Cuando la piedra reemplaza a la palabra
La protesta es un derecho esencial de la democracia. La violencia, en cambio, no amplía derechos ni mejora las leyes: intenta imponer por la fuerza lo que no consigue mediante el debate, el voto y la representación popular.
Otra vez las imágenes frente al Congreso.
Piedras, baldosas arrancadas, contenedores incendiados, encapuchados y fuerzas de seguridad desplegadas alrededor del edificio donde los representantes elegidos por el pueblo intentaban debatir una ley.
La escena parece repetirse con una inquietante puntualidad cada vez que el Congreso trata un asunto capaz de dividir a la sociedad argentina.
Cambian los gobiernos.
Cambian los proyectos.
Cambian las consignas.
Pero las piedras son casi siempre las mismas.
Conviene establecer desde el comienzo una diferencia fundamental: cuestionar una ley es legítimo. Marchar contra ella también. Organizar una manifestación, reclamar modificaciones, presentar recursos judiciales, exigir explicaciones y trabajar políticamente para derogarla forman parte de la vida democrática.
Una sociedad silenciosa frente al poder sería una sociedad sometida.
Pero protestar no significa destruir.
Y mucho menos arrogarse el derecho de impedir mediante la violencia aquello que otros ciudadanos, a través de sus representantes, pretenden discutir.
La calle también forma parte de la democracia
Sería un error sostener que toda decisión legítima nace únicamente dentro del Congreso. La historia argentina está llena de movilizaciones populares que permitieron visibilizar injusticias, recuperar derechos y poner límites a los gobiernos.
La calle tiene voz.
Los trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, productores, empresarios y ciudadanos tienen derecho a expresarse frente al Parlamento. Incluso tienen derecho a hacerlo con dureza, indignación y desconfianza.
Pero la calle no puede transformarse en un poder armado con piedras que pretenda reemplazar al Congreso.
Porque, cuando una minoría violenta intenta imponer su voluntad por medio del miedo, deja de representar a la ciudadanía y comienza a desconocerla.
El encapuchado que rompe una vereda para obtener proyectiles no está ofreciendo un argumento. Tampoco representa necesariamente a los miles de manifestantes pacíficos que pueden compartir su rechazo a la ley.
En muchos casos, termina perjudicándolos.
La violencia desplaza el debate sobre el contenido de la norma y coloca en el centro de la escena los incendios, los heridos, las detenciones y la respuesta policial. El reclamo desaparece detrás del humo.
Una costumbre demasiado peligrosa
La Argentina conserva una vieja dificultad para reconocer la legitimidad del adversario.
Con frecuencia, el gobierno de turno no es considerado simplemente un gobierno equivocado, sino un enemigo. Y cuando el adversario se convierte en enemigo, sus iniciativas ya no se analizan por su contenido: se rechazan por su procedencia.
La pregunta deja de ser si una ley es conveniente, constitucional o mejorable.
La pregunta pasa a ser quién la presentó.
De esa manera, el debate público se transforma en una disputa tribal. Cada sector defiende lo propio y condena lo ajeno antes de conocer la letra completa del proyecto.
Las consignas reemplazan a los argumentos.
Las sospechas sustituyen a la información.
Y, en el extremo más peligroso, las piedras reemplazan a las palabras.
No es un fenómeno exclusivo de un partido político ni comenzó con el actual gobierno. La Argentina ya vivió numerosas jornadas de violencia alrededor del Congreso. Por eso sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a una sola fuerza o corriente ideológica.
Existe una cultura política que, desde distintos sectores y en diferentes momentos, ha tolerado la violencia cuando creyó que podía favorecer sus propios objetivos.
El problema aparece cuando cada bando condena solamente las piedras que arrojan los otros.
La ley también debe respetar la Constitución
Defender el funcionamiento del Congreso no significa afirmar que toda ley aprobada sea justa.
Una mayoría parlamentaria puede equivocarse. Puede sancionar una norma apresurada, perjudicial o incluso inconstitucional. También puede existir una negociación opaca, presión de intereses económicos o falta de información suficiente.
