Casación abre una nueva pulseada por la causa de la mansión de Pilar
La Sala I de la Cámara de Casación aceptó la queja presentada por la defensa de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte en la causa por presunto lavado de dinero vinculado a la mansión de Pilar. La definición reaviva la disputa por la competencia entre fueros y deja en suspenso quién seguirá al frente de la investigación.“La competencia judicial suele ser la primera batalla de las grandes causas complejas”, repiten desde Tribunales cuando un expediente se convierte en terreno de disputa entre fueros. Y eso es exactamente lo que volvió a ocurrir en la investigación por el supuesto lavado de dinero detrás de la mansión de Pilar, donde la Cámara de Casación acaba de mover una pieza clave.
Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron el recurso de queja presentado por la defensa de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en la causa que investiga el origen de los fondos vinculados a la propiedad. El tercer integrante de la Sala I, Alejandro Slokar, votó en disidencia y dejó a salvo su criterio.
El voto coincidente de los dos camaristas no implica, por ahora, un aval sobre el fondo de la discusión penal. Sin embargo, sí representa un revés para quienes impulsaban que el expediente quedara en el fuero penal económico, porque el fallo empieza a encaminar la disputa de competencia entre el juzgado de Marcelo Aguinsky, con asiento en Comodoro Py, y el de Adrián González Charvay, en Campana.
La pulseada, atravesada por los intereses de la AFA y del Gobierno, escaló hasta la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, donde Roberto Hornos y Carolina Robiglio habían denegado el recurso a los sindicados como dueños de la quinta. Durante meses, en el ámbito judicial circularon versiones de que el expediente se movía en medio del malestar de Karina Milei, que atribuía la difusión de los audios de Diego Spagnuolo a una supuesta “operación” de Toviggino a través del streaming Carnaval. En ese contexto, el ascenso de Juan Bautista Mahiques ayudó a recomponer puentes entre Casa Rosada y el Poder Judicial, y los acusados terminaron recurriendo en queja a Casación.
La Sala I también fijó audiencia para el próximo 12 de agosto, ya concluida la feria judicial, con el objetivo de escuchar a las partes y resolver finalmente qué magistrado quedará a cargo de la investigación. Esa definición será central, porque la competencia no es un detalle técnico menor: puede alterar el ritmo del expediente, el alcance de las medidas de prueba y hasta la estrategia defensiva de los imputados.
En los pasillos judiciales, la resolución fue leída como un guiño a Toviggino y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Según había informado LPO, los contactos reservados entre un funcionario del Gobierno y Tapia alimentan la especulación de que Javier Milei buscaría descomprimir el conflicto con los dirigentes más influyentes del fútbol argentino. En causas de este tipo, el trasfondo político suele pesar tanto como el procesal: el fútbol, por su centralidad social y económica, suele convertirse en un actor con capacidad de presión institucional.
En la AFA sostienen además que Toviggino sería el principal blanco de la causa en Estados Unidos. Esa lectura se apoya en la creciente interconexión entre investigaciones locales y eventuales ramificaciones internacionales, un fenómeno cada vez más frecuente en expedientes de lavado de activos, donde los movimientos patrimoniales y societarios suelen cruzar jurisdicciones y multiplicar frentes judiciales.
La decisión de Borinsky también despertó lecturas políticas en otro plano. El camarista integra el grupo de nombres que suelen circular como posibles candidatos a una vacante en la Corte Suprema, una posibilidad que el gobierno libertario observa con atención en paralelo a las negociaciones en el Senado, donde consiguió apoyos para la prórroga de Carlos “Coco” Mahiques en Casación y la aprobación de otros 70 pliegos. En la lógica de los tribunales, esos equilibrios suelen influir en la temperatura de las resoluciones más sensibles.
Santiago Viola y Diego Barroetaveña.
Por otro lado, Barroetaveña firmó su voto el mismo día en que el juez Enrique Lavie Pico le concedió la cautelar que pidió para poder postularse a la reelección como consejero de la Magistratura en representación del estamento de los jueces. El fallo impactó de lleno en la lista Bordó, encabezada por el presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, y puso en tensión la unidad interna de ese espacio.
Al mismo tiempo, la resolución también favorece un objetivo personal de Barroetaveña, que no solo preside la Cámara de Casación sino que además actúa en tándem con Santiago Viola, el segundo de Mahiques, en el Consejo de la Magistratura. En el mundo judicial, esas coincidencias suelen leerse como señales de alineamiento político y de construcción de poder institucional.
Análisis y proyecciones: la causa por la mansión de Pilar tiene todos los rasgos de un expediente de alta sensibilidad: cruza dinero, poder político, fútbol y disputa judicial. Si la Casación termina definiendo que intervenga un fuero u otro, no solo quedará ordenado el mapa procesal, sino también la correlación de fuerzas entre actores que hoy buscan influir en el trámite. En causas de presunto lavado, la experiencia demuestra que la competencia elegida puede ser determinante para la velocidad de la investigación, la profundidad de las medidas patrimoniales y la fortaleza de una eventual acusación. Por eso, la audiencia del 12 de agosto no será un mero paso formal, sino una instancia capaz de redefinir el tablero.
Evolución del caso y de los actores: en los últimos años, la relación entre el oficialismo nacional y la AFA pasó de la tensión abierta a una etapa de negociación más pragmática, empujada por la centralidad política de Claudio “Chiqui” Tapia y por el peso territorial de Pablo Toviggino dentro del fútbol. En paralelo, el Poder Judicial mantuvo su lógica de internas y reacomodamientos, con jueces y cámaras alternando resoluciones que suelen ser leídas tanto en clave técnica como institucional. En ese contexto, la causa de Pilar se fue transformando de una investigación patrimonial en un expediente con derivaciones políticas, corporativas y hasta internacionales, algo cada vez más común en los casos de lavado de activos vinculados a estructuras de poder consolidadas.
