Córdoba: piden procesar a dos camaristas por maniobras en la Cámara Federal

• Politica
• 08-08-2026

“La justicia no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo”: la vieja máxima atribuida al jurista inglés lord Hewart vuelve a cobrar fuerza en Córdoba, donde el Ministerio Público Fiscal pidió el procesamiento de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por una presunta maniobra para modificar la integración de la Cámara Federal de Apelaciones con un objetivo preciso: conformar el tribunal que intervendría en la denominada causa Bunge.

El dictamen, firmado por los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano, sostiene que las resoluciones cuestionadas no fueron una interpretación posible de la Ley de Subrogancias, sino una secuencia de actos orientados a “consumar el fin perseguido”, es decir, designar un tribunal específico para un expediente específico. En otras palabras, la hipótesis fiscal es que no se trató de un desacuerdo técnico, sino de una ingeniería institucional dirigida a moldear el resultado de un caso sensible.

Los mismos camaristas, además, están bajo investigación por un episodio que tuvo fuerte repercusión pública: un viaje a Punta del Este en un avión privado perteneciente a una empresa que era investigada por un delito ambiental. Ese frente judicial sumó presión sobre una estructura ya atravesada por sospechas y reavivó el debate sobre los límites entre vínculos personales, decisiones jurisdiccionales y transparencia en tribunales federales.

El pedido de procesamiento por la integración antojadiza de las salas no se apoya en una única resolución. Los fiscales reconstruyen decretos, acuerdos internos, fechas de circulación de expedientes y decisiones administrativas para afirmar que Sánchez Torres y Montesi desplazaron el mecanismo legal de subrogancias y reemplazaron a los jueces que debían intervenir por otros elegidos desde la propia conducción de la Cámara. La causa Bunge aparece así como el supuesto motor de toda la maniobra.

Para respaldar esa hipótesis, la Fiscalía reunió un volumen probatorio poco habitual en este tipo de investigaciones. El expediente incluye chats de WhatsApp, audios, documentación administrativa, acuerdos de Cámara, fotografías, un pendrive con grabaciones, informes médicos y las declaraciones de más de treinta testigos, entre jueces, funcionarios, empleados judiciales y profesionales de la salud. La acumulación de pruebas busca mostrar no un episodio aislado, sino una mecánica de decisión y control sostenida en el tiempo.

La secuencia, según el dictamen, se profundiza cuando la secretaria penal Celina Laje Anaya se niega a confeccionar una certificación porque entiende que la integración ordenada por Sánchez Torres no respetaba el régimen legal de subrogancias. A partir de allí, la Fiscalía ubica el inicio de un proceso de represalias que se habría extendido durante casi dos años.

En ese marco, Hairabedian y Turano describen un esquema de hostigamiento permanente: gritos, humillaciones, pérdida de funciones, aislamiento, traslados de oficina, sobrecarga de tareas y presiones para aceptar un descenso funcional. El objetivo, sostienen, era disciplinar a la funcionaria que había objetado la maniobra. La prueba médica incorporada al expediente da cuenta de ansiedad, ataques de pánico, hipertensión, depresión e incapacidad laboral prolongada, motivo por el cual Sánchez Torres fue acusado también de lesiones graves agravadas por violencia de género.

La acusación llega mientras ambos camaristas siguen siendo investigados por el viaje realizado a Punta del Este en un avión privado, un episodio que derivó en repercusión nacional y en comparaciones políticas con el caso del vocero presidencial Manuel Adorni. El cruce entre la causa judicial y la discusión pública amplificó el impacto del expediente y expuso, una vez más, la sensibilidad social que rodea a la conducta de los magistrados.

En paralelo, la trayectoria reciente de Sánchez Torres también quedó bajo la lupa. Meses atrás, se ilusionaba con integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el aval de los gobernadores de “Provincias Unidas”, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, entre otros. Se lo habría hecho saber al empresario Roberto Urquía en una reunión en un bar de Nueva Córdoba. La expectativa se abrió cuando cayó la candidatura de Ariel Lijo, pero luego del traspié electoral de Provincias Unidas, el camarista entendía que necesitaba el respaldo del “círculo rojo”, pedido que habría trasladado abiertamente a Urquía.

La resolución final sobre el pedido de procesamiento quedará en manos del juez de la causa, Alejandro Sánchez Freytes. Sin embargo, el dictamen fiscal deja planteada una hipótesis institucional de fuerte gravedad: que detrás de las decisiones cuestionadas no hubo errores administrativos, sino un sistema destinado a controlar la integración de la Cámara Federal en causas de alto interés económico y a neutralizar a quienes se resistían a ese mecanismo.

Análisis y proyecciones: Si la investigación avanzara en la línea planteada por la Fiscalía, el caso podría tener efectos que exceden a sus protagonistas. En la Justicia federal, las controversias por subrogancias y composición de tribunales suelen tener impacto directo sobre la confianza pública, porque inciden en la percepción de independencia judicial. En los últimos años, distintos debates sobre magistrados, conexiones políticas y administración de causas sensibles mostraron que la discusión ya no gira solo en torno a una resolución concreta, sino a la credibilidad del sistema. En ese contexto, un eventual procesamiento podría reforzar pedidos de mayor transparencia en los mecanismos de integración de cámaras y reabrir la discusión sobre controles internos, mientras que una eventual desestimación obligaría a revisar hasta dónde llegan las facultades de organización de los tribunales frente a la sospecha de desviación de poder.

Evolución del caso y de sus protagonistas: La situación fue escalando desde una controversia interna por la integración de salas hasta un expediente con derivaciones penales, laborales e institucionales. Al comienzo, el eje parecía ser técnico: quién debía subrogar y bajo qué reglas. Con el correr del tiempo, la investigación incorporó acusaciones de hostigamiento, daño a una funcionaria y un episodio externo de alta exposición pública como el vuelo a Punta del Este. En ese tránsito, la percepción sobre los camaristas también cambió: de magistrados con capacidad de incidencia en tribunales estratégicos a figuras bajo sospecha por presunto abuso de poder y por una conducta que, según la acusación, habría buscado condicionar el funcionamiento de la Cámara. En paralelo, el caso dejó de ser un asunto circunscripto a Córdoba para convertirse en un ejemplo más del deterioro de confianza que atraviesa al Poder Judicial cuando aparecen indicios de manipulación interna.