Violencia laboral en España: el silencio y el miedo mandan

• Sociedad
• 21-07-2026

“Donde hay trabajo, hay poder; y donde hay poder sin control, puede haber abuso”. Esa premisa, tan presente en los estudios sobre relaciones laborales desde la segunda mitad del siglo XX, ayuda a leer un problema que sigue vigente: en España, más de un tercio de las víctimas de violencia laboral no dice nada sobre lo que sufre en el trabajo.

El dato surge del informe Violencia laboral en España, elaborado por la Fundación 1º de Mayo, el centro de estudios vinculado al sindicato CCOO. A partir de una encuesta representativa de 1.000 personas, el estudio concluye que el 35,7% de las víctimas directas no reporta los comportamientos violentos a ninguna instancia. Entre los testigos, el silencio es todavía mayor: el 44% decide no comunicar lo que presenció. En conjunto, el 39,5% de víctimas y testigos opta por no hablar ante situaciones de violencia en el lugar de trabajo.

La investigación identifica dos grandes razones detrás de esa omisión: el miedo a represalias y la idea de que denunciar no sirve de nada, una explicación mencionada por el 36,1% de quienes no reportan. Muy cerca aparece la desconfianza hacia la dirección de la empresa, citada por el 34,4%. Además, el 27,9% admite no saber cómo presentar una denuncia. El listado se completa con la falta de confianza en la representación legal de los trabajadores, el temor directo a la persona agresora y la normalización de estas conductas como si fueran parte inevitable del entorno laboral.

El informe describe el comportamiento de los testigos como un “efecto espectador”: ante una conducta violenta, muchas personas se inhiben o delegan en otros la responsabilidad de intervenir. Ese mecanismo, ya estudiado en psicología social desde hace décadas, refuerza la cultura del silencio dentro de las organizaciones y deja a las víctimas con menos apoyo institucional y más aislamiento.

Casi la mitad de los casos se cierran sin sanción

Cuando las víctimas buscan apoyo, suelen encontrarlo fuera de los canales formales. El entorno familiar y las amistades reciben la mejor valoración como redes de sostén, con 5,4 puntos sobre 7, seguidos por los compañeros y compañeras de trabajo, con 4,2. Son los únicos vínculos que superan el umbral medio de la escala. En cambio, la dirección de la empresa obtiene 2,6 puntos sobre 7, el mismo nivel que las administraciones públicas (2,3) y las asociaciones sin ánimo de lucro (2,3). Si se concreta algún reporte formal, los destinatarios más frecuentes son los superiores directos (30,1%), los departamentos de recursos humanos (21,7%) y la representación legal de los trabajadores (14,6%).

El problema no termina en la denuncia, o en su ausencia. En el 56,3% de los casos de violencia laboral no se abre expediente disciplinario, y en el 46,3% no llega siquiera a una amonestación verbal o escrita. La Fundación 1º de Mayo advierte que esta debilidad en la respuesta empresarial consolida entornos de impunidad, un factor que suele agravar la reiteración de conductas abusivas y desalienta futuras denuncias.

Conductas que dañan la salud mental sin vías claras para actuar

Las consecuencias sobre la salud son severas. El 93,5% de las personas expuestas a entornos laborales violentos afirma haber sufrido un deterioro de su salud mental, y el 60% lo califica de grave. Entre las víctimas directas, el 64,3% dice que la violencia empeoró de forma seria su continuidad en el empleo, mientras que una de cada cinco se plantea abandonar su puesto.

El silencio también se alimenta de la falta de herramientas preventivas. El 47% de los trabajadores encuestados afirma que no tiene, o desconoce si existe, un protocolo específico contra el acoso sexual en su empresa, pese a que su implantación es obligatoria por ley. Además, el 36,9% de las personas expuestas a entornos violentos no sabe si esa violencia está incluida en la evaluación de riesgos de su compañía, y el 25,9% asegura que directamente no figura allí.

Análisis y proyecciones

La evolución de este problema en los últimos años muestra una tensión conocida en el mundo laboral: aunque han crecido la sensibilización pública y la exigencia normativa, la capacidad real de prevenir, detectar y sancionar sigue siendo desigual. En muchos entornos, especialmente donde persisten jerarquías rígidas o canales internos poco confiables, las víctimas continúan evaluando que denunciar puede costarles más que callar. Esa percepción, sumada a la precariedad y al temor a quedar aisladas, explica por qué la violencia laboral suele permanecer subregistrada.

Si esta dinámica no cambia, lo más probable es que continúen reproduciéndose tres consecuencias: deterioro de la salud mental, pérdida de productividad y rotación de personal. En paralelo, las empresas que no actualicen protocolos, formación y mecanismos de respuesta verán más difícil construir confianza interna. El dato de que una parte importante de la plantilla no sabe cómo denunciar o ni siquiera identifica si existen protocolos específicos sugiere que el principal desafío no es solo normativo, sino también cultural: transformar el silencio en canales seguros de intervención.

Cómo cambió la respuesta de los actores clave

La postura de los distintos actores ha evolucionado de manera desigual. Los sindicatos y organismos de estudio han insistido cada vez más en visibilizar el problema como una cuestión de salud laboral y no solo de convivencia. Las empresas, por su parte, han avanzado en la adopción formal de protocolos en numerosos casos, pero el informe refleja que esa institucionalización no siempre se traduce en confianza efectiva ni en respuestas disciplinarias proporcionales. En tanto, las personas trabajadoras mantienen una conducta ambivalente: reconocen con mayor facilidad el daño, pero siguen dudando de los canales internos, lo que consolida la distancia entre la norma escrita y la práctica cotidiana.