Proyecto libertario en la Provincia para arancelar salud y universidad a extranjeros no residentes
El diputado libertario Agustín Romo impulsó un proyecto para que extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades estatales bonaerenses. La iniciativa incluye excepciones por urgencias, trata de personas y vacunación.“Gobernar es poblar”, sostuvo Juan Bautista Alberdi en el siglo XIX, una frase que volvió a ganar centralidad cada vez que Argentina debatió el alcance de los derechos sociales para extranjeros. En ese marco histórico se inscribe la iniciativa presentada por el diputado libertario Agustín Romo en la Legislatura bonaerense, que busca arancelar el uso de hospitales públicos y universidades para ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente.
El proyecto plantea que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban mediante un seguro de salud, un tercero responsable o el pago del arancel correspondiente. A la vez, aclara que nadie podrá ser rechazado, demorado ni condicionado en situaciones de emergencia con riesgo de vida: en esos casos, la atención deberá brindarse primero y el recupero de costos se gestionará después de estabilizado el paciente.
En materia educativa, la iniciativa dispone que las universidades estatales bonaerenses establezcan retribuciones por los estudios de grado cursados por estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Según el texto, serán los órganos superiores de cada institución los que fijarán los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco de la ley.
El proyecto lleva la firma de 18 de los 20 diputados del bloque y también la de Alejandro Rabinovich, del PRO. Además, prevé que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas publiquen cada año la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin identificar datos personales.
Romo justificó la propuesta al sostener que “los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses”. En sus fundamentos, argumenta que sostener hospitales, comprar medicamentos, cubrir insumos, mejorar edificios y financiar universidades exige una inversión permanente.
El diputado de Las Fuerzas del Cielo también remarcó que no considera justo que personas que están transitoriamente en el país utilicen gratuitamente esos servicios sin seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que —según su planteo— en otros países la situación sería diferente para los bonaerenses. En la misma línea, aclaró que su intención no es negar la atención médica ni desconocer la dignidad de nadie, sino trasladar el costo a quien no tenga residencia permanente.
La iniciativa establece que el cobro en el sistema sanitario se canalizará a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación, nomencladores y administración de recursos. El objetivo, según el texto, es evitar la creación de nueva burocracia y lograr que lo recuperado vuelva al sistema para comprar medicamentos, equipamiento e insumos, y mejorar la capacidad de atención de los hospitales públicos.
Quedan exceptuadas del arancelamiento las víctimas de trata de personas, así como todas las acciones de vacunación y los tratamientos de enfermedades transmisibles por razones de salud pública. En ambos casos, el proyecto preserva criterios sanitarios básicos y de protección de derechos, en línea con principios ampliamente establecidos en la legislación argentina sobre emergencias, prevención epidemiológica y asistencia humanitaria.
En paralelo, el diputado Juanes Osaba respaldó la propuesta y aseguró que busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. “Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia”, afirmó el legislador que responde a Sebastián Pareja.
“No le negamos la atención médica de urgencia a nadie porque la vida es lo primero, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado; cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”, agregó.
Análisis y proyecciones: el debate sobre arancelar servicios a extranjeros no residentes no es nuevo en la Argentina y suele reactivarse en contextos de restricción fiscal, presión sobre el sistema sanitario y discusión sobre el financiamiento universitario. En términos políticos, este tipo de proyectos suele polarizar con fuerza: para sus impulsores, representa una forma de priorizar recursos escasos y ordenar el gasto; para sus críticos, puede tensionar principios de acceso universal y cooperación regional, además de abrir conflictos administrativos y de implementación. Si la discusión avanzara, el punto más sensible será el de la fiscalización de la residencia, la coordinación entre hospitales y universidades y la capacidad real de recuperar costos sin afectar la atención o generar discriminación indirecta. En el plano regional, la evolución de estas políticas suele depender del equilibrio entre acceso, reciprocidad y capacidad presupuestaria, un dilema que varios países han revisitado en los últimos años.
Evolución del tema: en la última década, la conversación pública sobre migración y acceso a servicios estatales cambió de tono: pasó de un enfoque centrado casi exclusivamente en la integración y los derechos humanos a otro donde ganaron peso las discusiones sobre costos, saturación de servicios y prioridad para residentes. En Argentina, la tensión entre universalidad y control del gasto se profundizó especialmente cuando la agenda económica ocupó el centro del debate público. En ese contexto, la propuesta de Romo se inscribe en una línea más restrictiva, alineada con sectores que buscan segmentar el acceso según residencia y contribución fiscal, aunque conservando excepciones en urgencias y salud pública.
La discusión, de todos modos, todavía deberá transitar el terreno legislativo y político en una provincia donde salud y educación pública son dos de los ejes más sensibles del debate institucional.
