Nasca: qué puede derivar en una investigación penal tras la tragedia aérea

• Internacionales
• 04-08-2026

“La historia de la aviación demuestra que, detrás de cada accidente, rara vez hay una sola causa”, una premisa que resume el punto de partida de toda investigación seria sobre una tragedia aérea. En el caso de Nasca, el foco está puesto en distinguir si el hecho fue fortuito o si existieron fallas humanas, técnicas o de supervisión que puedan activar una causa penal.

La tragedia aérea en Nasca ha dejado abiertas múltiples preguntas sobre las responsabilidades legales de los distintos actores involucrados. El penalista Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra, explicó los criterios que permiten diferenciar un hecho fortuito de un suceso que podría derivar en una investigación penal, además de los posibles alcances jurídicos para empresas y responsables directos.

Diferenciar accidente fortuito de responsabilidad penal

El primer punto que debe analizarse en la investigación de un accidente aéreo es si se está ante un hecho fortuito o si existen elementos que justifiquen una indagación penal. Según Correa, la clave está en establecer con precisión las causas. Si el origen fue un error humano o una falla material, corresponde verificar, entre otros aspectos, si la avioneta recibió el mantenimiento adecuado.

La falta de revisiones periódicas podría entenderse como un aumento de un riesgo no permitido y, en consecuencia, abrir la puerta a una investigación por negligencia. En el derecho penal moderno, este tipo de análisis se vincula con la previsibilidad del daño y con el deber de cuidado exigible a quienes operan actividades especialmente peligrosas, como la aviación comercial o turística.

Si se confirma una falla técnica en la aeronave, Correa señala que la Fiscalía deberá probar cuál fue la avería exacta, cómo se originó, si era detectable antes del vuelo, si la aeronave registraba antecedentes de fallas, si cumplía con las condiciones para volar y si había recibido las inspecciones reglamentarias. Cada uno de esos puntos resulta decisivo para atribuir responsabilidad penal.

Alcance de la responsabilidad penal

La omisión de inspecciones, la autorización de vuelos sin verificar el estado de la aeronave, la operación en condiciones meteorológicas incompatibles o el incumplimiento de protocolos de emergencia pueden constituir conductas penalmente relevantes.

La responsabilidad penal no recae exclusivamente sobre el piloto. De acuerdo con el letrado, depende de la función y del deber de garante que tengan los directivos y responsables de la empresa, en este caso Aerodiana. Si se comprueba que existieron omisiones en sus funciones o falta de supervisión, también podrían ser incluidos en un eventual proceso penal.

“Todo depende de la función y el deber de garante que ostente el directivo”, manifestó.

Consecuencias penales ante deficiencias en protocolos

En caso de comprobarse deficiencias en los protocolos de seguridad, las consecuencias pueden incluir la tipificación de homicidio culposo, además de la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas. El proceso judicial deberá determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado y el alcance de la reparación civil correspondiente.

En términos jurídicos, este tipo de causas suele apoyarse en una reconstrucción minuciosa de la cadena de decisiones previas al siniestro. En la aviación, la documentación técnica y operativa suele ser tan importante como el testimonio de los sobrevivientes o de los expertos, porque permite reconstruir si el accidente fue inevitable o si hubo fallas evitables en la administración del riesgo.

Para establecer si existió negligencia u omisión, resultan fundamentales documentos como la bitácora del avión, las órdenes de trabajo, los registros de inspecciones y reparaciones, el plan de vuelo, los antecedentes del piloto y de la empresa operadora, los reportes meteorológicos al momento del accidente y las pericias técnicas.

Cuando las víctimas son extranjeras, los familiares deben constituirse en el proceso judicial abierto en el país donde ocurrió el accidente. Para acceder a la indemnización, deben solicitar ser incorporados como actores civiles ante las autoridades peruanas.

En paralelo, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) de Perú dispone de un plazo de 30 días para presentar un informe preliminar sobre el accidente. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones notificó a las autoridades de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania para que designen representantes de cada país y puedan colaborar en la investigación.

Análisis y proyecciones

La experiencia internacional muestra que, en siniestros aéreos con víctimas múltiples, la discusión suele dividirse en dos carriles: uno técnico-administrativo, orientado a determinar causas y recomendaciones de seguridad, y otro penal, centrado en la responsabilidad individual o corporativa. Si la investigación confirma fallas de mantenimiento, controles insuficientes o autorizaciones irregulares, el caso podría profundizar la revisión de los estándares operativos de vuelos turísticos en zonas de alta demanda como Nasca.

También es probable que el expediente derive en un mayor escrutinio sobre la supervisión estatal y sobre los protocolos internos de las empresas que operan este tipo de servicios. En este tipo de causas, la eventual sanción penal no sustituye la reparación civil, pero sí puede marcar un precedente sobre el deber de control que pesa sobre operadores, directivos y autoridades competentes.

Evolución del caso y de las posiciones

En las primeras etapas de una tragedia aérea, la prioridad suele ser rescatar, identificar víctimas y preservar evidencia. Con el avance del caso, el eje se desplaza hacia la trazabilidad de las decisiones previas al vuelo, la calidad de las inspecciones y la conducta de quienes tenían capacidad de evitar el resultado. En ese recorrido, la posición de las empresas suele pasar de la respuesta operativa inmediata a la necesidad de demostrar cumplimiento normativo, mientras que las autoridades refuerzan la tarea de auditoría y cooperación internacional.

En este caso, la intervención de la CIAA y el pedido de representantes de varios países reflejan una práctica consolidada en investigaciones aeronáuticas con víctimas extranjeras: ampliar la cooperación para reconstruir el hecho con precisión técnica y jurídica. A medida que avancen las pericias, será posible determinar si la tragedia quedó en el terreno del accidente o si se encamina hacia una imputación penal por omisiones evitables.