Metrogas repartirá dividendos mientras arrastra una deuda con Enarsa

• Politica
• 22-07-2026

“La historia de las tarifas del gas en la Argentina es también la historia de sus crisis”: en ese espejo se inscribe la decisión de Metrogas de distribuir dividendos por primera vez en 25 años, un giro que reabre debates viejos sobre rentabilidad, regulación y el rol del Estado en un servicio público esencial.

La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La medida se apoya en las utilidades acumuladas luego de la mejora de los resultados financieros de la compañía, impulsada por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. Sin embargo, la empresa mantiene una deuda prácticamente equivalente con la estatal Enarsa por compras de gas no abonadas.

El desembolso también fue acelerado para que se concrete antes de la privatización en marcha del paquete accionarial que posee YPF en la compañía. En el sector advierten que esa operación podría chocar con exigencias regulatorias, ya que requeriría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y del Enargas.

Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una obligación significativa con Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025, la firma suscribió un acuerdo para cancelar los montos adeudados por la provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, con intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos incluidos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.

La propia estructura del acuerdo ayuda a explicar la tensión actual: la mitad de esa deuda quedó prevista para cancelarse con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado, mientras que el 50% restante fue refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos hasta noviembre de 2027. El esquema prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. En paralelo, el saldo pendiente sigue devengando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.

Ese punto es el que alimenta las objeciones regulatorias. En el mercado consideran que el reparto de dividendos no luce compatible con una empresa que aún sostiene un convenio de pago vigente con una compañía estatal. “Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa”, señaló a LPO una fuente del sector.

No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio de supervisión propio de un servicio público. En este tipo de actividades, los reguladores suelen priorizar que las empresas cumplan sus compromisos financieros, sostengan las inversiones y garanticen la continuidad del servicio antes de girar fondos a sus accionistas.

La decisión, además, coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. No obstante, el proceso perdió a uno de los interesados más relevantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, lo que redujo la nómina de potenciales compradores. En carrera quedan José Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.

En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa lectura no es unánime. Desde el punto de vista jurídico, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.

El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la tenencia de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.

En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no en una orden de liquidación forzosa. A ello se suma otro argumento esgrimido por especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal podrían prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está en juego un activo considerado estratégico.

Análisis y proyecciones: el caso expone una tensión clásica del sector energético argentino: cuando mejoran los ingresos por tarifas, las compañías recuperan capacidad de distribuir utilidades, pero esa normalización convive con pasivos heredados y con la obligación de sostener un servicio público intensivo en capital. Si la operación de venta avanza, lo más probable es que el foco regulatorio se desplace hacia la capacidad financiera del nuevo accionista, el cumplimiento del plan de inversiones y la relación contractual con el Estado. Además, una distribución de dividendos cercana al monto de la deuda puede endurecer la mirada política sobre la transacción y complicar cualquier intento de cerrar la operación sin una validación explícita de los organismos de control.

Evolución del tema: en los últimos años, la postura de los actores cambió al compás de la recomposición tarifaria y de la recuperación del sector gasífero tras años de tarifas atrasadas y fuerte intervención estatal. Metrogas pasó de un esquema de restricciones financieras severas a una posición de mayor generación de caja. YPF, por su parte, dejó de ser sólo el accionista de una distribuidora regulada para convertirse en el vehículo de una eventual desinversión. En paralelo, Enarsa siguió operando como acreedor clave dentro de la cadena gasífera, lo que hoy vuelve visible una contradicción: la empresa que reparte ganancias todavía negocia con el Estado una deuda relevante por el mismo negocio que le permitió volver a ganar dinero.

Por eso, la salida de Metrogas parece responder hoy más a una definición política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue pendiente de cancelación.