Se cayó la audiencia contra Laura Ojeda por una polémica fiscal
La audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda fue aplazada por la ausencia de quien debía asumir formalmente el despacho. El juez declaró fracasada la diligencia y ordenó que la Fiscalía vuelva a radicar el pedido cuando se defina la titularidad.“La justicia no es solo la aplicación de la ley, sino la persistencia del debido proceso”, suele recordarse en el debate penal moderno; y ese principio volvió a quedar en el centro del caso que involucra a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, en una nueva pulseada judicial en Barranquilla.
El 23 de julio de 2026, un juez aplazó la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del saliente presidente de la República, Gustavo Petro.
Durante la diligencia, la autoridad judicial explicó que el trámite no pudo realizarse por la ausencia de quien debía asumir formalmente el despacho: “Ante la imposibilidad de llevarla a cabo o materializarla por inasistencia del titular o la titular de esa fiscalía. De esta manera, se declara fracasada esta audiencia”.
El aplazamiento se produjo porque Lucy Marcela Laborde, quien había presentado la solicitud, dejó de estar vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de julio de 2026, luego de terminar su nombramiento en provisionalidad por no presentarse al concurso de méritos.
Según se expuso en estrados, la falta de claridad sobre quién reemplazaría a Laborde impidió avanzar con el trámite: “Ante la incertidumbre, es decir, ante el desconocimiento por parte de este estrado judicial sobre quién o cuándo, en qué momento llegará el titular de ese despacho, no tengo otro remedio distinto a declarar fracasada esta audiencia”.
El juzgado indicó que, una vez la Fiscalía defina la titularidad del despacho, deberá volver a presentar la solicitud: “Proceda a radicar ante la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Barranquilla, la correspondiente solicitud de audiencias preliminares”.
La reacción del abogado de Laura Ojeda a la decisión del juez
Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, atribuyó en redes sociales el aplazamiento de la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra su clienta a una actuación presuntamente sin competencia de la exfiscal Lucy Marcela Laborde. Además, sostuvo que detrás del movimiento existiría una represalia contra la defensa de Nicolás Petro Burgos y su familia. Su planteo no se limitó a cuestionar la citación: afirmó que la exfuncionaria ya no podía pedir esa diligencia porque había dejado el cargo.
El episodio se inscribe en una dinámica que, en Colombia, suele tensarse cuando cambios en los despachos fiscales alteran tiempos y legitimidad de decisiones cautelares. En expedientes de alto perfil, la discusión sobre competencia, titularidad y validez de los actos procesales puede demorar audiencias clave y abrir nuevos recursos, especialmente cuando hay solicitudes de aseguramiento y controversias sobre la cadena de actuaciones previas.
Carranza agregó un dato que amplía el alcance de la disputa judicial: dijo que ya se emitieron órdenes de compulsa de copias penales y disciplinarias contra el abogado Alait Freja, el exfiscal Burgos, Vicky Dávila, Revista Semana y la propia Laborde. Según su versión, esa última compulsa se produjo después de que la exfiscal intentara que a él le impusieran arresto.
El litigante también anticipó que “pronto” habrá decisiones sobre las medidas de aseguramiento de Daysuris del Carmen Vásquez, expareja sentimental de Petro Burgos, y sobre un presunto fraude procesal vinculado con su principio de oportunidad. Esa mención abrió otro frente del caso, más allá de la audiencia aplazada sobre Ojeda.
Carranza habló de una “imputación fracasada” en el caso de Laura Ojeda y pidió que el nuevo fiscal o la nueva fiscal revise lo actuado por Laborde. En su relato, el problema no es solo de trámite: sostiene que el expediente quedó marcado por actuaciones previas que, a su juicio, carecen de sustento.
El penalista también cuestionó la legitimidad de la audiencia solicitada. “No me cabe en la cabeza por qué la ex fiscal Lucy Marcela Laborde está pidiendo audiencias que ya no puede atender porque ya no está en el puesto. No puede pedir audiencias de imputación y medida de aseguramiento porque ya no es la fiscal”, expuso en su cuenta de X.
En esa misma línea, vinculó esa actuación con un conflicto personal y procesal con la defensa. Carranza dijo que Laborde siente “odio” y “rabia” contra Nicolás Petro y su familia, y presentó la nueva citación como una derivación de ese enfrentamiento.
A su vez, Carranza aseguró que las medidas cautelares dentro de una acción de tutela con la que, según él, la exfiscal buscaba “amarrarse” a los procesos fueron negadas. A partir de ese antecedente, sostuvo que Laborde “debería ser más prudente” y que no debe seguir citándolos a audiencias sobre las que “no tiene competencia”.
Análisis y proyecciones
El caso deja en evidencia una constante del proceso penal colombiano en causas de alta exposición pública: cuando se discute la competencia de la autoridad que impulsa una audiencia, el debate formal puede terminar pesando tanto como el fondo de la imputación. Si la Fiscalía reitera la solicitud con el despacho ya definido, el expediente podría retomar su curso; si persisten objeciones sobre nulidades o legitimidad de actuaciones anteriores, es posible que el caso siga enfrentando retrasos y nuevos incidentes procesales.
En términos políticos y judiciales, la controversia también profundiza la atención sobre el entorno familiar de Nicolás Petro Burgos, un proceso que desde hace tiempo se convirtió en uno de los más sensibles por su impacto en la conversación pública alrededor de Gustavo Petro. La evolución del caso sugiere que, más allá de eventuales imputaciones o medidas de aseguramiento, la discusión seguirá centrada en la validez de los actos de la Fiscalía, la estrategia de la defensa y la capacidad del sistema para cerrar disputas de competencia sin dilaciones mayores.
Evolución reciente del caso
En los últimos años, la causa que involucra a Nicolás Petro Burgos y a su círculo cercano fue desplazándose desde la investigación de fondo hacia una disputa cada vez más técnica sobre principios de oportunidad, medidas cautelares, compulsa de copias y reemplazos en despachos fiscales. Esa evolución explica por qué, a esta altura, cada movimiento procesal se interpreta también como un capítulo de una pelea mayor por el control del relato judicial.
Mientras la Fiscalía ha buscado mantener activas distintas líneas de investigación, la defensa ha endurecido su postura y ha llevado el conflicto al plano de la competencia y la legalidad de los actos de la exfiscal Laborde. El resultado es un escenario en el que el avance del proceso dependerá, en buena medida, de que se despejen primero las dudas institucionales sobre quién debe firmar y sostener cada actuación.
