Crisis en la Justicia Federal de Córdoba: investigan a dos camaristas por dádivas y maniobras internas
La Justicia Federal de Córdoba quedó bajo una presión inédita tras la apertura de dos investigaciones penales contra los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Los expedientes apuntan a un presunto esquema de favores, viajes en avión privado y maniobras internas en la Cámara.En la historia del derecho argentino, pocos episodios combinan con tanta tensión el problema de la imparcialidad judicial y el vínculo con los intereses económicos como el que hoy golpea a la Cámara Federal de Córdoba. La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la confianza pública en la Justicia es un bien institucional esencial; cuando esa credibilidad se erosiona, el daño trasciende a los tribunales y alcanza al sistema democrático en su conjunto.
La Justicia Federal de Córdoba atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, pareja entre sí, quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, en conjunto, amenazan con alterar el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y exponer un presunto entramado de favores con el poder económico.
La última ofensiva se conoció este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, impulsaron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.
El expediente plantea que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenía en causas vinculadas con empresarios relacionados con la aeronave utilizada para el traslado.
Esa nueva causa se suma a otra investigación iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya son investigados por una presunta manipulación de la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, en especial causas tributarias y penales contra empresarios.
La hipótesis de la fiscalía describe un mismo patrón: el uso de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en expedientes sensibles y una eventual contraprestación indebida proveniente de sectores empresarios beneficiados por resoluciones judiciales favorables.
La pesquisa más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi volaron desde Córdoba a Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.
Los fiscales estimaron que un viaje de esas características cuesta cerca de 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico habría rondado los 34.000 dólares.
La principal incógnita sigue siendo quién pagó ese traslado.
Los allanamientos practicados hasta ahora no permitieron identificar al presunto financista, aunque la fiscalía detectó vínculos societarios que conducen a dos grupos empresariales con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.
La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación también sostiene que integrantes de la familia Porta siguieron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la empresa.
Ese dato cobró relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental promovido por vecinos de barrio San Antonio, en la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.
En varias oportunidades, la camarista votó en disidencia frente al resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.
Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.
La segunda línea investigativa apunta al Grupo Astori.
De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.
Esta compañía aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi siguieron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse, pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.
Para los fiscales, esos elementos bastan para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.
Pero el expediente por el vuelo privado no es el único frente judicial que enfrentan los camaristas.
En abril, Hairabedián y Turano promovieron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.
En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado de manera deliberada la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, en particular investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.
La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar la composición natural de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber favorecido a grandes empresarios en causas por evasión.
Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.
En los tribunales federales, nadie recuerda un escenario semejante.
La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones de los juzgados federales de la provincia. Allí se tramitan causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.
La evolución del caso muestra un cambio drástico en la posición de los actores involucrados. Hasta hace poco, Sánchez Torres conservaba proyección dentro del sistema judicial y buscaba consolidar apoyos políticos para llegar a la Corte Suprema; sin embargo, la apertura de estas causas modificó por completo ese escenario. En paralelo, la fiscalía pasó de una hipótesis basada en presuntas irregularidades internas a una investigación más amplia sobre posibles beneficios indebidos y vínculos con empresarios de peso en la provincia.
Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.
Las investigaciones frustraron la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio camarista le había expuesto su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás, donde intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo respaldara en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada coincidió, además, con la caída de Ariel Lijo.
Análisis y proyecciones: si las hipótesis fiscales avanzan, el caso podría derivar no solo en consecuencias penales, sino también en un fuerte impacto institucional para la Justicia Federal cordobesa. En este tipo de causas, las pruebas sobre viajes, vínculos societarios y eventuales conflictos de interés suelen adquirir gran peso indiciario, sobre todo cuando se combinan con decisiones judiciales previas que favorecieron a los mismos actores bajo sospecha. De confirmarse una relación indebida entre magistrados y empresarios, el expediente podría abrir la puerta a pedidos de apartamiento, auditorías patrimoniales y un endurecimiento de los controles sobre excusaciones y distribución de causas. En términos más amplios, el caso reaviva un debate clásico en la Argentina: cómo blindar la independencia judicial frente a las presiones del poder económico sin comprometer la eficacia del sistema.
En los últimos años, la discusión sobre la transparencia en la Justicia federal se intensificó por distintas investigaciones vinculadas a viajes, visitas y relaciones personales entre jueces, funcionarios y empresarios. Ese clima empujó a varios tribunales a reforzar mecanismos de registración y control, aunque la percepción pública de opacidad siguió siendo un problema estructural. La situación de Córdoba se inscribe en esa tendencia: una Cámara clave para causas sensibles quedó ahora bajo un escrutinio que podría redefinir tanto la carrera de sus integrantes como la confianza en sus decisiones futuras.
