La Procuración respaldó a Milei en la pelea por tasas municipales en la luz
La Procuración General de la Nación avaló la resolución del Gobierno que impide incluir tasas municipales en las boletas de electricidad. El dictamen, firmado por Laura Monti, llega en una causa que ya atraviesa múltiples litigios y quedó en la órbita de la Corte Suprema.“El poder de imponer tributos debe ser ejercido con moderación, porque la forma de recaudar también define la relación entre el Estado y los contribuyentes”. La disputa por las tasas municipales en las boletas de luz reabre, en clave local, una discusión histórica sobre quién cobra, cómo cobra y con qué límites lo hace el Estado en la Argentina.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei que prohíbe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, una resolución que fue judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando la promovió el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Con varias disputas judiciales abiertas y fallos favorables a las comunas, la controversia escaló hasta la Corte Suprema, que corrió vista al organismo que conduce Eduardo Casal.
En ese marco, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no vulnera la autonomía municipal y advirtió que las comunas siguen habilitadas a percibir esas tasas por otras vías. Aun así, reconoció que la modificación puede generar un impacto en la recaudación local.
“En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, señaló el dictamen de la Procuración, firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.
Ese pronunciamiento corresponde al expediente iniciado por la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía, pero la Procuración extendió el mismo criterio a las presentaciones de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.
Desde que Caputo hizo pública la prohibición, los intendentes reaccionaron en bloque con presentaciones judiciales y advirtieron sobre el efecto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público. En gran parte del conurbano, ese cargo se integra a la boleta de energía eléctrica para asegurar una cobrabilidad más alta.
Si la Corte Suprema acompaña la postura de la Procuración, en varios municipios interpretan que el alumbrado público podría quedar en riesgo. La preocupación no es menor: para las administraciones locales, ese ingreso suele sostener gastos operativos sensibles y, en contextos de crisis fiscal, funciona como una fuente clave de financiamiento.
“En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?”, dijo un intendente a LPO cuando estalló la polémica.
Más allá del caso de José C. Paz, la Procuración también emitió un dictamen de sentido similar en el expediente donde tramita la demanda del municipio de Río Grande.
Allí sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para fijar reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo, y descartó que ello afecte la autonomía municipal.
En el caso de los municipios del Conurbano, además, la Procuración recordó que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica “no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.
Análisis y proyecciones: el conflicto expone una tensión clásica del federalismo argentino entre la potestad tributaria de las comunas y la facultad del Estado nacional de ordenar la facturación de servicios públicos. En términos prácticos, si se consolida la postura del Gobierno, los municipios podrían verse obligados a migrar el cobro de estas tasas a otros sistemas más costosos y, probablemente, con menor nivel de cobrabilidad. Eso impactaría especialmente en distritos con alta dependencia de la boleta de luz como vehículo de recaudación. En paralelo, un eventual aval de la Corte fortalecería el criterio de que el Estado puede regular la forma de cobro sin anular la existencia del tributo, una línea que podría influir en futuros litigios similares. Del otro lado, si prevalece la tesis municipal, quedaría reforzada la idea de que la cobranza integrada en facturas de servicios públicos es una herramienta legítima para sostener servicios locales esenciales.
Evolución reciente del conflicto: en los últimos años, la relación entre Nación, provincias y municipios sobre tasas y cargos en servicios públicos se volvió más áspera por la presión fiscal y el deterioro de la cobrabilidad. Durante las administraciones previas ya hubo discusiones sobre la inclusión de conceptos ajenos al servicio principal en boletas de electricidad, gas y agua, pero la ofensiva actual tomó mayor relevancia porque se inscribe en la agenda de desregulación y disciplina fiscal del gobierno de Milei. En ese contexto, varios intendentes endurecieron su postura para defender ingresos propios, mientras que la administración nacional buscó unificar criterios y limitar lo que considera sobrecargas en las facturas.
La definición final quedará ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá ponderar el alcance de la autonomía municipal, la potestad regulatoria del Poder Ejecutivo y el impacto financiero concreto sobre las arcas locales.
