Passerini espera aval de Nación para refinanciar deuda en dólares
La Municipalidad de Córdoba aguarda una autorización clave de Nación para tomar un nuevo préstamo internacional. La definición puede aliviar las cuentas de Daniel Passerini y, al mismo tiempo, impactar en el tablero político de Martín Llaryora.“La historia de las deudas públicas en Argentina suele dejar una lección repetida: ganar tiempo puede ser tan importante como conseguir dinero”. Con ese telón de fondo, la Municipalidad de Córdoba espera una definición que podría reordenar por completo el escenario financiero y político de la capital provincial.
El horizonte de la gestión de Daniel Passerini puede cambiar de manera sensible si Diego Santilli firma el expediente que habilita a la Municipalidad de Córdoba a tomar una deuda internacional. Ese permiso le permitiría al intendente capitalino postergar hasta la próxima administración el pago del saldo de la deuda en dólares que tomó Ramón Mestre y que luego Martín Llaryora roló.
Se trata de un paquete de asistencia por 100 millones de dólares, con dos años de gracia, garantizado con coparticipación federal. Para avanzar, necesita autorización de la Jefatura de Gabinete y, en paralelo, del Ministerio de Economía de la Nación. El punto central es que la coparticipación federal de la Municipalidad y de la Provincia funcione como respaldo del préstamo, que deberá ser devuelto por el próximo intendente. La aprobación no implicaría desembolso alguno para el Estado nacional, pero sí le daría a la administración de Passerini oxígeno financiero.
La deuda original que tomó Mestre fue de 150 millones de dólares, equivalentes a unos 180 millones finales al sumarse los intereses. Hasta ahora, Passerini ya pagó alrededor de 100 millones. Con la nueva operación se podrían cancelar los bonos heredados de Mestre, por 75 millones de dólares, y permitir que el actual intendente atraviese el último año y medio de mandato con un panorama financiero más despejado.
En términos políticos, una salida de ese tipo le daría al peronismo capitalino margen para recuperar iniciativa y, a la vez, ayudaría a Llaryora a sostener su proyección electoral, hoy afectada por el deterioro de las cuentas municipales. La lógica es clara: si la situación fiscal de la ciudad se complica, el costo político también escala para el gobernador.
La paradoja es evidente. Cuando era intendente y refinanció la deuda, Llaryora obtuvo aire financiero para llegar con mayor solidez a su ajustado triunfo de 2023. Como se recuerda, en esa elección fue decisivo el respaldo del electorado de la ciudad de Córdoba. La crisis terminó golpeando a su sucesor, Passerini, y ahora, por el impacto en la gestión municipal, las consecuencias también alcanzan la reelección de Llaryora. Todo lo que no funciona en la capital se le reprocha a él. Por eso, para fortalecer su propia continuidad política, Llaryora necesita antes recomponer las finanzas de Passerini.
Mientras tanto, la Provincia ya avanzó con otra pata del acuerdo Milei-Llaryora: dispuso 130 mil millones de pesos a través de la Agencia de Inversión para obras de asfalto, cordón cuneta, desagües y señalética en la ciudad de Córdoba. El esquema de pago de ese préstamo es 70/30: la mayor parte la afronta la Provincia y el resto la Municipalidad. Las obras ya fueron licitadas y comenzarán en agosto, con impacto previsto antes de las elecciones de 2027, que incluso podrían realizarse en abril o mayo. Pero, para el diseño electoral del PJ, lo determinante sigue siendo la refinanciación de la deuda en dólares.
Se espera que en los próximos días Santilli autorice a Llaryora a ser garante de la deuda de Passerini. “No hay recursos nacionales, sólo una caución sobre la coparticipación federal que recibe la Provincia. Asimismo, la Ciudad pone en garantía su propia coparticipación. Técnicamente, no debería haber objeciones de Santilli, pero esto es política”, sintetizó un funcionario municipal al tanto de las negociaciones.
En las conversaciones participan funcionarios de primera línea de ambas administraciones cordobesas: Passerini y su secretario de Administración, Sergio Lorenzetti; además del jefe de Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, y el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta.
El aval para la nueva deuda serviría para cancelar los bonos de Mestre que están en poder del Grupo Moneda, hoy bajo el control del brasileño Patria Investments. Pablo Echeverria, jefe de Moneda en Chile y administrador de la fortuna de Sebastián Piñera, aparece como una pieza relevante en esa cadena financiera. Según se indicó, hay tres pagos consecutivos pendientes desde septiembre, por unos 25 millones de dólares cada uno.
Análisis y proyecciones: este tipo de reestructuraciones suele tener un efecto doble. En el corto plazo, mejora la caja y descomprime la gestión; en el mediano plazo, traslada la presión al próximo gobierno. En la política argentina, donde la disponibilidad financiera suele ordenar la agenda pública, una refinanciación exitosa puede transformarse en capital político. Pero también deja una huella: si la actividad económica no acompaña o si las cuentas siguen tensionadas, el alivio puede ser transitorio. En Córdoba, además, la evolución de la relación entre Nación, Provincia y municipio muestra un giro pragmático: de la confrontación a una negociación basada en necesidades concretas de financiamiento e infraestructura.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, la administración de la deuda municipal pasó de ser una herramienta para ganar aire político a convertirse en una carga heredada que condiciona a distintas gestiones. Llaryora usó esa refinanciación como soporte de su etapa como intendente; Passerini, en cambio, heredó el peso de los vencimientos y ahora busca una salida que le permita estabilizar la ciudad. En paralelo, la relación entre el gobierno provincial y la Casa Rosada fue mutando hacia acuerdos puntuales, especialmente en materia fiscal y de obras, lo que explica por qué una firma administrativa puede tener hoy un impacto mayor que una definición puramente contable.
