“Así no se puede trabajar”: crece el malestar de los aliados y el Gobierno vuelve a trabarse en el Senado
La nueva postergación de la ley de propiedad privada encendió las alarmas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para aprobar sus proyectos. La falta de votos, los errores de coordinación y la creciente tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich exponen un problema mayor: sin mayoría propia, el Gobierno depende de aliados que comienzan a perder la paciencia.
El Gobierno volvió a tropezar en el Senado.
Y esta vez el problema parece ir mucho más allá de una ley que no pudo aprobarse.
La nueva postergación del proyecto de propiedad privada dejó al descubierto las dificultades que enfrenta el oficialismo para coordinar su estrategia parlamentaria y, fundamentalmente, el creciente malestar entre los legisladores dialoguistas que durante buena parte de la gestión fueron decisivos para acompañar las iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada.
El mensaje que comenzó a escucharse en algunos despachos fue contundente:
“Así no se puede trabajar”.
La advertencia no proviene de la oposición más dura.
Proviene precisamente de aquellos sectores que el Gobierno necesita para construir mayorías.
Y allí está el verdadero problema.
La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con los votos suficientes para imponer su agenda legislativa. Cada proyecto importante requiere negociación, acuerdos y coordinación con bloques provinciales, radicales y otros sectores dispuestos a acompañar determinadas iniciativas.
Ese mecanismo funcionó en distintos momentos.
Pero comienza a mostrar señales de desgaste.
Una ley que se convirtió en símbolo
El proyecto de propiedad privada terminó transformándose en una muestra de las dificultades del oficialismo.
La iniciativa atravesó numerosas modificaciones y borradores antes de alcanzar un dictamen, pero aun así llegó al recinto en medio de dudas sobre la cantidad de votos disponibles.
Algunos legisladores aliados habían advertido previamente sus ausencias.
Otros planteaban objeciones sobre determinados aspectos del proyecto.
Los números estaban ajustados.
Pese a las advertencias, el oficialismo decidió avanzar.
El resultado fue una nueva postergación y la necesidad de recurrir a un cuarto intermedio para evitar una derrota parlamentaria.
La discusión continuará en agosto.
Pero el costo político ya comenzó a sentirse.
Entre los aliados existe la sensación de que se los convoca para aportar votos, pero no siempre se los escucha cuando advierten sobre los riesgos de una estrategia.
Y ningún Gobierno que depende de votos ajenos puede darse el lujo de cansar a quienes se los prestan.
Villarruel y Bullrich, una interna que llegó al recinto
A las dificultades para conseguir los votos se agregó una situación todavía más llamativa.
Mientras Patricia Bullrich, como principal referente del oficialismo en el Senado, intentaba avanzar con la iniciativa impulsada por el propio Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel habría realizado gestiones entre legisladores para expresar sus reparos sobre aspectos del proyecto, particularmente aquellos vinculados con la propiedad de tierras por parte de extranjeros.
La situación expuso nuevamente las diferencias existentes dentro del propio espacio gobernante.
El resultado fue una paradoja política difícil de ignorar.
Mientras una parte del oficialismo buscaba los votos necesarios para aprobar una ley promovida por la Casa Rosada, otra figura institucional central del mismo Gobierno manifestaba objeciones y buscaba frenar aspectos de esa iniciativa.
La tensión terminó agravándose con cruces públicos y filtraciones de conversaciones privadas.
Para los aliados, el espectáculo resulta preocupante.
Porque si el propio oficialismo no consigue ordenar sus posiciones internas, resulta mucho más difícil exigir disciplina a quienes solamente acompañan desde afuera.
El problema no era solamente Adorni
Durante meses, distintos sectores políticos responsabilizaron a la anterior conducción de la Jefatura de Gabinete por parte de las dificultades para coordinar la agenda legislativa.
La expectativa era que los cambios dentro del Gobierno permitieran aceitar las relaciones con el Congreso.
Sin embargo, los últimos acontecimientos muestran que el problema puede ser más profundo.
No alcanza con cambiar nombres.
Hace falta un sistema de negociación política.
El Congreso funciona con una lógica particular.
Hay que contar los votos.
Escuchar objeciones.
Negociar modificaciones.
Construir consensos.
Y, sobre todo, evitar llevar al recinto proyectos que no tienen garantizada una mayoría suficiente.
El oficialismo parece estar descubriendo una regla tan antigua como la propia política parlamentaria: una cosa es tener razón y otra muy diferente es tener los votos.
Los aliados empiezan a mirar su propio calendario
El tiempo también comienza a jugar en contra del Gobierno.
Durante el primer semestre, los bloques dialoguistas tenían mayores incentivos para acompañar determinadas reformas nacionales.
Pero ahora comienza otro calendario.
Se acercan las discusiones electorales.
Los gobernadores mirarán cada vez más sus provincias.
Los legisladores tendrán que atender sus propios territorios.
Y los acuerdos políticos comenzarán inevitablemente a mezclarse con las estrategias para las próximas elecciones.
Eso significa que conseguir votos será progresivamente más difícil.
Además, en septiembre llegará al Congreso una de las discusiones más importantes del año: el Presupuesto 2027.
El Gobierno necesitará nuevamente construir mayorías.
Por eso, deteriorar ahora la relación con los aliados podría convertirse en un problema mucho mayor dentro de pocos meses.
Agosto, una nueva prueba
El Senado retomará la discusión legislativa en agosto.
El oficialismo confía en que el regreso de algunos legisladores ausentes permitirá finalmente avanzar con la ley de propiedad privada.
También aparecen en la agenda otras iniciativas pendientes, entre ellas la eliminación de normas consideradas obsoletas y proyectos que prometen generar fuertes controversias políticas y jurídicas.
Pero cerca de una decena de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo continúan esperando tratamiento.
La agenda está cargada.
Los tiempos se acortan.
Y la paciencia de los aliados ya no parece ser la misma.
Gobernar también es construir mayorías
El episodio deja una enseñanza política elemental.
Un Gobierno puede tener un Presidente con fuerte respaldo electoral.
Puede dominar la conversación pública.
Puede ganar elecciones.
Puede impulsar reformas profundas.
Pero cuando llega al Congreso necesita votos.
Y si esos votos no son propios, necesita aliados.
La Libertad Avanza construyó buena parte de sus éxitos legislativos gracias al acompañamiento de sectores que, sin pertenecer al oficialismo, decidieron respaldar determinadas reformas.
Esa relación siempre fue frágil.
Ahora comienza a mostrar fisuras.
Las internas entre figuras del propio Gobierno, los errores en el cálculo parlamentario y la falta de coordinación pueden terminar convirtiendo esas fisuras en algo mucho más serio.
La advertencia que circula entre los aliados debería preocupar a la Casa Rosada.
Porque cuando quienes ayudan a construir las mayorías empiezan a decir “así no se puede trabajar”, el problema ya no es solamente una ley que se demora.
El problema es la gobernabilidad legislativa.
Y en política existe una regla que ningún Gobierno puede derogar:
cuando no se tienen los votos propios, hay que cuidar mucho a quienes prestan los suyos.
