Sheinbaum niega motivación política en caso Ernesto Ruffo
La presidenta sostuvo que la detención del exgobernador de Baja California responde a una investigación de más de un año y no a disputas políticas. También defendió la actuación de la Fiscalía y pidió distinguir este caso de la polémica por los audios sobre Marina del Pilar Ávila.“El huachicol es una de las caras más persistentes de la economía ilegal en México”, advirtió en diversas ocasiones la autoridad federal en los últimos años; en ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum buscó despejar cualquier lectura política en torno a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por presunto contrabando de combustibles.
La mandataria sostuvo que el caso “no tiene nada que ver” con los audios difundidos sobre una supuesta negociación entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y autoridades de Estados Unidos. Aseguró que la investigación contra Ruffo comenzó hace más de un año y que se apoya en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que, dijo, se trata de un procedimiento independiente de cualquier coyuntura política.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias para garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
Sheinbaum explicó que la FGR presentó los elementos ante un juez, quien resolvió la procedencia de las órdenes de aprehensión. En ese sentido, remarcó que la autoridad debe actuar con imparcialidad, sin importar si se trata de un exfuncionario o de alguien en funciones.
“Debe hacerlo a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez”, agregó.
La presidenta también respaldó el trabajo de la fiscal Ernestina Godoy y de su equipo, al señalar que el mensaje difundido por la dependencia fue “muy relevante” por el nivel de detalle y por el “trabajo minucioso y profesional” realizado para reunir pruebas y concretar las detenciones.
Sheinbaum responde a críticas de la oposición
La captura de Ruffo provocó reacciones inmediatas entre opositores. El PAN se deslindó del caso y su dirigencia expresó confianza en que el exgobernador podrá presentar pruebas de su inocencia.
Por su parte, Somos México, partido del que Ruffo es consejero, calificó la detención como una “infamia”.
Sheinbaum respondió recordando que en 2017 el expresidente Felipe Calderón había acusado públicamente a Ruffo de vínculos con organizaciones delictivas, mientras que ahora —dijo— lo respalda y habla de “justicia selectiva”.
“Negamos absolutamente que exista justicia selectiva”, sostuvo la mandataria.
Consultada sobre si se había comunicado con Marina del Pilar a raíz de los nuevos audios filtrados, en los que presuntamente se escucha a la gobernadora acordar una reunión en Panamá con autoridades estadounidenses, Sheinbaum respondió que no ha hablado con ella y la exhortó a ofrecer una explicación pública.
Además, insistió en que la investigación contra Ruffo es completamente ajena a los audios difundidos sobre Marina del Pilar y a cualquier otra controversia política reciente.
“No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Es una investigación de un año”, subrayó.
Orígenes y desarrollo de la investigación contra Ernesto Ruffo
La investigación que derivó en la detención de Ernesto Ruffo se originó tras el aseguramiento de treinta y tres ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025, en Ramos Arizpe, Coahuila.
En ese operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
De acuerdo con el video expuesto por la Fiscalía, la red operaba mediante una estructura compuesta por empresas importadoras de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, además de firmas dedicadas al transporte, comercialización y distribución del combustible.
El mecanismo consistía en declarar solo el 10 % de la capacidad real de los ferrotanques al introducir el producto a México y en reportar materiales distintos al diésel, con el objetivo de evadir impuestos como el IEPS.
“Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos”, explicó Sheinbaum.
Según la información difundida por la FGR y en la conferencia mañanera, la investigación incluyó cruces de datos sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa, con alcance en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La Fiscalía estima que la red involucra a 25 objetivos, entre socios de empresas, operadores y agentes aduanales.
Ruffo fue señalado como socio mayoritario de la empresa que importaba el combustible.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que se trata de “una de las redes más grandes de contrabando de combustible” y añadió que “la investigación lleva más de un año”.
Además, informó que “ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión. Faltan otras por cumplimentar”.
Implicaciones legales y proceso judicial
Sheinbaum insistió en que será un juez quien determine la responsabilidad de Ruffo con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
“La Fiscalía presenta pruebas ante el juez y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador, si hay elementos suficientes para continuar el caso o no”, explicó.
La presidenta remarcó que en el sistema judicial existen mecanismos suficientes para que el exgobernador ejerza su defensa.
Asimismo, dijo que la FGR debe informar dentro de los límites legales de la propia investigación.
Al defender la imparcialidad del sistema penal acusatorio, afirmó que no existe una lógica de protección partidista para quienes llegan al poder por una u otra fuerza política.
Recordó además que hay antecedentes de investigaciones y procesos contra presidentes municipales de distintos partidos, bajo criterios similares.
Sobre eventuales nuevas detenciones, señaló que esa información deberá reportarla la Fiscalía conforme avance el procedimiento.
“Aquí se detuvo a varios de la empresa, no solamente al exgobernador, y también a otras personas que estaban involucradas con la red”, sostuvo.
Valoración de Sheinbaum sobre el combate al huachicol
La presidenta destacó una reducción “muy importante” del contrabando de combustibles y la atribuyó al trabajo coordinado de la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República.
También subrayó que el combate al huachicol no distingue afiliaciones partidistas. Según dijo, se ha actuado contra presidentes municipales vinculados con redes delictivas o con casos de corrupción.
“Son más de 25 casos y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, por el Partido Verde, por el PAN, por el PRI, o por Movimiento Ciudadano”, precisó.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben conducirse con profesionalismo e imparcialidad, tanto cuando se trata de delitos del fuero común como en causas vinculadas con delincuencia organizada o delitos de cuello blanco.
Análisis y proyecciones: El caso vuelve a poner en primer plano una de las rutas más lucrativas del crimen organizado en México: el contrabando y la adulteración de combustibles, un fenómeno que combina evasión fiscal, corrupción logística y captura de nodos aduanales. En términos políticos, la insistencia de Sheinbaum en separar la investigación de cualquier disputa partidaria busca blindar a la FGR frente a acusaciones de uso selectivo de la justicia. Si el expediente avanza con consistencia probatoria, el impacto podría extenderse más allá de los imputados directos y abrir nuevas líneas sobre redes empresariales y conexiones regionales. Si, en cambio, surgen vacíos procesales, la discusión pública podría desplazarse hacia la integridad de la investigación y el costo político del caso.
Evolución reciente del tema: En los últimos años, el combate al huachicol pasó de centrarse en el robo físico en ductos a una mirada más compleja sobre el contrabando técnico, la simulación documental y las redes transfronterizas. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el discurso oficial endureció el frente contra estas prácticas, y con Sheinbaum la línea ha sido profundizar la coordinación entre fuerzas federales, aduanas y fiscalías. En paralelo, la discusión pública dejó de enfocarse solo en tomas clandestinas y empezó a incorporar el fraude fiscal y la participación de intermediarios empresariales y aduanales, un cambio clave para entender casos como el de Ruffo.
La presidenta concluyó que su gobierno trabaja en seguridad y justicia con una distinción clara: los delitos del fuero común corresponden a las fiscalías estatales, mientras que los vinculados con delincuencia organizada o delitos de cuello blanco son materia de la FGR. “Nosotros trabajamos de manera profesional e imparcial”, cerró.
