Paro de prácticos y fuerte cruce con la Armada por el decreto de Sturzenegger
Los prácticos paralizaron los puertos en rechazo al decreto que impulsa Federico Sturzenegger para desregular su actividad. La medida abrió un conflicto con la Armada, los empresarios del sector y la Prefectura Naval.“En el mar, como en la física, toda acción tiene una reacción”: la frase podría describir el nuevo choque en los puertos argentinos, donde la desregulación del practicaje y pilotaje reactivó una disputa histórica entre eficiencia logística, control estatal y seguridad náutica.
Los prácticos resolvieron paralizar la actividad portuaria en repudio al decreto impulsado por Federico Sturzenegger, que apunta a modificar de manera profunda el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una función esencial para la navegación en puertos y vías fluviales.
Según se había anticipado en abril, el Gobierno promueve una norma orientada a reducir costos en el comercio exterior, aunque la iniciativa encendió fuertes alarmas en la Armada por su posible impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector, ya que habilita una mayor libertad de navegación para buques de empresas extranjeras.
La propuesta también provocó malestar entre los empresarios del rubro, al introducir un cambio central en el esquema tarifario: limita la intervención estatal en la fijación de precios y avanza hacia una apertura más amplia para la operatoria de buques extranjeros, con menor supervisión.
El Gobierno apuesta a que la medida ayude a bajar los costos logísticos, uno de los reclamos más persistentes del sector exportador. Sin embargo, en los ámbitos militares el debate gira en torno a un interrogante de fondo: hasta qué punto desregular mejora la eficiencia sin debilitar el control estatal en áreas consideradas sensibles.
Fernando Morales, perito naval y presidente de la Liga Naval, sostuvo que “lo único que desregula el decreto es la seguridad náutica” y advirtió que la norma amplía la eslora de los buques que podrían circular por aguas argentinas sin tomar prácticos, con el riesgo que ello implica.
Además, explicó que la iniciativa desregula la obligatoriedad de que el práctico sea siempre un ciudadano argentino, al permitir que capitanes extranjeros acrediten mediante declaración jurada que, en los últimos tres años, atravesaron al menos diez veces una determinada zona para prescindir del servicio. Morales remarcó que el práctico actúa como delegado de la autoridad pública y cumple funciones equiparables a las de un funcionario estatal a bordo de un buque extranjero, por lo que la medida introduce, a su entender, una selección arbitraria sobre qué naves serán auditadas por un representante del Estado Nacional y cuáles no.
Morales también cuestionó el argumento oficial de que los prácticos cobran sumas millonarias y encarecen la producción argentina. “Es una gran mentira”, afirmó, al señalar que el productor sojero no le vende directamente a un gran acopiador, sino a las grandes cerealeras, entre ellas Cargill y Bunge.