La democracia no convierte automáticamente una decisión mayoritaria en una verdad indiscutible.
Precisamente por eso existen las instituciones, la división de poderes, la Justicia, la oposición, la prensa, las elecciones y la posibilidad de reformar o derogar una norma.
Una ley puede ser cuestionada.
Puede ser judicializada.
Puede ser modificada.
Puede ser rechazada en la siguiente elección.
Lo que no puede aceptarse es que un grupo decida que posee una legitimidad superior a la voluntad de millones de ciudadanos y trate de imponerla mediante la violencia.
El peligro de las respuestas automáticas
El Estado, por su parte, también tiene responsabilidades.
Debe garantizar que el Congreso pueda sesionar, proteger a las personas y evitar la destrucción de bienes públicos. Pero esa obligación no concede una autorización ilimitada para reprimir indiscriminadamente.
Las fuerzas de seguridad deben distinguir entre quien se manifiesta pacíficamente y quien arroja una piedra, provoca un incendio o ataca a otra persona.
Una democracia madura no responde a todos los manifestantes como si fueran violentos, del mismo modo que no puede tratar a todos los policías como represores.
Cada delito debe ser individualizado.
Cada abuso debe ser investigado.
Cada responsabilidad debe tener nombre y rostro.
Ni la capucha puede garantizar impunidad al agresor ni el uniforme puede garantizar impunidad al funcionario que se excede.
¿Quién paga lo destruido?
Las baldosas arrancadas, los contenedores quemados, los comercios dañados y los vehículos destruidos no pertenecen a un gobierno.
Los paga la sociedad.
Los paga el vecino que trabaja, el jubilado que abona sus impuestos, el comerciante que intenta abrir al día siguiente y el ciudadano que necesita servicios públicos.
Destruir bienes comunes para protestar contra el poder constituye una contradicción difícil de explicar: se pretende castigar a un gobierno dañando aquello que pertenece a todos.
Y, después de cada jornada de violencia, queda una pregunta casi nunca contestada:
¿Quién organiza a los grupos encapuchados?
¿Quién facilita los elementos utilizados en los ataques?
¿Quién financia los movimientos y quién responde por los daños?
Investigar esas responsabilidades no representa una persecución política. Es una obligación elemental del Estado, siempre que se realice con pruebas, debido proceso y sin utilizar la Justicia para criminalizar la protesta pacífica.
La democracia exige paciencia
La democracia puede ser lenta, frustrante e imperfecta.
Obliga a escuchar al que piensa distinto. Exige negociar, aceptar derrotas, reunir mayorías y volver a intentarlo. Ningún sector consigue siempre todo lo que desea.
Esa aparente debilidad es, en realidad, su mayor fortaleza.
La alternativa es que cada grupo intente imponer su voluntad según su capacidad de movilización, intimidación o violencia. En ese escenario, no gobierna quien tiene mejores razones ni mayor respaldo popular.
Gobierna quien puede arrojar más piedras.
La Argentina necesita discutir seriamente la protección de la propiedad privada, sus límites, el derecho a la protesta y las facultades del Estado. También debe analizar cuidadosamente cada artículo de las leyes que se presentan, sin aceptar que un título grandilocuente convierta automáticamente una iniciativa en justa o necesaria.
Pero ninguna de esas discusiones puede realizarse bajo amenaza.
La piedra no corrige una ley.
No presenta una alternativa.
No protege un derecho.
Solamente intenta silenciar al otro.
Cuando una sociedad abandona la palabra y vuelve a la piedra, no está avanzando hacia una democracia más participativa. Está retrocediendo hacia una forma primitiva de poder: la imposición del más violento.
Las leyes deben discutirse con argumentos, modificarse con votos y, cuando corresponda, impugnarse ante la Justicia.
Porque el día en que aceptemos que una piedra vale más que una razón, ya no estaremos discutiendo qué ley debe regirnos.
Estaremos aceptando la ley de la fuerza.
