Perú: cuánto cobrará Keiko Fujimori como presidenta

• Politica
• 05-08-2026

En la historia política peruana, los sueldos del poder siempre fueron un termómetro del clima institucional: cuando el Estado busca ordenar sus jerarquías, también deja expuestas sus tensiones. Ese es el marco en el que quedó fijado el nuevo salario presidencial en Perú, una decisión que duplicó la remuneración vigente y reabrió el debate sobre privilegios, transición política y legitimidad del gasto público.

El salario del presidente del Perú registró un aumento significativo durante la gestión de Dina Boluarte. Pese a la controversia, el Consejo de Ministros lo aprobó mediante el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, con lo cual duplicó la cifra que rigió durante gobiernos anteriores y estableció un nuevo piso para quien ejerza la jefatura del Estado.

Desde julio de 2025, el monto mensual que percibe el jefe de Estado asciende a S/35 mil 568. En la práctica, esa es la remuneración correspondiente al cargo presidencial y, por lo tanto, la que recibirá Keiko Sofía Fujimori desde que asumió el mando el pasado 28 de julio, luego de imponerse en las últimas Elecciones 2026.

Hasta el mandato de Ollanta Humala, el sueldo presidencial se mantuvo en S/15.600 mensuales. Durante la administración de Dina Boluarte se impulsó una propuesta que terminó elevando la remuneración presidencial a los actuales S/35 mil 568. La cifra comenzó a regir en julio de 2025, tras la aprobación del Consejo de Ministros y su posterior oficialización.

El incremento se apoyó en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que regula las compensaciones de los funcionarios públicos de elección popular. El artículo 52 de esa norma dispuso que las remuneraciones debían aprobarse por decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros. La justificación oficial fue equiparar el ingreso presidencial con el de otros altos funcionarios del Estado.

Cómo se aprobó el aumento del sueldo presidencial

La suba quedó formalizada en el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, aprobado por el Consejo de Ministros. El texto duplicó la remuneración que se mantuvo durante años y consolidó un ingreso mensual de S/35 mil 568 desde julio de 2025.

La medida, presentada como una adecuación alineada con la Ley del Servicio Civil, quedó en el centro de la discusión pública por el contraste entre el ingreso presidencial y el contexto político del país. En ese marco, el monto se convirtió en un dato clave cada vez que se habló de transición, vacancias o reemplazos en el Poder Ejecutivo, una dinámica que marcó con fuerza a Perú en los últimos años.

Con la asunción de Fujimori, la consecuencia es directa: la presidenta electa pasará a percibir la remuneración vigente para el cargo, establecida desde julio de 2025.

La pensión vitalicia de los expresidentes y el monto de referencia

Más allá del debate por el salario del presidente en funciones, en Perú existe un régimen de pensión vitalicia para los expresidentes. Ese beneficio fue establecido por la Ley 26519, aprobada en 1995 durante el mandato de Alberto Fujimori, y garantiza una remuneración mensual de por vida a quienes hayan ejercido la jefatura del Estado. El propósito del pago es brindar sustento económico una vez finalizado el mandato.

La norma fijó que los expresidentes constitucionales peruanos reciban una pensión equivalente a la de un congresista en actividad, es decir, S/15.600. Sin embargo, el acceso efectivo al beneficio no fue uniforme: algunos exmandatarios no lo perciben por distintas razones administrativas, judiciales o políticas.

Entre los casos mencionados figura el de Alan García Pérez, cuya viuda, Pilar Nores —de quien no llegó a divorciarse antes de fallecer—, tendría derecho a cobrar la pensión. También se cita a Federico Dantón, ya mayor de edad, como parte de esa referencia familiar.

El listado incluye a Valentín Paniagua, a quien le correspondía cobrar la pensión vitalicia y cuya viuda, Nilda Jara Gallegos, la percibe actualmente. En el caso de Alejandro Toledo, el texto señala que goza de la pensión vitalicia pese a estar recluido en el penal Barbadillo, y recuerda que en 2017 se le anuló el beneficio cuando fue investigado por el caso Odebrecht.

La nómina también menciona que Ollanta Humala Tasso cobra la pensión vitalicia pese a sus procesos judiciales, y que Pedro Pablo Kuczynski la percibe pese a estar en prisión domiciliaria. A su vez, indica que Martín Vizcarra no recibe el beneficio y que él mismo descartó percibirlo en el futuro.

No reciben pensión

También aparecen Manuel Merino, a quien se le negó la pensión pese a haberla solicitado, aunque sí cuenta con seguro médico, y Francisco Sagasti, que pidió el beneficio pero hasta la fecha no se le otorgó; igualmente, dispone de seguro médico. Por último, el texto indica que Pedro Castillo solicitó la pensión vitalicia, pero que hoy no la percibe.

Análisis y proyecciones: El caso vuelve a poner bajo la lupa una discusión recurrente en América Latina: cuánto debe ganar un presidente y qué trato reciben los exmandatarios cuando dejan el poder. En sistemas con alta inestabilidad política, como el peruano, estos beneficios suelen leerse no solo como una compensación institucional, sino también como un símbolo de privilegio. En términos políticos, la polémica podría profundizar el escrutinio sobre el gasto público y alimentar demandas de revisión de regímenes especiales. Al mismo tiempo, la tensión entre legalidad formal y legitimidad social suele abrir debates más amplios sobre reforma del Estado, austeridad y transparencia.

Evolución reciente del tema: En los últimos años, Perú atravesó una seguidilla de crisis políticas, vacancias presidenciales y cambios de mando que hicieron que el salario del jefe de Estado y la pensión de los exmandatarios cobraran una relevancia inusual. La postura de los actores también fue mutando: mientras algunos expresidentes defendieron el beneficio como un derecho legal, otros lo rechazaron o quedaron excluidos por decisiones administrativas y judiciales. En paralelo, la opinión pública fue endureciendo su mirada sobre estos regímenes, especialmente cuando coincidieron con investigaciones por corrupción, detenciones o situaciones de inestabilidad institucional.

En ese mapa de remuneraciones —salario presidencial vigente y pensión vitalicia para expresidentes—, el dato que marcará el inicio del gobierno de Keiko Fujimori es claro: el cargo que asumió el 28 de julio tiene fijado, desde julio de 2025, un sueldo mensual de S/35 mil 568.