Fentanilo contaminado: “Estado presente”… ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
Antes de hablar de empresarios, negocios, relaciones políticas y responsabilidades acumuladas durante años, hay personas. Pacientes que murieron, sobrevivientes que todavía padecen las consecuencias y familias que esperan respuestas. Esta primera mirada es para ellos.
Hay investigaciones periodísticas que comienzan con documentos. Otras, con nombres, empresas, expedientes o declaraciones judiciales.
Esta debe comenzar de otra manera.
Con las víctimas.
Con quienes ingresaron a un hospital buscando atención médica y recibieron un medicamento que jamás deberían haber tenido motivos para temer.
Con quienes sobrevivieron.
Con las familias de quienes murieron.
Y con una pregunta elemental: ¿quién debía protegerlos?
El medicamento que debía aliviar
El fentanilo es un medicamento indispensable en la medicina moderna. Utilizado correctamente y bajo control sanitario, tiene aplicaciones fundamentales en anestesia y tratamiento del dolor.
El problema no era el fentanilo.
El problema fue el fentanilo contaminado.
La investigación judicial determinó que lotes producidos por Laboratorios Ramallo y comercializados por HLB Pharma salieron al mercado contaminados con bacterias y fueron distribuidos en establecimientos sanitarios del país.
A partir de allí comenzó una tragedia cuya verdadera dimensión debió reconstruirse paciente por paciente, historia clínica por historia clínica.
Pero también comenzó otra investigación.
Porque para fabricar y comercializar un medicamento no alcanza con tener una empresa, máquinas y operarios.
Existe un sistema estatal encargado de habilitar, inspeccionar, controlar y, cuando corresponde, impedir que un producto potencialmente peligroso llegue hasta un paciente.
Y ese sistema tenía nombre:
ANMAT. INAME. Estado.
“El Estado presente”
Durante muchos años la expresión “Estado presente” formó parte del vocabulario político argentino.
Fue utilizada como consigna, como bandera y como argumento para justificar la intervención estatal en innumerables actividades.
Pero hay lugares donde la presencia del Estado no debería depender de ideologías.
El control de los medicamentos es uno de ellos.
Un enfermo internado no puede montar un laboratorio químico antes de permitir que le coloquen una ampolla.
Un médico no puede investigar personalmente cada planta industrial que produjo los medicamentos que prescribe.
Una enfermera no puede verificar la esterilidad de cada producto antes de administrarlo.
Para eso existe un sistema de controles.
Para eso está el Estado.
El ciudadano confía.
Y cuando esa confianza falla, la pregunta deja de ser administrativa.
Se vuelve humana.
Las alarmas existían
La documentación incorporada a las investigaciones muestra que las irregularidades detectadas en los laboratorios involucrados no comenzaron el día en que apareció el primer paciente afectado.
Existían inspecciones.
Existían observaciones.
Existían deficiencias calificadas como graves y críticas.
Existían expedientes.
Y hoy la Fiscalía intenta determinar algo todavía más delicado: qué hicieron quienes conocían esas irregularidades y tenían responsabilidades de control.
El Ministerio Público Fiscal llegó a plantear que debía investigarse si la ineficiencia recurrente de los organismos encargados del contralor podía constituir negligencia, connivencia o complicidad.
La causa avanzó.
Ya no están bajo investigación solamente quienes fabricaron y comercializaron los productos.
La Justicia puso también la mirada sobre quienes tenían la obligación de controlarlos.
Una pregunta cada vez más incómoda
Las revelaciones conocidas en las últimas horas profundizan esa incógnita.
Mensajes incorporados a la investigación muestran comunicaciones entre responsables de organismos de control y empresarios farmacéuticos. Entre los elementos analizados aparecen avisos sobre el día y la hora en que se realizarían determinadas inspecciones.
Será la Justicia la que deberá establecer responsabilidades penales.
No corresponde reemplazarla.
Tampoco corresponde condenar anticipadamente a nadie.
Pero el periodismo tiene otra obligación:
preguntar.
¿Por qué un laboratorio que acumulaba observaciones pudo continuar funcionando?
¿Las autoridades conocían la verdadera dimensión de las irregularidades?
¿Las inspecciones eran efectivamente sorpresivas?
¿Se aplicaron oportunamente las sanciones que correspondían?
¿Quién decidió?
¿Quién sabía?
¿Quién debía controlar?
¿Quién no controló?
Y, sobre todo:
¿se podría haber evitado la tragedia?
Detrás de los expedientes hay personas
En una causa semejante resulta fácil perderse entre nombres de laboratorios, números de lotes, bacterias, resoluciones administrativas, expedientes y declaraciones judiciales.
Pero detrás de cada carpeta existe una historia.
Una cama de hospital.
Una familia.
Una llamada telefónica que nadie quería recibir.
Y también sobrevivientes que continúan viviendo con las consecuencias de aquello que ocurrió.
Por eso esta historia no puede transformarse solamente en otra pelea entre oficialismo y oposición.
Las responsabilidades políticas y administrativas deberán investigarse, cualquiera sea el gobierno, el funcionario o el empresario involucrado.
Porque un medicamento no pregunta a quién votó el paciente antes de ingresar en su organismo.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
La vieja frase del Chapulín Colorado provoca una sonrisa cuando pertenece a la ficción.
Acá produce otra cosa.
Porque cuando un ciudadano compra un alimento puede mirar su vencimiento.
Cuando conduce puede colocarse el cinturón.
Cuando cruza una calle puede mirar hacia ambos lados.
Pero cuando está inconsciente sobre una camilla y alguien introduce un medicamento directamente en su organismo, ya no puede defenderse por sí mismo.
Depende del médico.
Depende del hospital.
Depende del laboratorio.
Y, finalmente, depende de que alguien haya controlado a todos los anteriores.
Ahí aparece el verdadero significado del Estado presente.
No el de los discursos.
No el de los carteles.
No el de las campañas electorales.
El Estado silencioso que inspecciona, controla, sanciona y evita que algo peligroso llegue hasta una persona indefensa.
Cuando ese Estado funciona, probablemente nadie se entera.
Cuando no funciona, las consecuencias pueden escribirse con nombres y apellidos.
Esta historia recién comienza a esclarecerse.
Habrá tiempo para investigar empresas, negocios, relaciones, funcionarios, expedientes y decisiones tomadas durante años.
Lo haremos.
Pero antes correspondía detenernos aquí.
Junto a quienes todavía esperan respuestas.
Las víctimas, los sobrevivientes y sus familias.
A ellos, nuestro respeto y nuestra solidaridad.
Y al Estado, una pregunta que no debería quedar sepultada debajo de ningún expediente:
¿Quién controlaba a quienes debían controlarnos?
