Suben los peajes en rutas privatizadas y no prevén obras grandes

• Nacionales
• 15-07-2026

“Las rutas son las venas de la economía”, suele resumirse desde hace décadas en la ingeniería vial para explicar por qué cada ajuste en los peajes, las concesiones y el mantenimiento termina impactando mucho más allá de los automóviles que pasan por una cabina. En ese marco, a una semana del traspaso, las rutas privatizadas por Luis Caputo ya registran aumentos en las tarifas cercanos al 20%, luego de los despidos masivos que el Gobierno aplicó en los corredores días antes de entregarlos a las empresas.

Corresur, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que tomó el control de las rutas 3, 205, 226 y de la autopista Ricchieri, anunció un incremento del 19,14% en los peajes de la ruta 226. Ese ajuste se suma al 16% que la estatal Corredores Viales había aplicado meses atrás.

En paralelo, el consorcio privado que tendrá la concesión de estas trazas durante los próximos 20 años anticipó obras menores y tareas de mantenimiento para el corto plazo, lo que reafirma las advertencias de entidades de usuarios viales sobre la falta de inversiones de gran escala en los pliegos de licitación.

Concretamente, se prevén reparaciones de banquinas, sellado de fisuras y reemplazo de elementos de seguridad vial dañados, además de intervenciones puntuales en tramos de las rutas 3 y 226. El esquema, por ahora, se parece más a un plan de conservación básica que a una modernización profunda de corredores estratégicos para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad regional.

Como contó LPO, el Gobierno avanzó en despidos masivos de trabajadores de peajes de esa ruta días antes del traspaso a Corresur, que ya informó que las estaciones operarán sin pago en efectivo y que el cobro será mediante sistemas electrónicos y automáticos.

Además de los 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría, la estatal Corredores Viales echó a 45 empleados del peaje El Dorado, entre Balcarce y Mar del Plata, y a otros 35 del peaje La Vasconia, entre Tandil y Balcarce.

El proceso se inscribe en una tendencia más amplia de concesión de infraestructura vial que, en Argentina, históricamente alternó entre etapas de expansión privada, renegociaciones contractuales y períodos de fuerte presencia estatal. La experiencia acumulada en los últimos años muestra que, cuando los contratos priorizan la recaudación por sobre la inversión inicial, el debate sobre la calidad de servicio y la equidad tarifaria reaparece con fuerza.

Mientras tanto, Caputo acelera con la concesión de otro paquete de rutas nacionales. Esta semana se realizó la apertura del segundo sobre de ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.

Esa etapa incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.

Desde el Gobierno sostienen que Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados. También definen a la Red Federal de Concesiones como un nuevo modelo que “se desarrollará sin subsidios del sector público”. Sin embargo, en su primer tramo concesionado, Nación ya lanzó créditos multimillonarios del BICE, el banco que controla Economía, para que las empresas adjudicatarias puedan financiar las obras.

Análisis y proyecciones: el caso vuelve a poner en el centro una discusión clásica de la política vial argentina: cómo equilibrar tarifas, mantenimiento y expansión de infraestructura. Si los aumentos se consolidan sin obras de mayor envergadura en el corto plazo, es probable que crezcan las tensiones con usuarios, transportistas y municipios atravesados por los corredores. A mediano plazo, el desafío será verificar si el esquema de concesiones logra atraer inversión genuina y sostener estándares de seguridad vial, o si termina replicando ciclos conocidos de ajuste tarifario con mejoras acotadas y costos sociales visibles.

Evolución del tema: en los últimos años, la administración de las rutas nacionales pasó de un esquema con fuerte rol de Corredores Viales y presencia estatal directa a una nueva etapa de privatización y reconfiguración contractual impulsada por el Gobierno. En ese proceso, los actores privados ganaron protagonismo mientras se redujo la dotación de personal en peajes y se instaló el cobro electrónico como norma, en paralelo con una discusión creciente sobre la magnitud real de las obras comprometidas. La postura oficial viró desde la gestión pública del servicio hacia un modelo de concesión con menor subsidio explícito, aunque con instrumentos financieros estatales para facilitar la ejecución de las inversiones.

En definitiva, el primer balance de la nueva etapa muestra aumentos rápidos de peaje, mantenimiento básico y un cronograma de licitaciones en marcha, mientras persiste la incógnita central: si el cambio de administración de las rutas se traducirá en mejores corredores o únicamente en un esquema más caro para circular.