Sueldo mínimo en Perú: así se define el aumento a S/1.300
El incremento del sueldo mínimo a S/1.300 entró en una etapa clave de discusión institucional. El proceso contempla diálogo entre trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo antes de una definición final del Ejecutivo.
En Perú, cada discusión sobre la remuneración mínima vital suele reabrir una pregunta de fondo que atraviesa a gobiernos, empresas y sindicatos: quién decide cuánto vale el piso salarial en una economía con alta informalidad y marcadas desigualdades. Ese debate vuelve a escena con la propuesta de llevar el sueldo mínimo a S/1.300, una medida que sería procesada por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo antes de una decisión final del Estado.
En un documento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al que pudo acceder Infobae Perú, se detalla cómo funciona el mecanismo de concertación entre empresas, trabajadores y Estado dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Allí se explica que el aumento del sueldo mínimo a S/1.300 será evaluado en ese organismo, tal como lo anunció el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Los plazos estimados para el trámite oscilan entre 60 y 90 días, con una definición prevista para noviembre de 2026.
El proceso no se limita a la presentación de un estudio técnico que, según se reveló, ya existe y respalda la suba desde el Ejecutivo. También incluye la discusión entre representantes de los trabajadores y los empresarios, en el marco del diálogo social. Una vez completada esa instancia, el MTPE quedará habilitado para fijar el aumento mediante el procedimiento correspondiente.
¿Quién fija el sueldo mínimo en Perú?
Según precisa la CNT, en el Perú la regulación de la remuneración mínima forma parte de la competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es la entidad encargada de fijar y aplicar los lineamientos de la política de remuneraciones mínimas.
En términos prácticos, el aumento de la RMV se aprueba mediante Decreto Supremo del MTPE, luego de un proceso de diálogo social con participación de los principales gremios empresariales y las centrales sindicales del país, que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).
Ese esquema busca darle legitimidad técnica y política a una medida que, por su impacto sobre salarios, precios y empleo formal, suele generar fuertes tensiones. En 2024, el diálogo social fracasó y trabajadores y empresarios no lograron acordar una posición común. Luego de eso, el propio Ministerio de Trabajo fijó el incremento en S/1.130, tras retroceder respecto de una propuesta mayor que había puesto sobre la mesa.
Esta vez, si no se alcanza un consenso, el gobierno de Keiko Fujimori podría seguir una lógica similar a la aplicada por Dina Boluarte y aprobar el aumento desde el Poder Ejecutivo, sin un acuerdo tripartito previo.
La ruta de la RMV
De acuerdo con el documento guía al que accedió Infobae Perú, el procedimiento dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo se ordena en distintas etapas. Primero, en la sesión del Pleno del CNTPE, se intenta alcanzar un acuerdo tripartito para activar el diálogo en la CEPSM y establecer un plazo para ese trabajo técnico.
Luego interviene la CEPSM, la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos, donde se activa el espacio de discusión, se instala la mesa y se define el cronograma y la metodología de trabajo. En esa instancia, los actores sociales presentan sus posiciones técnicas iniciales y exponen los argumentos y criterios que sostienen sus propuestas.
Más adelante se desarrolla el diálogo técnico y el intercambio de propuestas entre las partes. Después llega el turno de las posiciones finales de los actores sociales, con la identificación de los fundamentos y criterios definitivos. Esa etapa concluye con un eventual consenso o disenso dentro de la CEPSM, en la búsqueda de una propuesta técnica compartida.
El proceso vuelve luego al Pleno del CNTPE, donde se presenta el informe con los resultados de la CEPSM. Allí nuevamente puede haber consenso o disenso, con el objetivo de cerrar un acuerdo tripartito entre empresarios, trabajadores y Estado.
Si hay acuerdo, o incluso si no lo hay, el siguiente paso recae en el MTPE, que elabora el proyecto de Decreto Supremo a través del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. En esa fase, el VPECL recibe el informe de la Secretaría Técnica del CNTPE, la Dirección General de Promoción del Empleo elabora el sustento técnico, se coordina la propuesta con Alta Dirección y luego se prepara el proyecto normativo junto con la exposición de motivos. Más tarde, el expediente pasa por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se gestiona la excepción de calidad regulatoria y finalmente el proyecto se eleva para refrendo de Palacio de Gobierno.
En última instancia, la presidenta de la República define la decisión final y, si esta resulta favorable, se emite el Decreto Supremo que formaliza el incremento de la RMV.
Análisis y proyecciones
El debate sobre el sueldo mínimo suele condensar una tensión clásica de la política económica: cómo mejorar el ingreso de los trabajadores sin deteriorar el empleo formal ni presionar en exceso los costos de las pequeñas empresas. En América Latina, los ajustes de salario mínimo han tendido a combinar objetivos sociales y señales macroeconómicas, pero su eficacia depende del contexto inflacionario, la productividad y la capacidad de fiscalización laboral. Si la suba a S/1.300 se confirma, el efecto inmediato sería una mejora nominal en el ingreso de los trabajadores formales de menor escala, aunque el impacto real dependerá del comportamiento de los precios y de la cobertura efectiva del mercado laboral.
También existe una dimensión política relevante: cuando el consenso tripartito falla, el Ejecutivo suele ganar margen para decidir, pero al costo de debilitar la imagen de concertación. Por eso, el desenlace de esta discusión no solo definirá un monto salarial, sino también el grado de fortaleza institucional del diálogo social en el país. En los últimos años, la postura de los actores principales se ha endurecido: los gremios empresariales han insistido en preservar previsibilidad y gradualidad, mientras que las centrales sindicales han reclamado que el salario mínimo recupere poder de compra frente a la inflación y al encarecimiento de la canasta básica. El Gobierno, por su parte, ha oscilado entre la búsqueda de consenso y la decisión unilateral cuando la negociación se empantana.
En ese marco, la ruta técnica descrita por el MTPE intenta ordenar una decisión que, en la práctica, siempre es también política. La clave estará en si la mesa del CNTPE logra un acuerdo antes de que el expediente llegue al escritorio final de Palacio de Gobierno.
