Inocencia Fiscal: el acceso de funcionarios al régimen simplificado complica el avance de la reforma
El Gobierno consiguió respaldo inicial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, pero encontró resistencia entre sus aliados por los beneficios tributarios que podrían recibir personas políticamente expuestas. Reclaman una exclusión expresa para evitar sospechas y facilitar la votación.
El Gobierno inició conversaciones con bloques aliados para avanzar con dos proyectos centrales de su agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.
El primer proyecto obtuvo una recepción favorable, aunque con observaciones. El segundo quedó trabado por una cuestión políticamente sensible: funcionarios, exfuncionarios y otras personas expuestas políticamente podrían acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias en las mismas condiciones que cualquier contribuyente.
Legisladores de distintos bloques reclamaron que el proyecto incluya una exclusión específica para quienes ejercen o ejercieron cargos públicos. Consideran que permitirles utilizar el denominado “tapón fiscal” obligaría a defender una norma difícil de explicar ante la opinión pública.
La discusión se produjo durante una reunión de aproximadamente tres horas entre funcionarios del equipo económico, autoridades del Banco Central y referentes parlamentarios.
Las objeciones de los aliados
Los diputados aliados no concentraron sus críticas en la finalidad general de la iniciativa. Existe cierto acuerdo sobre la necesidad de simplificar el sistema tributario, incentivar la bancarización y ofrecer mayor previsibilidad a los contribuyentes.
El problema surge con el alcance personal del beneficio.
La legislación no excluye expresamente a las personas expuestas políticamente, categoría que comprende a funcionarios, autoridades de los poderes del Estado y otras personas que, por la naturaleza de sus cargos, están sometidas a controles reforzados.
Los legisladores temen que la reforma sea interpretada como una herramienta diseñada para permitir que integrantes del poder político incorporen fondos o regularicen inconsistencias patrimoniales sin brindar explicaciones suficientes sobre su origen.
El antecedente de anteriores blanqueos también apareció durante la reunión. En el régimen de sinceramiento fiscal de 2016 se establecieron exclusiones amplias para funcionarios y exfuncionarios, además de sus familiares. Para los bloques dialoguistas, la ausencia de una limitación semejante en el nuevo proyecto representa una diferencia difícil de justificar.
El reclamo no provino solamente de la oposición más dura. Referentes radicales, provinciales y del espacio liderado por Oscar Zago plantearon que, sin modificaciones, la discusión parlamentaria podría convertirse en un debate sobre los patrimonios de los funcionarios y no sobre los objetivos económicos del régimen.
Qué es Ganancias simplificadas
La declaración simplificada es una modalidad especial destinada a personas humanas y sucesiones indivisas. ARCA confecciona una declaración jurada utilizando la información disponible en sus sistemas y la proporcionada por terceros.
El contribuyente puede revisar, modificar y posteriormente confirmar esa liquidación. Si acepta la declaración y paga el impuesto correspondiente, obtiene dos efectos principales:
Efecto liberatorio respecto del período fiscal presentado.
Presunción de exactitud para las declaraciones de Ganancias e IVA correspondientes a períodos anteriores no prescriptos.
La protección no es absoluta. ARCA puede impugnar la declaración si detecta ingresos omitidos, deducciones improcedentes, facturas apócrifas o una discrepancia significativa entre lo declarado y la situación real del contribuyente. Las características del mecanismo están detalladas en la información oficial de ARCA.
El sistema vigente estableció originalmente límites de ingresos y patrimonio. El nuevo proyecto propone eliminar esos topes para ampliar considerablemente la cantidad de personas que pueden adherir.
El alcance del “tapón fiscal”
El denominado tapón fiscal busca impedir que el organismo recaudador reabra períodos anteriores cuando el contribuyente cumplió con el régimen simplificado y no presenta diferencias relevantes.
La finalidad declarada es otorgar seguridad jurídica a quienes tienen ahorros fuera del sistema financiero y temen que depositarlos desencadene inspecciones sobre años anteriores.
El Ministerio de Economía sostiene que esa incertidumbre mantiene una importante cantidad de dólares fuera del circuito bancario. Al reducir el riesgo de fiscalizaciones retroactivas, espera que parte de esos fondos se destine al consumo, la inversión o los depósitos.
