Gobierno comenzó a construir acuerdos mediante una suma de respuestas puntuales a cambio del acompañamiento en sus proyectos prioritarios.
El paquete legislativo podría incluir la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur.
La Casa Rosada intenta ordenar distintas demandas dentro de una misma negociación.
¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR CORRIENTES?
Corrientes forma parte del Norte Grande y tiene motivos para respaldar una integración más federal del Banco Central.
La provincia posee una economía basada en la ganadería, el arroz, la forestación, los cítricos, la yerba mate, el turismo y la generación de energía. Muchas de esas actividades necesitan financiamiento de largo plazo y enfrentan altos costos logísticos.
La mirada exclusivamente financiera no siempre contempla que un ciclo forestal se mide en años, que el arroz depende de enormes cantidades de energía o que una emergencia climática puede alterar completamente la capacidad de pago de un productor.
Corrientes debería acompañar la propuesta, pero exigir garantías.
Los directores regionales deben ser seleccionados por su capacidad y no por su pertenencia partidaria. También deben asumir una responsabilidad nacional, aunque conozcan profundamente las condiciones del interior.
La provincia podría reclamar, además, que el Banco Central publique evaluaciones periódicas sobre acceso al crédito, bancarización, tasas e inclusión financiera en cada región.
Federalizar no es solamente colocar personas del interior en Buenos Aires.
Es incorporar los problemas del interior a las decisiones nacionales.
UNA OPORTUNIDAD Y UNA ADVERTENCIA
La discusión permite revisar una de las mayores contradicciones argentinas.
El país se declara federal, pero concentra buena parte de sus decisiones políticas, financieras y administrativas en unos pocos kilómetros de la Capital.
Introducir diversidad territorial en el directorio del Banco Central puede ayudar a corregir esa deformación.
Pero la iniciativa perderá legitimidad si termina convertida en un intercambio de cargos por votos para eliminar las PASO.
La reforma debe responder una pregunta institucional, no solamente una necesidad electoral.
¿Queremos un Banco Central verdaderamente federal, profesional e independiente, o simplemente un directorio con lugares reservados para cerrar acuerdos políticos?
La diferencia no estará en el número de provincias representadas.
Estará en la calidad, la independencia y la responsabilidad de quienes ocupen esos lugares.
