Bullrich endurece su defensa de la ley de tierras y apunta a los Kirchner

Patricia Bullrich salió a buscar los votos que le faltan para aprobar la ley de tierras y redobló sus críticas contra Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La discusión en el Senado sigue abierta y el oficialismo todavía pelea por reunir quórum y mayorías.

“La tierra es poder”, advirtió alguna vez Juan Bautista Alberdi en sus debates sobre la organización nacional, una idea que vuelve a cobrar fuerza cada vez que Argentina discute soberanía, propiedad y extranjerización de territorios. En ese marco, Patricia Bullrich activó una ofensiva política para intentar reunir los votos que le faltan al oficialismo en torno de la ley de tierras, con una estrategia que combinó presión parlamentaria y una fuerte carga discursiva contra el kirchnerismo.

La jefa del bloque libertario eligió apuntar directamente contra Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, a quienes vinculó con supuestos beneficios derivados de las normas vigentes. “La ley Máximo Kirchner fue una ley que fue un verdadero despropósito, que fue volver terratenientes a sus amigos”, sostuvo, y remarcó que “bajo el márketing proteccionista, hicieron negocios los amigos del poder”.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Bullrich insistió con esa línea argumental y amplió sus críticas al entorno político y empresario ligado al kirchnerismo. “Los Kirchner se caracterizaron ellos y todos sus amigos por comprar aquel lugar que Cristina Kirchner decía que era su lugar en el mundo, así hicieron los hoteles que hoy están decomisados y los activos que van a tener que devolver”, afirmó.

A su lado escuchaban el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, la neuquina Nadia Márquez y el fueguino Agustín Coto, titulares de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, respectivamente. Según la ex ministra de Seguridad, la familia Kirchner se encargó de “comprar tierras fiscales por 7 dólares y venderlas por medio millón”, y agregó que esa es “la Patagonia que se repartieron”.

Mientras Bullrich exponía ante asesores y periodistas acreditados, también se movían en la sala fuentes del peronismo que ponían en duda los números que ella había compartido antes de sentarse frente a los micrófonos. “Nosotros trabajamos los acuerdos con los 44 más tres”, explicó en referencia a legisladores del oficialismo, bloques aliados y la bancada que lidera Carolina Moisés, con quienes el Gobierno logró mayorías circunstanciales para leyes puntuales o acuerdos de pliegos judiciales.

Sin embargo, la interna parlamentaria exhibe un escenario más incierto. La rebelión de sectores aliados contra la ley de tierras y la decisión de Moisés de sostener su dictamen de minoría, junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, complican el panorama. Ese grupo responde a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, quienes ya habían expresado la semana pasada que “no es momento” de votar la iniciativa.

La propia mención de Salta, Neuquén y Tucumán por parte de Bullrich no pasó inadvertida: buscaba empujar el apoyo de Flavia Royón, Julieta Corroza y Beatriz Ávila. En los pasillos del Congreso, un senador oficialista admitió luego que “el capítulo de tierras está virtualmente empatado”, mientras que un referente peronista del interbloque de José Mayans resumió la situación con otra frase: “la votación está palo y palo”.

En los hechos, la puesta en escena de Bullrich terminó pareciendo un síntoma de urgencia política. Con el debate centrado en cuántos votos afirmativos puede reunir el capítulo de tierras, el oficialismo parece haber dejado en segundo plano un problema anterior y más complejo: cómo alcanzar el quórum necesario para abrir la sesión.

Los cálculos más favorables para La Libertad Avanza le asignan 35 votos por la afirmativa en la propuesta vinculada a la venta de territorio a extranjeros, pero para habilitar el recinto se requieren 37 senadores sentados en sus bancas. “¿Quiénes van a poner el culo para que arranque la sesión en la que se vendan las tierras a extranjeros?”, ironizó ante LPO un legislador alineado con Karina Milei.

Entre esos 35 votos potenciales aparecen los 21 senadores de LLA, alrededor de siete radicales, dos o tres integrantes del PRO, Carlos Camau Espínola, Ávila, Royón y Corroza. Las dudas dentro de la UCR siguen pesando, en especial por la versión de que el mendocino Rodolfo Suárez, cercano a Alfredo Cornejo, podría ausentarse, al igual que la chubutense Andrea Cristina, que responde a Ignacio Torres y se encuentra de licencia por maternidad.

Del otro lado, el bloque que conduce Mayans reúne 27 senadores propios y espera una definición favorable de Victoria Villarruel para que Anabel Fernández Sagasti pueda votar de manera virtual. A ese núcleo se sumarían en rechazo los dos misioneros, los dos santacruceños, la chubutense Edith Terenzi, Alejandra Vigo y tres radicales, lo que elevaría el piso opositor a 36 voluntades.

Mientras tanto, Bullrich continuó su embestida contra Máximo Kirchner y defendió la ampliación del tope para la venta de tierras a extranjeros, que pasaría del 15 al 25 por ciento, además de la habilitación para que una persona física o jurídica pueda adquirir más de 1000 hectáreas. “La propiedad es la posesión de un título y la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en un territorio, un extranjero no legisla nada, ni pone bandera”, argumentó.

También relativizó el temor a una supuesta pérdida de soberanía por la compra de inmuebles por parte de extranjeros. “Es ridículo pensar que si un extranjero se compra dos departamentos se lleva la soberanía argentina”, dijo, y utilizó como ejemplo a la empresa productora de champagne Shandon, que desarrolla su actividad en la región cuyana. “A nadie se le ocurrió pensar que Francia era dueña de Mendoza por eso”, concluyó.

Análisis y proyecciones: el debate sobre la tierra en Argentina suele exceder la técnica legislativa y se instala en un terreno simbólico donde confluyen soberanía, federalismo, inversión y control territorial. En los últimos años, este tipo de discusiones se volvió más sensible por la presión sobre recursos estratégicos, especialmente en regiones como la Patagonia, donde la tierra adquiere valor económico, político y ambiental. Si el oficialismo logra avanzar, podría consolidar una agenda de desregulación y apertura a la inversión; si fracasa, quedará expuesta la fragilidad de sus alianzas parlamentarias y la dificultad para sostener una mayoría estable en el Senado.

Evolución reciente del tema: en el Congreso, la postura frente a la extranjerización de tierras y los límites a la propiedad rural fue mutando entre una visión más restrictiva, asociada a la protección del territorio, y otra más flexible, orientada a atraer capitales y simplificar restricciones. En este caso, Bullrich representa el giro más nítido hacia una lectura promercado dentro del oficialismo, mientras que sectores del radicalismo, el peronismo federal y algunos gobernadores mantienen reservas por el impacto simbólico y político de una eventual flexibilización. Esa tensión explica por qué la discusión ya no gira solo en torno del texto de la ley, sino también a la capacidad real del Gobierno para construir consensos mínimos.