Kicillof negocia con intendentes una reforma de seguridad
Un grupo de intendentes del sur del conurbano se reunió con funcionarios bonaerenses para avanzar en una reforma de la Ley de Seguridad Pública. El eje del debate es el fortalecimiento del rol municipal y el financiamiento de nuevas herramientas contra el delito.La discusión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena: como recuerda la historia bonaerense, cada intento de reorganizar el esquema policial y municipal ha sido, desde hace años, una pulseada entre centralización y autonomía local. En ese marco, unos 10 intendentes del sur del conurbano se reunieron este viernes con funcionarios del ministerio de Seguridad bonaerense para intercambiar posiciones sobre un proyecto que incluirá cambios en la Ley de Seguridad Pública.
La reunión se realizó en Almirante Brown y estuvo encabezada por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero. Durante dos horas, las partes analizaron la necesidad de modernizar la normativa vigente, fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad y mejorar la coordinación local.
Los jefes comunales buscan aportar al diseño de un nuevo marco legal que reconozca el esfuerzo de los municipios en el acompañamiento a las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, garantice el financiamiento de las herramientas necesarias para combatir el delito.
Con este encuentro se cerró la ronda de consultas entre el Ejecutivo provincial y los intendentes. Según adelantaron, en breve el proyecto será enviado a la Legislatura bonaerense.
El debate se da en paralelo a la estrategia política de Axel Kicillof, que abrió negociaciones con los intendentes para intentar aprobar su reforma en seguridad. La discusión, en rigor, retoma una tensión histórica en la provincia: cuánto poder operativo deben tener los municipios y qué margen real pueden tener frente a la estructura tradicional de la Policía bonaerense.
Estuvieron presentes Mariano Cascallares (Brown), Federico Otermín (Lomas), Andrés Watson (Florencio Varela), Carlos Balor (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Lisandro Hourcade (Magdalena), Eva Mieri (Quilmes) y Magdalena Sierra (Avellaneda).
A principios de junio, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, ya se había reunido en Escobar con intendentes, donde se alcanzó un principio de acuerdo para empezar a delinear un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
En aquella instancia también hubo consultas con jefes municipales de la Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral. Entre ellos se incluyeron varios intendentes del radicalismo y del PRO, lo que mostró una búsqueda de consensos más amplia alrededor de una agenda de seguridad compartida.
Desde la Provincia sostienen que la ley actual no contempla gran parte de las herramientas que los municipios fueron desarrollando en las últimas décadas, como centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
La intención oficial es darle un encuadre legal específico a esos dispositivos para regularlos e integrarlos dentro del sistema de seguridad provincial, en línea con la creciente municipalización de tareas preventivas que se expandió en la última década.
Los intendentes, por su parte, buscan incorporar la creación de la Policía Municipal dentro de la reforma de la Ley de Seguridad Pública.
En 2014, Daniel Scioli estableció por decreto la creación de fuerzas municipales, luego de que la Legislatura fracasara en varios intentos por aprobar un proyecto. Aquella experiencia quedó bajo la órbita de Alejandro Granados, aunque los intendentes no tuvieron injerencia sobre la elección de los jefes policiales.
Más tarde, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la Policía Municipal fue perdiendo peso y, con el correr de los meses, sus efectivos pasaron a integrar la estructura tradicional de la Bonaerense. Pese a los reclamos de los intendentes del conurbano, el entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, fue vaciando esa fuerza de manera progresiva.
Con la llegada de Kicillof al poder, Sergio Berni profundizó ese camino y creó la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), una fuerza de despliegue rápido que ni siquiera reporta al jefe de la Bonaerense, sino al propio ministro. Esa decisión consolidó un esquema más centralizado y mantuvo una relación especialmente tensa con varios intendentes del peronismo, que reclamaban mayor margen de acción local.
En términos de evolución política, el escenario actual muestra un cambio respecto de etapas anteriores: mientras en años pasados predominó la concentración de decisiones en la órbita provincial, ahora el gobierno busca reconstruir puentes con los municipios para dar sustento legislativo a una reforma que ordene competencias, financiamiento y capacidad de respuesta. Esa búsqueda refleja, además, la presión creciente por resultados concretos en seguridad en el conurbano, donde la demanda vecinal suele ser inmediata y de alta sensibilidad electoral.
Análisis y proyecciones: si el proyecto logra avanzar, podría abrir una nueva etapa de articulación entre Provincia y municipios, con mayor protagonismo local en prevención, monitoreo y asistencia. Sin embargo, la clave estará en si la futura ley define con precisión las funciones, los recursos y la cadena de mando para evitar superposiciones con la Bonaerense. En un distrito como Buenos Aires, donde conviven realidades urbanas, suburbanas y rurales muy distintas, una reforma exitosa podría mejorar la coordinación operativa; pero si no cuenta con financiamiento sostenido y reglas claras, corre el riesgo de repetir intentos previos que terminaron diluyéndose entre disputas políticas y limitaciones presupuestarias.