La normativa vigente describe el tapón como una presunción de exactitud y un efecto liberatorio del pago. No se trata, sin embargo, de una inmunidad general frente a cualquier investigación. La explicación oficial del régimen aclara que la protección puede caer cuando se detectan discrepancias significativas.
Tampoco reemplaza los controles contra el lavado de activos ni legaliza dinero procedente de delitos. Los bancos y sujetos obligados deben continuar aplicando procedimientos para verificar clientes, operaciones inusuales y origen de los fondos.
Esta distinción resulta fundamental: la protección frente a determinados reclamos tributarios no equivale a una amnistía penal para recursos provenientes de corrupción, narcotráfico u otras actividades ilícitas.
Los funcionarios que adhirieron
La controversia aumentó después de conocerse que integrantes y exintegrantes del Gobierno solicitaron adherir al sistema simplificado.
Entre los casos que generaron mayor repercusión aparece el del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. También se mencionaron adhesiones de otros funcionarios, asesores y dirigentes vinculados con el oficialismo.
La posibilidad de adherir no demuestra por sí misma una irregularidad ni implica que el contribuyente haya introducido fondos de origen desconocido. El cuestionamiento es institucional: quienes administran recursos públicos y participan en la elaboración de las normas están sujetos a exigencias de transparencia superiores a las de un ciudadano particular.
Para los bloques aliados, esa diferencia justifica establecer una exclusión preventiva. Su propuesta comprende a funcionarios actuales, exfuncionarios durante un plazo determinado y, eventualmente, familiares directos.
El Gobierno evalúa modificaciones
El oficialismo reconoció que la iniciativa recibió numerosas objeciones. Sus representantes consideran que el problema es principalmente político y comunicacional, aunque deberán revisar la redacción para asegurar los votos.
Una alternativa consiste en excluir de forma completa a las personas expuestas políticamente. Otra posibilidad es permitir su adhesión, pero sin otorgarles el tapón fiscal o exigiéndoles información adicional sobre patrimonio y procedencia de los fondos.
También podría establecerse un período de incompatibilidad, como ocurrió en anteriores regímenes, para impedir la participación de quienes hayan ocupado cargos durante los últimos años.
Cualquiera de esas opciones reduciría el alcance de la iniciativa original, pero facilitaría su aprobación y evitaría que el debate quede dominado por casos particulares.
Mayor respaldo para la reforma del Banco Central
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central encontró menos resistencia durante las conversaciones preliminares.
El proyecto presentado por el Gobierno concentra los objetivos de la entidad en preservar el valor de la moneda y busca eliminar distintas formas de financiamiento al Tesoro.
Entre sus principales disposiciones aparecen:
La prohibición de financiar directamente al Tesoro nacional.
Restricciones al giro de utilidades del Banco Central.
La eliminación progresiva de las Letras Intransferibles.
Mayores condiciones para remover a las autoridades de la institución.
Un mandato más preciso orientado a la estabilidad monetaria.
Los aliados valoraron el intento de fortalecer la autonomía del organismo, pero advirtieron que las garantías pueden resultar insuficientes. Una futura mayoría simple podría volver a modificar la Carta Orgánica, mientras la designación y continuidad de las autoridades seguirá dependiendo en gran medida de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Pese a esas observaciones, el oficialismo considera que existe una base parlamentaria suficiente para continuar el tratamiento.
Dos proyectos con destinos diferentes
La reunión dejó dos panoramas distintos. La reforma del Banco Central puede avanzar en las comisiones si el Gobierno acepta discutir aspectos institucionales y mecanismos de designación.
La ampliación de Inocencia Fiscal requiere, en cambio, una modificación política más profunda. La resistencia no está dirigida únicamente contra sus disposiciones técnicas, sino contra el riesgo de que los propios funcionarios aparezcan como beneficiarios de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno deberá decidir si mantiene un régimen general sin distinciones o acepta una exigencia reforzada de transparencia para las personas que ejercen funciones públicas.
La diferencia puede determinar el destino de la ley. Para los aliados, simplificar Ganancias y atraer ahorros hacia el sistema financiero es defendible. Lo que no están dispuestos a votar sin cambios es un mecanismo que pueda ser presentado como una protección especial para integrantes del poder político.
