Denuncian abuso militar contra alumnas awajún en Amazonas
El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi denunció una grave irrupción de personal militar en la residencia escolar Ciro Alegría, en Condorcanqui. La organización exige una investigación urgente y medidas de protección para las adolescentes afectadas.En la Amazonía peruana, donde la dispersión geográfica obliga a muchas niñas a vivir lejos de sus hogares para poder estudiar, una denuncia volvió a encender las alarmas: el Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comoawuy) afirmó que personal militar habría ingresado por la fuerza a la residencia escolar Ciro Alegría, en Condorcanqui, y habría tocado indebidamente a adolescentes que dormían allí.
Según la presidenta de la organización, Rosemary Pioc, el hecho habría ocurrido la noche del lunes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en una residencia ubicada cerca de un campamento militar que lleva el mismo nombre. De acuerdo con la denuncia, los uniformados habrían irrumpido sin justificación en el alojamiento donde descansaban alumnas de entre 12 y 14 años, procedentes de comunidades alejadas de la zona.
“Quiero hacer una denuncia pública: que el Ministerio de Educación investigue inmediatamente el caso de que ayer [lunes], personal militar ingresó a una residencia estudiantil a hacer tocamientos a las alumnas de una residencia, que está cerca al campamento Ciro Alegría. Es repudiable todo lo que está pasando en el territorio”, afirmó Pioc en diálogo con RPP Noticias.
La dirigente indígena precisó además que las menores residen de manera permanente en el colegio debido a la distancia que las separa de sus comunidades de origen. En su testimonio, sostuvo que los militares habrían entrado violentamente durante la noche y agredido a las adolescentes “sin argumentar ningún motivo”.
Reacción de las autoridades
Comoawuy reclamó una intervención inmediata de las instituciones competentes. Pioc pidió al Ministerio de Educación (Minedu) abrir una investigación y exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) medidas urgentes para proteger a las víctimas.
“Este caso, ocurrido el día de ayer, en el Colegio Nacional Ciro Alegría, que queda cerca a un campamento también con nombre Ciro Alegría. Se pide investigación a las autoridades, al sector Educación, porque las niñas están aterrorizadas por todas estas acciones negativas que el personal militar ha actuado contra estas niñas”, manifestó la dirigente.
El episodio reaviva una preocupación estructural en Condorcanqui, una provincia donde la presencia estatal ha sido históricamente intermitente y donde las comunidades indígenas suelen denunciar desprotección frente a la violencia sexual y otras vulneraciones. En contextos similares, la falta de respuesta rápida suele profundizar el miedo y la desconfianza hacia las autoridades, especialmente cuando las presuntas víctimas son menores de edad.
La presidenta de Comoawuy advirtió que la situación generó temor entre las niñas y adolescentes alojadas en la institución educativa, y señaló que la organización evalúa una marcha de protesta ante la reiteración de atropellos contra la niñez. “Hago esta denuncia para que el sector Educación se pronuncie frente a todos estos casos graves que vienen ocurriendo. Ya no podemos seguir callando más [...] Nosotros estamos preocupados y [pedimos] que se puedan sancionar esas acciones que realmente son repudiables, y rechazamos como organización”, declaró.
Acciones institucionales
Según informó RPP Noticias, el Centro Emergencia Mujer asumió la atención del caso e informó directamente a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona.
La ministra aseguró en entrevista con la emisora radial que su cartera ya estaba al tanto de la denuncia y que se activaron los protocolos de intervención inmediata. “Ante todo, rechazamos todo tipo de violencia ante nuestras niñas, niños, adolescentes, y es un rechazo enérgico, el cual nosotros, desde nuestro sector, no permitimos [...] Sin embargo, vamos a sostener una reunión con la señora Pioc, me comunicaré con ella, para poder ver qué es lo que ha pasado, e igual, como siempre, vamos a tomar las acciones de manera rápida”, afirmó Pariona.
La funcionaria explicó que el trabajo de su sector se articula con el programa Warmi Ñan y confirmó que la información ya fue derivada a las instancias correspondientes. “Vamos a coordinar con Warmi Ñan, a estas alturas ya debe haber intervenido. Como yo estoy ahorita en el tema de Junín (sismo), viendo el tema de las emergencias, estoy enfocándome específicamente para poder tratar también los diferentes tipos de violencia, porque recuerden que la violencia no solamente es física y sexual, la violencia también es psicológica, económica, y eso es lo que justamente se está dando acá [en Junín]”, declaró Pariona.
Análisis y proyecciones: En casos de esta naturaleza, la respuesta temprana del Estado suele ser decisiva para evitar la revictimización y preservar pruebas, además de contener el impacto emocional sobre las menores. Si la denuncia se confirma, el episodio podría derivar en investigaciones penales, administrativas y disciplinarias, además de reforzar el debate sobre los controles dentro y alrededor de instalaciones militares cercanas a centros educativos. También pone en primer plano una tensión conocida en regiones amazónicas: cómo garantizar seguridad sin exponer a las comunidades indígenas a nuevos riesgos. En lo inmediato, la exigencia de Comoawuy parece orientarse a dos frentes: sanción y protección, dos demandas que en Perú suelen estar vinculadas a la credibilidad de la respuesta institucional.
Evolución reciente del tema: En los últimos años, la agenda pública sobre violencia contra niñas y adolescentes indígenas en la Amazonía se volvió más visible, impulsada por denuncias comunitarias, intervención de programas especializados y mayor presión de organizaciones de mujeres originarias. Al mismo tiempo, el discurso estatal pasó de la negación o demora a una promesa más frecuente de activación de protocolos, aunque la brecha entre anuncio y ejecución sigue siendo uno de los principales problemas. En ese marco, la denuncia en Condorcanqui se suma a un patrón de reclamos por protección efectiva en territorios donde la escuela, la residencia estudiantil y la presencia militar conviven en espacios muy próximos.
Hasta la publicación de la nota, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Defensa se habían pronunciado oficialmente sobre los hechos denunciados en la provincia de Condorcanqui. La demanda de esclarecimiento y sanción por parte de las autoridades indígenas continúa vigente, mientras se espera una respuesta formal de las instancias estatales responsables de la seguridad y la educación en la región.
