Bruselas abrió una ventana para que Argentina frene un golpe a la soja

La Argentina llevó a Bruselas argumentos técnicos para evitar que la soja quede asociada a un alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. La discusión impacta de lleno en el biodiésel y en el acceso al mercado europeo.

“En comercio exterior, las reglas se discuten tanto como las toneladas”: la frase resume una disputa que puede definir negocios por cientos de millones de dólares. En Bruselas, la Argentina volvió a defender su soja y su biodiésel ante la Unión Europea, en medio de la revisión de un reglamento que podría endurecer las exigencias ambientales vinculadas con el cambio indirecto del uso de la tierra, conocido como ILUC.

La reunión se produjo luego de que el Europarlamento rechazara, a partir de una propuesta surgida en la Comisión Europea, clasificar a la soja como de alto riesgo de ILUC. El objetivo de la delegación argentina fue que la propia Comisión Ejecutiva tome en un reglamento lo que ya quedó establecido en el Parlamento Europeo.

La preocupación del sector industrial es clara: si prosperara la idea de penalizar a la soja por el uso de la tierra destinada también a biocombustibles, el impacto recaería sobre el biodiésel. Ese producto representó el año pasado cerca de US$350 millones en ventas al exterior. Hoy, Europa es el único mercado de escala al que la Argentina le vende biodiésel, ya que el otro gran destino, Estados Unidos, se cerró en 2016 tras una denuncia de productores norteamericanos que terminó en la aplicación de aranceles elevados.

“Se celebró en Bruselas la reunión bilateral entre la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea (CE) y la Argentina sobre biodiésel y las condiciones de acceso a la Unión Europea (UE). La reunión fue presidida por el Comisario de Comercio de la UE, Maroš Šef?ovi?, y por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, junto con el embajador Fernando Iglesias y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda por parte de la Secretaria de Agricultura. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) participaron de la reunión”, informó Ciara.

Según la entidad, su presidente, Gustavo Idígoras, expuso que la Argentina no amplió su superficie sojera, sino que la redujo, y que además creció la soja de segunda sobre el área agrícola posterior a los cultivos de invierno. En ese marco, sostuvo que no existe un efecto atribuible al cambio indirecto en el uso del suelo.

Ciara también planteó que el nuevo reglamento 807 debería incorporar una metodología de cálculo basada en datos nacionales y no en promedios globales. El pedido no es menor: en la discusión sobre sostenibilidad, la forma de medir suele ser tan determinante como el resultado mismo, porque puede favorecer o restringir el acceso a mercados según cómo se clasifiquen los riesgos.

“La realidad productiva argentina no se ve reflejada en la propuesta de legislación de la CE. El Parlamento Europeo coincide con la Argentina y por eso fue rechazada. Ahora tenemos la oportunidad de introducir cambios que tengan en cuenta la superficie real de soja en la Argentina y en el Mercosur, que nos caracteriza por ser un país de bajo riesgo de ILUC”, explicó Idígoras.

La cámara empresaria también llevó otra propuesta: incorporar el concepto de cultivos secuenciales en una misma superficie agrícola como producciones adicionales que deben considerarse automáticamente de bajo ILUC. Esa idea, explicaron, se apoya en criterios de la FAO y podría ayudar a expandir la producción y el comercio de soja y de nuevos cultivos como camelina, carinata, colza y cártamo, cuyos productos industrializados podrían venderse en la UE si esas nociones quedan incluidas en el nuevo reglamento.

La entidad destacó, además, que la Cancillería, la Embajada ante la UE y la Secretaría de Agricultura trabajan en coordinación con la agroindustria para proteger el flujo de exportaciones hacia el bloque europeo.

Postura

Según pudo saber LA NACION, la Comisión Europea ratificó en la reunión que no habrá inconvenientes con el flujo de exportaciones de biodiésel argentino hacia la UE mientras se redefine el marco regulatorio. El diálogo bilateral se retomará a fines de agosto, después del receso de verano europeo, para avanzar en la reescritura del reglamento. “Queremos estar en esa redacción para evitarnos a futuro que haya algún problema”, explicó Idígoras.

“Hubo mucho nivel de interés y aceptación. Felicitaron por las presentaciones técnicas y destacaron que la Argentina es el primer país que trae propuestas concretas y específicas”, agregó.

La delegación también sumó otro argumento técnico: la soja de segunda ya representa el 25% de la producción nacional y el cultivo argentino exhibe una alta eficiencia en productividad y en ahorro de gases de efecto invernadero frente a la producción europea. Para el sector, ese diferencial debería formar parte de la metodología que adopte la Unión Europea.

Análisis y proyecciones: la discusión encaja en una tendencia más amplia de la política comercial europea, que en los últimos años endureció sus exigencias ambientales y de trazabilidad sobre las importaciones agroindustriales. Para la Argentina, el desafío es doble: defender el biodiésel y, al mismo tiempo, evitar que una mala clasificación de riesgo termine funcionando como barrera para futuras cadenas de valor vinculadas a la soja. Si la UE incorpora métricas más ajustadas a datos nacionales, el impacto podría ser favorable para el Mercosur; si prevalecen parámetros globales rígidos, el riesgo es una mayor presión regulatoria sobre exportaciones que dependen de certificaciones y de acceso preferencial a mercados de alto valor.

Evolución reciente: en los últimos años, la postura europea se fue inclinando hacia marcos más estrictos sobre deforestación, sostenibilidad y huella ambiental, mientras que la Argentina pasó de una estrategia principalmente defensiva a otra más proactiva, con propuestas técnicas concretas y coordinación público-privada. En paralelo, el cierre del mercado estadounidense para el biodiésel argentino en 2016 volvió todavía más relevante a Europa como destino. Por eso, la negociación actual no solo apunta a resolver un expediente regulatorio: también busca preservar una inserción externa clave para la agroindustria nacional.