El precio de mirar para otro lado: cuando el silencio convierte el abuso en normalidad
Una parte del electorado republicano rechaza los insultos, los excesos y el deterioro institucional del Gobierno, pero continúa justificándolos por temor al regreso del kirchnerismo. Esa tolerancia puede dejar una huella más profunda que cualquier resultado económico.
La degradación institucional rara vez ocurre de un día para otro. No suele comenzar con una ruptura espectacular, sino mediante la reiteración de pequeños abusos que, con el tiempo, dejan de provocar indignación.
Primero llega el insulto. Después, la amenaza. Más tarde, la descalificación de periodistas, opositores, empresarios, artistas o mandatarios extranjeros. Finalmente, la sociedad incorpora esos comportamientos al paisaje cotidiano y comienza a explicarlos mediante una frase aparentemente inofensiva: “Milei es así”.
Esa naturalización representa uno de los principales riesgos políticos de la Argentina.
No porque Javier Milei sea el primer presidente confrontativo de la historia ni porque las administraciones anteriores hayan respetado siempre las instituciones. El problema es que una parte de la sociedad que se identifica con valores republicanos observa los excesos, los rechaza en privado y, sin embargo, decide mirar hacia otro lado.
Lo hace por temor a que cualquier crítica fortalezca al kirchnerismo. También porque sospecha que, cuando llegue el momento de votar, volverá a elegir al Presidente ante la ausencia de una alternativa que considere aceptable.
El resultado es una forma de tolerancia resignada: se condenan los métodos, pero se acompaña el proyecto; se cuestionan los insultos, pero se justifica al insultador; se advierten los riesgos institucionales, pero se considera que todavía existe un peligro mayor.
El antikirchnerismo como permiso permanente
Milei no llegó solo al poder. Además de su núcleo libertario, recibió en el ballotage de 2023 el respaldo de millones de ciudadanos que no compartían sus formas ni toda su ideología.
Lo votaron para impedir el regreso o la continuidad del kirchnerismo. Esperaban equilibrio fiscal, reducción de la inflación, respeto por la propiedad privada y una economía más previsible.
Muchos imaginaban que la Presidencia moderaría al candidato. Confiaban en que las instituciones, el Congreso y la responsabilidad del cargo limitarían sus impulsos.
La transformación no ocurrió.
El estilo confrontativo permaneció y, en algunos momentos, se intensificó. Los insultos dejaron de ser una herramienta de campaña para convertirse en parte de la comunicación presidencial.
La pregunta para ese electorado ya no es si aprueba las formas. Evidentemente, una porción importante las rechaza. El dilema es cuánto está dispuesto a tolerar con tal de evitar el regreso de aquello que considera peor.
El antikirchnerismo funciona así como una autorización tácita. Cada exceso puede ser relativizado porque enfrente aparecen Cristina Kirchner, La Cámpora o dirigentes asociados con experiencias económicas y políticas rechazadas.
Pero una república no puede sostenerse mediante la elección permanente del mal menor. Mucho menos cuando el temor al adversario termina otorgando impunidad moral al propio espacio.
El desencanto ya aparece en las encuestas
El deterioro entre los votantes que acompañaron a Milei únicamente en la segunda vuelta comenzó a reflejarse en distintos estudios.
El descenso de las expectativas es especialmente marcado entre los antiguos electores de Juntos por el Cambio, sectores independientes y ciudadanos identificados con una tradición institucionalista.
No solamente los incomodan las expresiones presidenciales. También los afecta la falta de recuperación de la economía cotidiana.
El Gobierno consiguió ordenar las cuentas públicas, reducir la inflación y evitar una crisis cambiaria. Sin embargo, esas mejoras todavía no se tradujeron plenamente en salarios, consumo, actividad industrial y sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas.
El votante que aceptó un sacrificio inicial esperaba que el orden macroeconómico abriera una etapa de crecimiento. Cuando esa recuperación demora en llegar, la tolerancia política comienza a agotarse.
El problema para el oficialismo es que el desencanto económico se combina con el desgaste institucional. Si la sociedad no encuentra mejoras materiales, los insultos que antes podían interpretarse como una extravagancia empiezan a percibirse como un síntoma de impotencia.
La agresión como método para recuperar la agenda
Cada vez que el Gobierno pierde la iniciativa, Milei vuelve al terreno donde se siente más cómodo: la confrontación.
