Cribado de cáncer de mama en Andalucía: cruce político tras el archivo judicial
La Junta defendió el archivo judicial de las denuncias por presuntos fallos en el cribado de cáncer de mama y apuntó contra la oposición. Desde el PSOE-A, en cambio, insisten en que la responsabilidad política y sanitaria no queda cerrada.
“La prevención salva vidas”, repiten desde hace décadas las campañas de salud pública sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuya detección temprana cambió de manera decisiva el pronóstico de millones de mujeres en todo el mundo. En ese marco, el debate abierto en Andalucía por los cribados volvió a colocar en el centro de la escena la confianza en el sistema sanitario y el costo político de sus fallas.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, pidió a los partidos de la oposición que “dejen de atacar” a los profesionales sanitarios tras conocerse el archivo judicial de todas las denuncias vinculadas con el cribado del cáncer de mama.
“Una vez más, la oposición ha pinchado en hueso, quienes siempre han querido usar la sanidad pública andaluza para atacar al Gobierno y sacar rédito político”, sostuvo el vicepresidente en un audio difundido este martes a los medios de comunicación.
En esa línea, defendió que la Fiscalía “ha confirmado lo que desde el minuto uno ha dicho la Junta” y aseguró que se avisó “a todas y cada una de las mujeres”. “En dos meses todas tenían realizada la prueba correspondiente”, reafirmó.
Además, destacó una inversión de más de 100 millones de euros para reforzar los cribados en la comunidad y la contratación del 90% de los 705 profesionales a los que se comprometió el Ejecutivo autonómico.
“La prevención del cáncer de mama ha sido y será una prioridad para este Gobierno y seguimos avanzando para ampliar el tramo de edad, para incorporar la inteligencia artificial a la lectura de diagnósticos, como vamos a hacer en todas las unidades de cáncer de mama y vamos a seguir humanizando un proceso que salva vidas”, subrayó.
Ante este escenario, Sanz reiteró a la oposición que “cese su estrategia electoralista de acoso y derribo de la sanidad pública andaluza” y aseguró que “han fracasado en su estrategia de ataque político y jurídico”.
El contraste con el PSOE-A
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, afirmó que, pese al archivo, “no acaba la negligencia política y responsabilidad sanitaria” del Ejecutivo andaluz en este asunto.
“Seguimos sin saber si esas mujeres están siendo a día de hoy atendidas”, señaló Férriz en una nota de prensa difundida por el partido, al tiempo que remarcó que “no hay informes médicos, no hay absolutamente nada, se niegan a una comisión de investigación en el Parlamento”.
“No vamos a dejar de pelear porque se sepa la verdad, porque de no haber sido por esa denuncia muchas mujeres a día de hoy en Andalucía estarían desarrollando un cáncer que se podía haber evitado”, subrayó.
Antecedentes del caso y alcance de las denuncias
En los últimos meses, las fiscalías provinciales fueron archivando las denuncias presentadas en su momento por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, al no haberse encontrado indicios de delito.
La Fiscalía Superior de Andalucía archivó en febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, todos ellos aforados. A la vez, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado, para que continuaran con la investigación de manera individualizada.
Las denuncias trasladadas a las distintas fiscalías provinciales aludían a presuntas fallas en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no concluyentes o dudosos, la falta de comunicación de las pruebas realizadas, la ausencia de atención médica por parte de los médicos de atención primaria, la imposibilidad de identificar a las víctimas por falta de datos personales, teléfono o correo electrónico en las bases del sistema sanitario, o la derivación de la atención al sistema de salud privado.
La Administración sanitaria acotó en 2.317 las mujeres afectadas por la polémica vinculada con los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía.
Análisis y proyecciones
El caso expone una tensión recurrente en los sistemas públicos de salud: cuando un programa de prevención falla, el debate deja de ser solo técnico y pasa a ser también político, judicial y de confianza institucional. En términos sanitarios, los cribados de cáncer de mama son una de las herramientas más valiosas para reducir mortalidad, pero dependen de circuitos de citación, seguimiento y comunicación que deben funcionar con precisión; si se quiebran, el daño no es solo administrativo, sino también emocional y clínico. En términos políticos, la discusión suele desplazarse rápidamente desde la responsabilidad operativa hacia la disputa por el relato: si hubo error estructural, desidia, o una gestión insuficiente de recursos y controles.
Evolución reciente de la postura de los actores
En la evolución del conflicto, la Junta ha pasado de la defensa inicial del programa a una ofensiva explícita para cerrar el frente judicial y reivindicar mejoras presupuestarias y tecnológicas, insistiendo en que el sistema respondió y que las mujeres fueron avisadas. El PSOE-A, en cambio, endureció su postura al sostener que el archivo no desactiva la dimensión política del caso y al reclamar explicaciones sobre la atención efectiva a las pacientes y sobre la negativa a crear una comisión de investigación. Así, el eje del conflicto se desplazó desde la denuncia puntual por presuntas irregularidades hacia una disputa más amplia sobre transparencia, rendición de cuentas y capacidad del sistema para garantizar diagnósticos a tiempo.
De cara a los próximos meses, el principal impacto podría darse en dos planos: por un lado, la gestión sanitaria, con mayor presión para robustecer el rastreo de pacientes, los sistemas de notificación y el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial; por otro, el plano institucional, donde la oposición intentará mantener vivo el caso como ejemplo de fallos en la sanidad pública y el Gobierno buscará capitalizar el archivo judicial como validación de su versión. En ese cruce, la percepción ciudadana sobre la calidad de la sanidad andaluza será tan determinante como los propios expedientes judiciales.
