Detienen a dos ex funcionarias de la Anmat por la causa del fentanilo contaminado

La investigación por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó un giro decisivo con la detención de dos ex funcionarias clave de la Anmat. El caso vuelve a poner bajo presión al ministro de Salud, Mario Lugones, y reaviva las sospechas sobre fallas de control y posibles connivencias en la cadena sanitaria.

“La tragedia del fentanilo contaminado expuso, como pocas veces, qué ocurre cuando fallan los controles del Estado sobre medicamentos de alto riesgo”. Con esa lógica se reactivó una de las causas sanitarias y judiciales más graves de los últimos años en la Argentina, que ya dejó más de un centenar de muertes y volvió a comprometer de lleno al Ministerio de Salud.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó este martes la detención de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), en el marco de la investigación por unas 114 muertes asociadas al fentanilo contaminado.

La decisión judicial reavivó la preocupación en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, que había logrado sacar el tema de la agenda pública, pero ahora enfrenta un renovado costo político e institucional. En la causa se analiza si la inacción o incluso la connivencia de organismos que dependían directamente de su cartera facilitaron que el laboratorio HLB Pharma siguiera operando pese a sus pésimas condiciones de salubridad.

También se investiga la hipótesis de un circuito de coimas dentro del Ministerio de Salud, que habría permitido sostener irregularidades en la actividad del laboratorio, una línea de pesquisa que la Justicia continúa profundizando.

Nélida Bisio y Gabriela Fumadó fueron detenidas por las fallas en los controles que derivaron en la comercialización del fentanilo que llegó a hospitales, clínicas y sanatorios del país en enero del año pasado, entre ellos el Hospital Italiano de La Plata.

Las dos ex funcionarias eran responsables de impedir que miles de ampollas de fentanilo no apto para su uso ingresaran al mercado. Bisio estaba al frente del organismo regulatorio y Fumadó era titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Ambas serán indagadas este miércoles.

Las detenciones profundizaron los temores de Lugones de quedar procesado por la tragedia sanitaria que ya supera las cien muertes.

El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, en Vicente López, mientras que Fumadó se presentó de manera espontánea junto a su abogado en una dependencia policial.

Fumadó había dejado su cargo en agosto del año pasado, a medida que avanzaba la investigación penal. Desde 2022 estaba al frente del Iname, el área de la Anmat con responsabilidad directa sobre el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país. Su trayectoria en el Estado comenzó en 1999 como asesora jurídica del Ministerio de Salud; en 2002 pasó a la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, y en 2005 llegó a la Anmat.

Bisio, en tanto, presentó su renuncia en enero de este año, ocho meses después del alerta oficial por un “desvío de calidad” en un lote de fentanilo de HLB Pharma, elaborado en Laboratorios Ramallo sin los permisos en regla. En ese momento, la cartera sanitaria nacional informó que la salida de la exfuncionaria había sido “por motivos personales”.

La causa judicial busca determinar las responsabilidades por la comercialización de fentanilo elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que según la investigación llegó a hospitales y clínicas del país pese a presentar contaminación bacteriana.

Kreplak también ordenó allanar el Ministerio de Salud, o al menos requerir información sobre movimientos de personal en esa cartera durante la gestión de Lugones.

Además, este martes el Ministerio de Salud de la Nación debió entregar a las autoridades judiciales documentación sobre entradas y salidas de personas a la cartera entre 2024 y 2025.

En julio del año pasado, Lugones intentó presentarse como parte querellante en la causa, cuando ya se contabilizaban unas cincuenta muertes. Sin embargo, semanas después el número de víctimas se duplicó y Kreplak rechazó ese pedido, excluyendo al Ministerio de Salud de ese rol.

El criterio judicial fue que el ministro podía quedar en una posición contradictoria, debido a un eventual conflicto de intereses, dado el alcance de la responsabilidad de su cartera sobre la Anmat y el control de la circulación y el consumo de medicamentos en el país.

El escándalo se originó en mayo de 2025, cuando comenzaron a conocerse las primeras muertes de pacientes en el Hospital Italiano de La Plata, producto de infecciones letales causadas por bacterias multirresistentes presentes en el fentanilo. Rosario también registró un fuerte pico de fallecimientos vinculados a la contaminación.

En paralelo, se realizaron estudios en el Instituto ANLIS-Malbrán, mientras que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fue estableciendo en los meses siguientes la relación entre los decesos y las bacterias detectadas en las ampollas.

Desde el inicio del caso se sospechó que la Anmat, responsable de controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos, pudo haber tenido una actuación débil frente a las prácticas deficientes y desprolijas de los laboratorios HLB y Ramallo.

Esa desprolijidad quedó luego respaldada por distintas pruebas reunidas en la investigación, entre ellas los testimonios de ex empleados de ambos laboratorios, según consta en el extenso expediente judicial.

Análisis y proyecciones: La causa del fentanilo contaminado combina dos dimensiones especialmente sensibles: la sanitaria y la institucional. En términos de salud pública, expone el riesgo extremo que representa la circulación de opioides inyectables adulterados o mal producidos; en términos políticos, vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para fiscalizar laboratorios y responder con rapidez ante alertas críticas. Si la investigación avanza sobre eventuales omisiones, connivencias o redes de favores dentro del sistema de control, el impacto podría extenderse más allá de las ex funcionarias detenidas y alcanzar a funcionarios con responsabilidad jerárquica. En casos de esta magnitud, la experiencia comparada muestra que los procesos suelen derivar en reformas regulatorias, revisiones de circuitos de habilitación y mayores exigencias de trazabilidad, aunque muchas veces esos cambios llegan después del daño ya consumado.

Evolución del caso: En sus primeros meses, el expediente se concentró en la identificación de las víctimas y en probar el vínculo entre las bacterias halladas en las ampollas y las muertes registradas en distintos centros de salud. Con el correr del tiempo, la discusión pasó del laboratorio a los organismos de control: primero sobre la supuesta debilidad de la Anmat, después sobre las responsabilidades del Iname y finalmente sobre la posible cadena de decisiones dentro del Ministerio de Salud. La postura oficial también cambió: de intentar intervenir como querellante y mostrarse como parte afectada, la cartera pasó a quedar bajo sospecha por su rol de supervisión. Esa evolución refleja cómo un caso inicialmente técnico derivó en una crisis política de alto voltaje para la gestión de Lugones.

Antecedentes y contexto: El control de medicamentos de alto riesgo en Argentina ya venía bajo presión por años de dificultades estructurales, que incluyen fiscalización insuficiente, demoras administrativas y asimetrías de información entre reguladores y laboratorios. En ese marco, la causa del fentanilo se convirtió en un símbolo de las consecuencias de una supervisión débil sobre productos críticos. La investigación seguirá ahora con las indagatorias, el análisis de la documentación requerida al Ministerio de Salud y la posible ampliación de responsabilidades hacia niveles superiores de decisión.