La estrategia consiste en elevar el volumen, señalar adversarios y obligar al sistema político y mediático a responder. De esa manera, el Presidente recupera el centro de la escena y desplaza momentáneamente las discusiones económicas.
La táctica le dio resultados durante su ascenso político. Mientras sus competidores buscaban moderación, Milei capturaba la atención mediante intervenciones imprevisibles y desbordadas.
El problema es que un recurso eficaz para ganar una campaña puede volverse peligroso cuando se utiliza desde el Estado.
Un candidato puede provocar. Un presidente también representa al país, conduce su política exterior y administra herramientas capaces de afectar derechos concretos.
Cuando un mandatario insulta a otro jefe de Estado, el daño no queda limitado a una discusión personal. Puede deteriorar relaciones comerciales, dificultar acuerdos diplomáticos y reducir la capacidad de negociación del país.
Brasil no es solamente el territorio gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva. Es uno de los principales socios económicos de la Argentina. La relación bilateral no puede administrarse como una pelea en las redes sociales.
El nacionalismo descubierto por conveniencia
El Mundial y el partido contra Inglaterra despertaron un sentimiento de unidad nacional que atravesó sectores políticos, sociales y generacionales.
La reivindicación de Malvinas, el acompañamiento a la selección y la reacción frente a las acusaciones internacionales colocaron al Gobierno ante un fenómeno que inicialmente no formaba parte de su identidad.
Milei había expresado admiración por Margaret Thatcher y sostenido una visión cosmopolita, individualista y crítica de los nacionalismos. Sin embargo, ante la expansión de la denominada “ola antiargentina”, el oficialismo adoptó rápidamente un discurso patriótico.
La transformación desembocó en medidas destinadas a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros acusados de difundir mensajes de odio contra el país.
La contradicción es evidente. Un gobierno que se define como liberal propone utilizar el poder estatal para castigar opiniones. Además, la norma deja un amplio margen para decidir qué constituye un mensaje de odio contra la Argentina.
La defensa de la Nación no debería convertirse en una autorización para restringir la libertad de expresión.
Tampoco resulta coherente denunciar discursos hostiles mientras la comunicación oficial utiliza diariamente la agresión como herramienta política.
Una economía con ganadores y perdedores
El Gobierno exhibe como principales logros el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y la disminución de la inflación.
Son avances importantes, especialmente en un país acostumbrado a déficits, emisión y crisis recurrentes. Pero no resultan suficientes para construir un proceso de desarrollo sostenible.
La expansión se concentra en sectores como el agro, la energía y la minería. Mientras esas actividades atraen inversiones y generan exportaciones, gran parte de la industria, el comercio y las pymes continúa enfrentando dificultades.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reclamó un crecimiento más equilibrado y pidió prestar atención al consumo, las familias, las pequeñas empresas, la infraestructura y la educación.
La advertencia resulta paradójica: hasta el FMI plantea la necesidad de políticas que el núcleo anarcocapitalista suele considerar intervencionistas.
El mercado puede asignar recursos y generar oportunidades, pero no resuelve automáticamente todos los desequilibrios territoriales y sociales. Ningún país se desarrolló solamente desregulando.
La infraestructura, la educación, la seguridad jurídica y la transparencia requieren un Estado capaz, limitado y profesional. Reducir sus abusos no equivale a destruir sus funciones fundamentales.
La república no se defiende en silencio
La mayor responsabilidad no corresponde solamente al Gobierno. También alcanza a quienes conocen los riesgos y prefieren callar.
Dirigentes, empresarios, intelectuales y votantes que se consideran republicanos relativizan conductas que habrían condenado con dureza si provinieran de otra administración.
Afirmar que el Presidente “actúa con convicción” no responde al problema. Los líderes autoritarios también suelen actuar convencidos de sus decisiones.
Decir que “Milei está siendo Milei” tampoco constituye una explicación suficiente. La autenticidad personal no reemplaza la responsabilidad institucional.
La Presidencia no es un escenario para que alguien exprese sin límites su temperamento. Es una función regulada por la Constitución, las leyes y una tradición de convivencia democrática.
Quienes guardan silencio para proteger el rumbo económico deberían preguntarse cuánto puede sostenerse ese rumbo si se deterioran las instituciones encargadas de garantizarlo.
No existe estabilidad duradera sin independencia judicial, libertad de prensa, controles parlamentarios y reglas previsibles.
