Elizabeth Serna rompe con el petrismo y cuestiona promesas a la Primera Línea

• Politica
• 05-08-2026

En la historia reciente de Colombia, pocos episodios condensan tanta tensión entre calle, política e institucionalidad como el estallido social de 2021, cuando Cali se convirtió en uno de sus epicentros. Desde ese antecedente, Elizabeth Serna, lideresa conocida como “Nikita”, reabrió el debate con una frase contundente: según dijo, el Gobierno de Gustavo Petro “no cumplió casi nada” de lo prometido a los jóvenes de la Primera Línea.

Serna aseguró que, cinco años después del estallido social, los jóvenes que apostaron por el cambio se sintieron engañados porque, a su juicio, las promesas quedaron sin materializarse. También sostuvo que la capacidad de movilización ya no es la misma que en 2021, aunque advirtió que un nuevo estallido podría volver a ocurrir si la nueva presidencia “comienza a hacer las cosas mal”. “Ya no es la misma cantidad, los ríos de gente que había antes no”, planteó.

La lideresa social lleva más de dos décadas trabajando en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, y fue una de las gestoras del acompañamiento a los jóvenes en Puerto Resistencia durante las protestas. De acuerdo con su balance, tras haber respaldado activamente la campaña de Gustavo Petro, su experiencia con ese gobierno “no fue positiva”.

En esa línea, sostuvo que las promesas dirigidas a los integrantes de la Primera Línea se quedaron en el papel. “No se cumplió, pues para mi concepto no se cumplió la mayoría de las cosas, para mí casi nada”, afirmó en declaraciones reveladas por Semana.

Uno de sus cuestionamientos más severos apuntó al programa de ayudas para jóvenes que participaron en el estallido. Según relató, observó ese proceso como “un círculo cerrado”, porque —según su versión— no incluyó a todos y entre sus cercanos no quedó ninguno beneficiado.

“De los míos no quedó ninguno y muchos que yo conocí tampoco quedaron, en sí no supe a quién fue que ayudaron”, sostuvo. Esa percepción, dijo, terminó alimentando su ruptura con el petrismo, al que antes respaldó de manera abierta.

Serna remarcó que su apoyo político fue genuino y sin retribución económica. “A mí nunca me dieron ni un peso, pero lo dimos todo y ganó”, señaló, antes de resumir su distancia actual con esa orilla: “Fui petrista, no del pacto histórico, fui petrista. Ahora no, no soy de ningún partido”.

Su lectura sobre la judicialización de algunos jóvenes también fue crítica. Aseguró que hubo participantes a los que describió como mediadores dentro de las protestas y que, sin embargo, terminaron presos. Sobre dos de ellos, dijo que eran “pelados estudiados” que actuaban para contener daños y mantener el control en las manifestaciones.

Para Serna, esos casos evidencian una contradicción entre el discurso político y lo que finalmente enfrentaron varios participantes del estallido. “Los catalogaron como delincuentes, los metieron presos”, expresó. Ese contraste ha sido una constante en el debate colombiano desde 2021, cuando distintos sectores reivindicaron la protesta como expresión social, mientras otros insistieron en su carácter vandálico o desestabilizador.

El quiebre con el Pacto Histórico, según su relato, se profundizó en un episodio ocurrido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando se encontró con el senador Wilson Arias y le pidió ayuda para gestionar un espacio con el entonces senador Gustavo Bolívar en favor de un proyecto juvenil. La intención, explicó, era conseguir respaldo para una iniciativa dirigida a los jóvenes.

“Le dije, mire, necesito que me ayude con Gustavo Bolívar, necesitamos hacer algo por los jóvenes”, contó. La respuesta que recibió, de acuerdo con su versión, fue: “No tengo nada que ver y yo en eso no me meto”.

Para la lideresa, esa reacción condensó el trato que recibió de la dirigencia del Pacto Histórico. Según planteó, le resultó incomprensible que no quisieran involucrarse en un asunto vinculado con quienes, en sus palabras, “dieron todo” para que ese gobierno llegara al poder.

Su conclusión sobre el resultado del estallido es desigual. “Algunos salieron beneficiados, pero otras personas de verdad que merecían haber tenido cargos, oportunidades más grandes y todo, no, siento que no”, afirmó.

