Crisis del transporte en el interior: municipios al rescate y licitaciones desiertas
La suspensión del subsidio a la tarifa social y el encarecimiento de los costos profundizan la crisis del transporte urbano en el interior bonaerense. En varias ciudades, las empresas reculan, las licitaciones quedan vacantes y los municipios quedan obligados a intervenir para sostener el servicio.Desde la posguerra, el transporte público urbano fue una de las herramientas clásicas de integración territorial en Argentina; hoy, sin embargo, ese andamiaje vuelve a mostrar sus fisuras bajo la presión de tarifas, subsidios y costos crecientes. En ese escenario se inscribe la decisión del gobierno de Javier Milei de congelar el subsidio a la tarifa social de colectivos, una medida que profundiza la crisis del sector y complica procesos licitatorios en distintas ciudades del interior, donde algunas empresas directamente están dando marcha atrás con sus ofertas.
En Necochea, la licitación para concesionar por 20 años el servicio de colectivos quedó desierta por falta de oferentes, lo que abrió un panorama incierto sobre el futuro del sistema en esa ciudad balnearia. La Compañía General de Micros Necochea, que desde hace 87 años presta el servicio, anticipó que no iba a presentarse por la suba de costos, la inestabilidad del escenario económico y el peso de las inversiones que exigía el nuevo pliego.
Fuentes con acceso al municipio señalaron que en la gestión local del axelista Arturo Rojas no están evaluando hacerse cargo del transporte. Por ahora rige una prórroga por 90 días y en el Concejo esperan que en las próximas semanas la comuna envíe un pliego reformulado, con condiciones más atractivas para las empresas. De todos modos, en el sector crece la preocupación por la viabilidad y la continuidad del servicio, que actualmente tiene un boleto de 1.900 pesos.
En Tandil, la crisis financiera que denunció la cámara empresaria llegó este mes al punto de obligar al municipio radical de Miguel Lunghi a salir al auxilio para evitar un paro de los transportistas de la UTA. La asistencia fue de 40 millones de pesos para las empresas Transporte Nueve de Julio y La Nueva Movediza, que habían advertido que no contaban con recursos suficientes para pagar sueldos y aguinaldos.
“El Municipio decidió adelantar recursos para garantizar la continuidad del servicio. Pero el futuro del sistema es cada vez más preocupante”, dijo el secretario de Gobierno local, Miguel Lunghi (h), a Radio Tandil. Y añadió que se trata de “la peor crisis del transporte público” que recuerda desde que asumió responsabilidades en el área.
En la comuna calculan que el sistema registra 200 mil viajes menos que en los niveles previos a la pandemia. La retracción de la demanda, combinada con el retiro del Estado nacional del esquema y los incrementos permanentes del boleto, explica también que una parte de los usuarios haya dejado de viajar en colectivo. En términos más amplios, el fenómeno remite a una tendencia conocida en América Latina: cuando caen los subsidios y suben los costos operativos, el ajuste termina recayendo sobre pasajeros, provincias y municipios.
En el bloque de concejales de Fuerza Patria presentaron un proyecto para declarar la emergencia. “El sistema está en riesgo de extinción”, advirtió el concejal peronista Marcelo Valle. Sin embargo, la iniciativa no prosperó por el rechazo de los lunghistas y los libertarios. Aunque hubo aumentos en el boleto, eso no alcanzó para revertir el déficit, que en la cámara del sector estiman en 200 millones de pesos mensuales.
“Estamos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. Hoy el sistema funciona sin políticas públicas nacionales para el interior y eso nos obliga a sostener un servicio esencial con recursos cada vez más escasos”, sostuvo el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel Albanese. La evolución del conflicto muestra cómo, en los últimos años, los sistemas urbanos del interior pasaron de depender en gran medida del sostenimiento estatal a quedar cada vez más expuestos a la recaudación por tarifa y a la capacidad fiscal local.
En Bahía Blanca, en tanto, se registra por estos días una fuerte pulseada entre oficialismo y oposición por el futuro del sistema. La comuna a cargo del peronista Federico Susbielles envió al Concejo un proyecto para prorrogar por un año el contrato vigente, pero la oposición lo rechaza y acusa al intendente de haber prometido un nuevo pliego con un rediseño del esquema actual, al que consideran deficitario.
“Después del último aumento, habíamos escuchado el compromiso del Ejecutivo Municipal de que a la finalización del contrato iba a estar el nuevo pliego, que es algo muy esperado, porque sabemos que el sistema no está siendo eficiente, no está apuntando al usuario y está direccionado a sostener un sistema que es totalmente ineficiente”, dijo el concejal libertario Mauro Reyes a LU2.
En el Concejo, Susbielles aprovechó la fractura opositora para avanzar con algunos proyectos del Ejecutivo, pero en este caso la oposición coincidió en rechazar la prórroga enviada. “Un año de prórroga nos parece excesivo, demasiado e innecesario”, señaló el concejal del PRO Emiliano Álvarez Porte.
Análisis y proyecciones: la crisis del transporte urbano en el interior parece encaminarse a un escenario de mayor fragmentación. Si no aparecen esquemas de financiamiento más estables, las ciudades con menor escala económica podrían enfrentar más licitaciones vacantes, menos frecuencias y una mayor dependencia de aportes municipales. En el corto plazo, eso suele derivar en aumentos de tarifa, renegociaciones contractuales y, en casos extremos, reducción de recorridos o cambios de operador. A mediano plazo, el desafío de fondo será recomponer un equilibrio entre costo real del servicio, capacidad de pago de los usuarios y cobertura territorial, una tensión que en Argentina se repite desde hace décadas cada vez que el sistema pierde respaldo nacional.
Evolución del tema: en los últimos años, la discusión por el transporte pasó de centrarse en la expansión de subsidios y la contención tarifaria a un debate por la sustentabilidad misma del sistema. Antes, el Estado nacional funcionaba como principal amortiguador de las crisis; ahora, con un retiro mayor de esos recursos y una inflación que sigue tensionando costos, el peso de sostener el servicio se traslada a municipios, provincias y pasajeros. Ese corrimiento explica por qué hoy intendencias de distintos signos políticos se ven obligadas a intervenir para evitar interrupciones, aun cuando eso implique tensiones con concejos deliberantes, cámaras empresarias y sindicatos.






