El riesgo de una Justicia alineada
Las discusiones sobre la reorganización judicial merecen una atención especial.
La Argentina tiene una larga historia de intentos gubernamentales por influir sobre jueces, fiscales y tribunales. Cambiaron los partidos, pero la tentación se mantuvo.
Durante el menemismo se habló de una “mayoría automática” en la Corte Suprema. En otros períodos, las disputas por magistrados, organismos de control y causas sensibles volvieron a despertar sospechas.
Cualquier modificación del Poder Judicial debería aumentar su independencia, transparencia y eficacia. Si las reformas se utilizan para construir lealtades o garantizar protección política, el daño puede extenderse mucho más allá de un mandato presidencial.
La sociedad suele reaccionar tarde ante esos procesos. Cuando descubre que los controles dejaron de funcionar, las nuevas estructuras ya están consolidadas.
Por eso la vigilancia institucional no puede suspenderse hasta que termine la emergencia económica.
La normalización es el verdadero peligro
Los hábitos políticos funcionan como una acumulación silenciosa.
Un insulto que inicialmente escandaliza se vuelve habitual después de repetirse. Una amenaza que parecía inadmisible termina convertida en una simple noticia más. Una presión institucional tolerada abre el camino para la siguiente.
La sociedad desarrolla callos morales. Ya no reacciona con la misma intensidad porque el cansancio reemplaza a la indignación.
Ese acostumbramiento beneficia a cualquier poder. Cuando la ciudadanía deja de sorprenderse, el límite de lo permitido comienza a desplazarse.
La degradación democrática no siempre necesita censura formal ni clausura del Congreso. Puede avanzar mediante la fatiga, la resignación y la aceptación cotidiana de comportamientos que antes se consideraban incompatibles con la función pública.
Una falsa elección entre dos extremos
El kirchnerismo y el mileísmo se presentan mutuamente como pruebas de que no existe otra alternativa.
Cada uno necesita al adversario para disciplinar a sus propios desencantados. El mensaje es idéntico: se pueden cuestionar nuestros defectos, pero enfrente se encuentra algo peor.
Esa lógica mantiene atrapada a una parte importante de la sociedad.
La Argentina pasó de un liderazgo que dividía entre pueblo y antipatria a otro que separa entre defensores de la libertad y “zurdos”. Cambian las palabras, pero permanece la necesidad de construir enemigos internos.
La democracia debería permitir algo más que elegir entre dos formas de intolerancia.
Cuestionar al Gobierno no significa desear el regreso del kirchnerismo. Defender el equilibrio fiscal no obliga a aceptar insultos, crueldades o ataques institucionales.
Es posible apoyar una política económica y rechazar el modo en que se ejerce el poder. También es legítimo exigir una alternativa que combine responsabilidad fiscal, producción, educación, infraestructura y respeto republicano.
Cuando mirar hacia otro lado deja de ser neutral
El silencio nunca es completamente inocente.
Quien evita una crítica para no debilitar al Gobierno contribuye, aunque no lo desee, a ampliar sus márgenes de acción. Quien justifica un exceso porque teme al adversario ayuda a normalizarlo.
Los votantes republicanos que acompañaron a Milei tienen derecho a valorar los logros económicos y a rechazar al peronismo kirchnerista. Pero también tienen una responsabilidad particular: exigirle al Presidente los mismos límites que reclamaron durante administraciones anteriores.
La coherencia democrática se demuestra cuando los principios se aplican al propio espacio, no solamente al adversario.
Si la defensa de las instituciones depende de quién gobierna, entonces no se están defendiendo instituciones, sino intereses partidarios.
Antes de que sea demasiado tarde
El Gobierno todavía puede corregir su estilo, fortalecer los controles y construir una política económica más equilibrada. También puede abandonar la idea de que cada cuestionamiento forma parte de una conspiración.
La sociedad, por su parte, debe recuperar la capacidad de indignarse sin convertirse en rehén de la polarización.
No se trata de negar los logros ni de promover una crisis. Se trata de impedir que la búsqueda de estabilidad económica termine justificando una inestabilidad institucional más profunda.
Mirar para otro lado puede evitar una incomodidad momentánea. Pero no modifica aquello que está sucediendo.
Y cuando una sociedad gira demasiado tiempo la cabeza para no ver los abusos, puede descubrir finalmente que ya no se trata de una tortícolis pasajera: se ha acostumbrado a vivir sin mirar de frente.
