Molina impulsa derogar apartes de la Ley de Paz Total
Simón Molina presentó en el Congreso un proyecto para derogar apartes de la Ley 2272 de 2022 y limitar beneficios a estructuras criminales no políticas. La iniciativa reabre el debate sobre los alcances de la llamada paz total y el lugar de las víctimas.“La paz no puede convertirse en una excusa para la impunidad”, advirtió Simón Molina al presentar en el Congreso una iniciativa que busca recortar los alcances de la Ley 2272 de 2022, en un debate que recuerda que Colombia lleva décadas intentando combinar negociación y justicia sin lograr una fórmula definitiva.
El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes radicó un proyecto de ley orientado a derogar apartes de la norma conocida como Ley de Paz Total, impulsada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La propuesta pretende que las estructuras criminales de origen no político no reciban tratamiento político. Además, establece que, una vez entre en vigencia la reforma, se reanuden las medidas de aseguramiento y las condenas que hoy continúan suspendidas en favor de integrantes de organizaciones criminales.
Molina sostiene que la intención es fijar reglas claras para futuras negociaciones de paz y evitar que cabecillas de organizaciones criminales accedan a beneficios sin responder ante la justicia.
“Ningún gobierno puede dejar en impunidad los delitos de las cabecillas de las organizaciones criminales, ni puede arrancar un proceso de paz hasta que se tramite en Colombia una ley de sometimiento a la justicia con reglas claras y sin impunidad. En nombre de la paz, los gobiernos no pueden andar inventando excusas para que los criminales pasen libres por nuestras calles”, declaró el congresista del partido Creemos.
El proyecto también apunta a los beneficios que, de acuerdo con el representante, permitieron levantar órdenes de captura contra jefes del ELN, disidencias y el Clan del Golfo.
El anuncio fue hecho por Simón Molina desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde permanecen cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Ese penal ha estado ligado a la discusión sobre la llamada paz urbana, una iniciativa de diálogo que ha generado polémica por sus alcances y por el temor de que termine normalizando privilegios para estructuras delincuenciales.
Incluso, el representante antioqueño afirmó que la política impulsada por el presidente saliente Gustavo Petro dejó en segundo plano a las víctimas de las organizaciones criminales.
“Nuestro compromiso es con las víctimas y con los colombianos que exigen seguridad. Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos. La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley”, puntualizó.
Análisis y proyecciones: El choque alrededor de la Ley de Paz Total refleja una tensión histórica de la política colombiana: ampliar canales de sometimiento o negociación para reducir la violencia, sin desdibujar el castigo penal ni la reparación a las víctimas. En los últimos años, el debate se ha desplazado desde los diálogos con insurgencias hacia el tratamiento de estructuras criminales urbanas y economías ilegales, lo que ha profundizado las críticas sobre los límites jurídicos de esas iniciativas. Si prospera una reforma como la planteada por Molina, el Ejecutivo podría enfrentar mayores restricciones para conceder beneficios y suspender medidas judiciales, mientras que sus promotores sostienen que ello daría más seguridad jurídica y legitimidad a cualquier mesa futura. También es previsible que el eje de la discusión vuelva a estar en la distinción entre paz, sometimiento a la justicia y verdad para las víctimas, tres conceptos que suelen chocar en el Congreso y en la opinión pública.
Evolución del debate: Desde la llegada de Gustavo Petro al poder, la política de “paz total” pasó de ser una apuesta amplia para abrir múltiples frentes de diálogo a enfrentar crecientes cuestionamientos por sus resultados y por el alcance de los beneficios otorgados. En paralelo, sectores opositores endurecieron su postura y comenzaron a insistir en que no puede haber tratamiento político para organizaciones de origen estrictamente criminal. Esa evolución explica que hoy el debate ya no se centre solo en la desmovilización, sino también en la capacidad real del Estado para imponer condiciones, garantizar justicia y evitar que la negociación se perciba como un atajo frente a delitos graves.
