Caputo buscó cerrar la polémica con los industriales: “Jamás les dije tarados”
El ministro de Economía aseguró que su expresión estaba dirigida a quienes defienden el modelo proteccionista anterior y no a los empresarios del sector. La aclaración llegó después de las críticas de la UIA y de representantes de las pymes.
Luis Caputo intentó bajar la tensión con el sector productivo después de la controversia generada por sus declaraciones sobre la industria argentina. El ministro de Economía aseguró que el calificativo que utilizó durante una exposición pública no estuvo dirigido contra los industriales, sino contra quienes reivindican las políticas económicas de los gobiernos anteriores.
“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo crecer fue el déficit y, con ello, la inflación y la pobreza”, expresó Caputo mediante sus redes sociales.
La explicación llegó después de una fuerte reacción de empresarios, dirigentes de la Unión Industrial Argentina y representantes de pequeñas y medianas empresas, que consideraron ofensivas las palabras del funcionario y reclamaron una relación más constructiva con el Gobierno.
La frase que originó el conflicto
La polémica comenzó durante un encuentro organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. Allí, Caputo defendió el programa económico oficial y respondió a quienes atribuyen a la apertura comercial y a la política gubernamental la crisis que atraviesan diferentes ramas de la producción.
En ese contexto, sostuvo que durante los gobiernos anteriores la industria cayó alrededor de un 10%, a pesar de haber contado con protección frente a las importaciones, tarifas subsidiadas y diferentes beneficios estatales.
El ministro afirmó que los consumidores argentinos terminaron financiando ese esquema al pagar determinados productos dos, cuatro y hasta diez veces más caros que sus valores internacionales.
Fue entonces cuando utilizó la expresión que desencadenó el enfrentamiento: “Para todos los tarados que hablan de la industria”.
Aunque Caputo no mencionó a empresarios específicos, la amplitud de la frase fue interpretada como una descalificación hacia quienes advierten sobre cierres de fábricas, pérdida de empleos y dificultades para competir con productos importados.
La aclaración posterior no negó que hubiera pronunciado esas palabras, sino que buscó precisar a quiénes estaban dirigidas.
La respuesta de la UIA
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, cuestionó el tono empleado por el ministro y señaló que ese tipo de declaraciones no contribuye al diálogo necesario para superar los problemas económicos.
La reacción también se extendió a empresarios textiles y organizaciones de pequeñas y medianas empresas. Desde esos sectores advirtieron que la apertura de importaciones, la caída del consumo, los elevados costos financieros y la presión tributaria conforman un escenario especialmente difícil para la producción nacional.
Representantes de las pymes señalaron, además, que existe un desconocimiento de la situación que enfrentan las empresas más pequeñas, muchas de las cuales no cuentan con financiamiento ni con la escala necesaria para reconvertirse rápidamente.
El conflicto expuso una diferencia que excede las formas. El Gobierno considera que el proteccionismo mantuvo durante años actividades poco competitivas a costa de los consumidores. Los industriales responden que una apertura acelerada, sin reducción previa de impuestos y costos internos, puede provocar la desaparición de empresas que compiten en condiciones desiguales.
Daza respaldó al ministro
El secretario de Política Económica, José Luis Daza, intervino en la discusión para respaldar a Caputo y explicar la postura del equipo económico.
Según Daza, entre 2012 y 2023 la Argentina castigó al conjunto de la economía —especialmente al campo y a los consumidores— con el argumento de proteger a la industria. Afirmó que el país aplicó políticas extremas de proteccionismo, se aisló de los mercados internacionales y distorsionó los precios mediante subsidios, impuestos, controles y restricciones.
El funcionario sostuvo que ese modelo produjo déficit fiscal, inflación, brecha cambiaria y estancamiento. También señaló que, a pesar de la protección recibida, la producción industrial retrocedió un 9,6% durante ese período.
Daza respondió directamente al titular de la UIA. Aseguró que las palabras de Caputo no constituían un argumento contra la industria, sino contra la idea de que el esquema económico anterior hubiera sido verdaderamente favorable para el sector.
“El equipo económico es pro industria”, remarcó. Pero precisó que el Gobierno busca una industria “eficiente, competitiva y dinámica”, capaz de aprovechar las ventajas comparativas del país y las oportunidades del mercado internacional.
Caputo compartió ese mensaje y agregó su aclaración sobre el destinatario de su cuestionamiento.
El modelo que defiende el Gobierno
El ministro sostiene que el crecimiento futuro estará impulsado principalmente por la energía, la minería, el sector agropecuario y la economía del conocimiento. Según su planteo, el ingreso de inversiones y divisas generado por esas actividades terminará extendiéndose al resto de la economía.
Para el Gobierno, la industria debe integrarse a ese proceso mediante una mayor competencia y una reducción gradual de la protección estatal.
Los empresarios fabriles, en cambio, advierten que ese “derrame” puede demorar demasiado y que algunas empresas podrían no sobrevivir hasta que la recuperación alcance al mercado interno.
También reclaman que la apertura comercial esté acompañada por una reducción efectiva del denominado “costo argentino”: impuestos nacionales, provinciales y municipales, dificultades logísticas, regulaciones laborales, costos energéticos y tasas de interés.
Sin esas modificaciones, sostienen, una empresa nacional debe competir con productos fabricados en países que cuentan con mejores condiciones financieras, tributarias y de infraestructura.
Una aclaración que no resuelve la discusión
Las palabras de Caputo intentaron diferenciar a los industriales de quienes defienden el modelo económico anterior. Sin embargo, la aclaración difícilmente cierre el debate sobre el tono de la discusión pública y sobre el rumbo que debería seguir la producción nacional.
El episodio dejó en evidencia la tensión entre el Gobierno y una parte del empresariado. La administración libertaria considera que la protección excesiva perjudicó a los consumidores sin conseguir que la industria creciera. Los empresarios temen que una apertura sin transición destruya capacidades productivas, empleos y cadenas de proveedores difíciles de reconstruir.
La controversia comenzó con un exabrupto, pero detrás de las palabras aparece una discusión mucho más profunda: qué industria puede sostener la Argentina, cómo debe competir con el mundo y quién asumirá el costo de la transformación.
