Córdoba: investigan a dos camaristas federales por dádivas y maniobras internas
La Cámara Federal de Córdoba quedó bajo una fuerte presión institucional tras la apertura de dos investigaciones penales contra Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Los fiscales les atribuyen presuntas maniobras internas y la eventual aceptación de beneficios indebidos vinculados con empresarios locales.“La Justicia no solo debe ser imparcial; también debe parecerlo”, recordaba el jurista romano Ulpiano hace siglos, y la máxima vuelve a cobrar fuerza en Córdoba, donde la Cámara Federal quedó envuelta en una de sus peores tormentas institucionales. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, pareja entre sí, pasaron a ser objeto de dos pesquisas penales que comprometen la credibilidad del principal tribunal federal de la provincia.
La última avanzada judicial se conoció este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos magistrados por el presunto delito de admisión de dádivas.
Según la hipótesis fiscal, la pareja habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenía en expedientes vinculados con empresarios que tendrían relación con la aeronave utilizada para el viaje. En la tradición del derecho argentino, la admisión de dádivas es una figura especialmente sensible porque afecta el núcleo de la confianza pública en la independencia judicial.
La nueva causa se suma a otra investigación abierta en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya eran indagados por una presunta manipulación de la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, en especial causas tributarias y penales contra empresarios. En ese proceso, la fiscalía busca determinar si existió un patrón reiterado de intervención en litigios de fuerte interés económico.
La línea central de los fiscales es la misma en ambos expedientes: el eventual uso de la estructura interna de la Cámara para incidir en causas sensibles y la posible recepción de contraprestaciones indebidas por parte de sectores empresarios eventualmente beneficiados por resoluciones judiciales. Ese tipo de sospechas, en términos institucionales, suele erosionar no solo la legitimidad de un tribunal sino también la percepción social sobre la igualdad ante la ley.
La investigación más reciente reconstruyó un viaje efectuado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. De acuerdo con los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.
Para los fiscales, un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico presuntamente recibido rondaría los 34.000 dólares.
La gran incógnita, sin embargo, sigue siendo quién financió el traslado. Hasta ahora, los allanamientos no permitieron identificar al supuesto pagador, aunque la fiscalía detectó una trama de vínculos societarios que apunta hacia dos grupos empresarios con fuerte peso en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.
La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación también señala que integrantes de la familia Porta habrían seguido utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía. En causas complejas, los cruces entre vínculos empresariales, uso de activos societarios y decisiones judiciales suelen ser uno de los puntos más sensibles para reconstruir posibles conflictos de interés.
Ese dato cobró especial relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, en la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.
En varias oportunidades, la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental. Ese tipo de pronunciamientos, en litigios ambientales, suele ser seguido con atención por su impacto directo sobre estándares de control, prevención y responsabilidad empresarial.
Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.
La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori. Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.
Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una prolongada disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse, pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio. En la práctica judicial argentina, la excusación ante posibles conflictos de interés es una de las herramientas básicas para resguardar la apariencia de imparcialidad.
Para los fiscales, esos elementos alcanzan para sospechar que los jueces habrían aceptado una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.
Pero el expediente por el vuelo privado no es el único frente judicial de los camaristas. En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra pesquisa sobre el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.
En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, especialmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.
La presentación sostiene que el mecanismo habría consistido en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, con el eventual beneficio para grandes empresarios en causas por evasión. Si se comprobara, la gravedad institucional sería notable porque no se trataría solo de una irregularidad administrativa, sino de una posible alteración del reparto natural de los jueces.
Ese expediente sumó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.
En los tribunales federales de Córdoba, nadie recuerda un escenario parecido. La Cámara Federal es el órgano revisor de las decisiones de los juzgados federales de la provincia y allí se tramitan causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país. Por eso, cualquier sospecha que comprometa a sus camaristas tiene un efecto que excede a las personas investigadas y alcanza a todo el sistema.
Análisis y proyecciones: si la fiscalía logra sostener la hipótesis de dádivas y de manipulación de salas, el caso podría derivar en un fuerte reordenamiento interno del fuero federal cordobés y en eventuales medidas patrimoniales sobre los magistrados. En términos institucionales, también podría abrir la puerta a planteos de nulidad en causas sensibles y a un debate más amplio sobre los controles disciplinarios del Poder Judicial, un problema que en Argentina reaparece cada vez que se cuestiona la cercanía entre jueces y actores económicos de peso. En paralelo, la presión pública y política suele crecer cuando aparecen señales de conflicto de interés en tribunales estratégicos, porque el costo reputacional se extiende a todo el sistema de justicia.
Evolución reciente del caso y de los actores: en los últimos años, la discusión sobre la independencia judicial en expedientes de fuerte contenido económico se volvió más intensa, con mayor escrutinio sobre viajes, vínculos societarios y excusaciones. En ese contexto, Sánchez Torres y Montesi pasaron de ser referentes de un tribunal clave a quedar en el centro de una sospecha que combina lo penal, lo administrativo y lo ético. Del lado de los empresarios mencionados, la situación también cambió: las relaciones que antes podían verse como vínculos de entorno hoy son leídas por los investigadores como posibles indicios de beneficio cruzado. La evolución del caso sugiere que la investigación no solo buscará definir quién pagó el vuelo, sino también si existió una lógica de favores sostenidos en el tiempo.
Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y una profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.
Las investigaciones además desbarataron la estrategia de Sánchez Torres de proyectarse hacia la Corte Suprema de la Nación, con apoyo de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio camarista le habría expuesto su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás, cuando intentó convencer al empresario de General Deheza de respaldarlo en el círculo rojo para destrabar resistencias a su llegada al máximo tribunal. La jugada coincidió con la caída de Ariel Lijo y terminó de exponer el contraste entre sus aspiraciones institucionales y el frente judicial que hoy enfrenta.
