El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras ante la falta de votos en el Senado
El oficialismo aceptó excluir el capítulo que flexibilizaba la compra de campos por parte de extranjeros. La sesión continuará este jueves con los cambios sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
El Gobierno decidió retirar del debate inmediato el capítulo que modificaba el régimen de compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.
La resolución surgió durante una reunión encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, con representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO y otras bancadas provinciales que habitualmente colaboran con el oficialismo.
El capítulo cuestionado formaba parte del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 27 de marzo. La iniciativa también contempla reformas en los procedimientos de desalojo, las condiciones para las expropiaciones estatales y la regulación de los terrenos afectados por incendios. Senado de la Nación
La Libertad Avanza consiguió que sus aliados mantuvieran la sesión prevista para este jueves, pero debió aceptar que las modificaciones a la Ley de Tierras quedaran afuera del texto que se someterá a votación.
Una postergación con futuro incierto
En su comunicación oficial, el bloque gobernante sostuvo que el tratamiento del capítulo III fue “postergado” para continuar trabajando en una redacción que reúna mayor consenso.
La expresión elegida permite al Gobierno evitar una renuncia definitiva a la reforma. Sin embargo, su futuro parlamentario resulta incierto. Si el Senado aprueba el proyecto sin ese capítulo y lo envía a la Cámara de Diputados, reincorporar posteriormente los artículos sobre tierras obligaría a reabrir una discusión que el oficialismo decidió excluir precisamente por no contar con una mayoría suficiente.
En términos políticos, se trata de una retirada para salvar el resto de la iniciativa y evitar que una derrota sobre el punto más controvertido arrastre todo el proyecto.
Del límite cero al 25 por ciento
La propuesta original, elaborada bajo la conducción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eliminaba buena parte de las restricciones establecidas por la Ley 26.737.
La legislación vigente fija un límite general del 15% para la cantidad de tierras rurales que pueden encontrarse en manos extranjeras, tanto en el territorio nacional como en cada provincia y departamento. También dispone que personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo y establece restricciones especiales en la denominada zona núcleo.
Ante las primeras objeciones, el oficialismo abandonó la idea de eliminar completamente los topes. Como último intento para conseguir apoyo, Bullrich presentó una redacción que elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales en poder de extranjeros.
La concesión resultó insuficiente. Los senadores aliados continuaron expresando reservas sobre la protección de los recursos naturales, la autonomía de las provincias y la posibilidad de que empresas con participación de Estados extranjeros accedieran a superficies consideradas estratégicas.
Los gobernadores hicieron valer su peso
El retroceso quedó definido cuando varios gobernadores cercanos a la Casa Rosada instruyeron a sus representantes para que rechazaran el capítulo.
Entre las senadoras que anticiparon su negativa se encontraban Flavia Royón, de Salta; Beatriz Ávila, de Tucumán; y Julieta Corroza, de Neuquén. También existían resistencias dentro del radicalismo, particularmente entre Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama.
Las objeciones alcanzaron además al PRO. María Victoria Huala, representante de La Pampa, había manifestado reparos ante la posibilidad de acompañar una reforma que generaba un rechazo considerable dentro de su provincia.
Con ese panorama, el oficialismo quedó lejos de reunir los 37 votos necesarios para aprobar el capítulo. Insistir con su tratamiento exponía al Gobierno a una derrota en el recinto y podía poner en riesgo la continuidad de la sesión.
Bullrich preservó la sesión
La Cámara alta retomará este jueves, desde las 14, la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio.
Como se trata de una reanudación, los senadores pueden iniciar el debate sin reunir nuevamente el quórum tradicional. El número reglamentario será necesario al momento de realizar las votaciones.
Bullrich logró preservar la sesión con el argumento de que el proyecto de propiedad privada comprende cuestiones que exceden ampliamente la venta de campos a extranjeros.
El oficialismo intentará avanzar con procedimientos más rápidos para determinados desalojos, nuevas condiciones para las expropiaciones realizadas por el Estado y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Estos puntos también generan cuestionamientos. Organizaciones sociales y entidades especializadas advierten que algunas disposiciones podrían reducir garantías para ocupantes, comunidades rurales y habitantes de barrios populares. El Gobierno, en cambio, afirma que las reformas permitirán brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios y atraer inversiones.
El segundo capítulo que pierde el proyecto
La modificación de la Ley de Tierras no es la primera parte que el oficialismo debe abandonar.
Durante el tratamiento en las comisiones del Senado, el Gobierno ya había retirado los cambios relacionados con el Registro Nacional de Barrios Populares, luego de que la propuesta generara resistencia entre legisladores aliados y organizaciones sociales.
El proyecto llega así al recinto con dos de sus componentes originales fuera del texto: el régimen de barrios populares y la flexibilización de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
El nuevo retroceso también se produce después de la crisis ocasionada por las modificaciones en el régimen de los prácticos, pilotos y baqueanos. Aquella medida provocó una paralización del ingreso de buques a los puertos argentinos y obligó al Ejecutivo a revisar la decisión.
En ambos casos, las propuestas impulsadas por el área de Desregulación encontraron límites políticos o consecuencias prácticas que llevaron al Gobierno a retroceder.
Una discusión que seguirá abierta
La controversia sobre la propiedad extranjera de la tierra no queda definitivamente cerrada.
Quienes respaldan una flexibilización sostienen que la normativa vigente desalienta inversiones productivas y que la nacionalidad del propietario no determina necesariamente el uso que se dará al suelo.
Sus críticos responden que la tierra no constituye un bien económico ordinario. Señalan que su propiedad puede implicar el control de agua, minerales, bosques, zonas fronterizas y recursos indispensables para la producción de alimentos.
La discusión enfrenta así dos concepciones diferentes: la tierra entendida principalmente como activo productivo y la tierra considerada un recurso estratégico relacionado con la soberanía nacional.
Por ahora, esa diferencia no encontró una síntesis posible dentro del Senado.
La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo antes que sufrir una derrota. Consiguió mantener en pie la sesión y preservar parte de su proyecto, pero debió reconocer que ni siquiera sus aliados estaban dispuestos a acompañar la ampliación de los límites para la extranjerización de las tierras rurales.
Más que una modificación técnica, la decisión expuso una realidad política: en un Congreso sin mayoría propia, el Gobierno puede presentar sus reformas, pero son los votos de los gobernadores y de los bloques dialoguistas los que terminan definiendo hasta dónde puede avanzar.