Con el tiempo, Serna fue desplazando su vínculo político hacia otros referentes. El giro más marcado de su relato fue su acercamiento al expresidente Álvaro Uribe, a quien decidió buscar después de no encontrar respaldo del gobierno de izquierda para su proyecto social “Jóvenes Semillas en Ruta”. La iniciativa, explicó, está enfocada en niños y jóvenes en riesgo por el “chacaleo” y el “güireo” en el Distrito de Aguablanca.

Serna dijo que Uribe le propuso sentarse a hablar y que esa disposición la llevó a aceptar un encuentro pese a su vieja confrontación con él. “Yo tanto que le hice la guerra a ese señor, tanto que peleamos con ese señor, y si él quiere, pues nos sentamos a hablar con él”, recordó.

Según su testimonio, el expresidente le expresó que quería “aportar algo diferente” porque sentía que no podían seguir peleando. Ese acercamiento llegó incluso a una visita a la Calle 21, en el Jarillón de Aguablanca, donde —siempre según Serna— fue recibido por jóvenes de pandillas, exintegrantes de la Primera Línea y habitantes del sector “con toda la decencia del mundo”.

Más allá de la política nacional, el recorrido de liderazgos comunitarios como el de Serna refleja una constante en Cali y en otros centros urbanos: la disputa por la representación de los jóvenes y por la capacidad real del Estado para transformar territorios marcados por la exclusión. En Colombia, tras grandes movilizaciones sociales, suele repetirse una tensión conocida: la euforia de la calle da paso a la lenta administración de expectativas, y allí suelen surgir las mayores decepciones.

Serna aseguró que su postura le costó amenazas. “Comenzaron a decirme que merecía que me muriera, que me querían hacer de todo, palabras horribles”, relató.

La lideresa también confirmó que apoyó la candidatura del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella y rechazó las versiones según las cuales recibió dinero por orientar votos hacia esa campaña presidencial. “No me ha pagado nada, no lo conozco personalmente (...) a mí nadie me pagó nada, yo fui de corazón”, afirmó.

Sobre la instalación de sedes alternas de gobierno en Cali, se mostró optimista y pidió no prejuzgar la decisión. La definió como “una oportunidad muy grande” para la ciudad y sostuvo que puede convertirla en un “foco principal a nivel mundial”.

Consultada sobre un eventual nuevo ciclo de protestas, insistió en que ese escenario dependerá de cómo actúe la nueva presidencia. Esa visión coincide con una tendencia observada en los últimos años: la protesta social no desapareció, pero sí mutó en intensidad, formas de organización y capacidad de convocatoria, en parte por el desgaste de los liderazgos, la judicialización de participantes y el aprendizaje político posterior a 2021.

También expresó malestar por escándalos que han golpeado al Gobierno nacional, como el caso de Juliana Guerrero, y cuestionó las versiones oficiales sobre su formación académica. Su crítica final volvió al punto de partida: jóvenes con talento y capacidades que, según ella, terminaron sin los cargos ni las oportunidades que se les habían prometido.

Análisis y proyecciones: el caso de Serna muestra el costo político de las expectativas desmedidas cuando un movimiento social logra traducirse en poder institucional. En Colombia, los gobiernos que llegan respaldados por la movilización suelen enfrentar una doble presión: satisfacer a sus bases y, al mismo tiempo, gobernar con límites fiscales, burocráticos y jurídicos. Si esas promesas no se concretan, la desilusión puede fragmentar apoyos, debilitar coaliciones y reactivar liderazgos territoriales autónomos. En escenarios como el de Cali, donde confluyen desigualdad, economías ilegales, desempleo juvenil y memoria de la protesta, la gobernabilidad dependerá menos de los discursos y más de la capacidad de producir resultados visibles en empleo, educación, seguridad y participación.

Evolución reciente del tema: desde 2021, la Primera Línea pasó de ser una expresión central de resistencia callejera a convertirse en un símbolo disputado entre reivindicación social y criminalización. En ese proceso, varios actores que respaldaron el cambio político se distanciaron del petrismo al sentir que las promesas no llegaron a los territorios. Al mismo tiempo, figuras como Serna migraron hacia posturas pragmáticas o de oportunidad, buscando aliados en sectores antes adversarios. Esa reconfiguración evidencia que el mapa político surgido del estallido ya no es el mismo: hoy pesa más la decepción por la gestión y la necesidad de resultados concretos que la épica de la movilización.