Exjefes de las Farc le piden a De la Espriella diálogo por el acuerdo de paz
El presidente electo anunció que impulsará cambios contra la Jurisdicción Especial para la Paz y que buscará enviar a prisión a Rodrigo Londoño. En respuesta, el último secretariado de las Farc pidió abrir un diálogo y exigió el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016.
«La paz es hija de la justicia», sostenía Cicerón hace más de dos mil años, una frase que vuelve a cobrar sentido en Colombia cada vez que el acuerdo de 2016, la JEP y el destino judicial de los excomandantes de las Farc reaparecen en el centro del debate público.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará cambios contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dijo que buscará que Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026, señalando que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad surgido del proceso de paz.
“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.
Frente a esto, el último secretariado de las extintas Farc le pidió a De la Espriella abrir un diálogo sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y, al mismo tiempo, fijó una línea política y jurídica. El pacto firmado con el Estado colombiano obliga al próximo gobierno porque, según los excomandantes, hace parte de la Constitución Política y está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En la carta, el grupo expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del acuerdo de paz”, en una postura que combina apertura política con defensa cerrada de lo ya pactado. Ese tipo de mensajes no es nuevo en la historia de los procesos de posconflicto: en Colombia, la disputa entre justicia, reintegración y garantías de no repetición ha acompañado durante años la implementación del acuerdo firmado con la antigua guerrilla.
En la misiva, los firmantes recordaron que el acuerdo está “próximo a cumplir 10 años” y ratificaron su compromiso con lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. El mensaje llegó después de que, según señalaron, escucharan durante la campaña y tras las elecciones opiniones críticas del mandatario electo sobre ese marco de paz.
Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo se presentaron como integrantes del último secretariado y como “Alta Parte Contratante” del Acuerdo Final. Desde esa doble condición, sostuvieron que participaron activamente en la campaña reciente “como actores políticos, en el marco de la Constitución y la ley”.
La tensión central del escrito está en ese cruce entre reconocimiento institucional y prevención política. Los exjefes de la antigua guerrilla admitieron que ocupan una “orilla ideológica y política distinta” a la del mandatario electo, pero usaron ese punto de partida para reclamar convivencia democrática y continuidad estatal frente a un acuerdo que, afirmaron, no depende de afinidades partidarias.
Los firmantes vincularon el acuerdo con obligaciones constitucionales e internacionales
En su mensaje a De la Espriella, los excomandantes señalaron que el Acuerdo de Paz “hace parte de la Constitución en virtud del bloque de constitucionalidad”, y añadieron que también está ligado a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esa afirmación fue acompañada por una referencia directa al origen institucional de ese respaldo. Los firmantes atribuyeron ese alcance a la Declaración Unilateral de Estado que hizo en su momento el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y que, según escribieron, fue ratificada después por el actual presidente Gustavo Petro Urrego.
Desde esa lectura, el grupo sostuvo que el presidente electo conoce “perfectamente” las obligaciones constitucionales y legales del Estado frente a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales. Para reforzar ese punto, recordó que De la Espriella “ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”.
La carta ofreció diálogo, pero puso como piso el cumplimiento integral del pacto
Los exintegrantes del secretariado dijeron que están dispuestos a “dialogar para encontrar caminos” que permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. La invitación no apareció como una propuesta abierta sobre el contenido del pacto, sino como un mecanismo para ejecutar lo ya firmado.
En la misma línea, subrayaron que ratifican “ante el país y el mundo” su “indeclinable compromiso de honrar la palabra” empeñada con la firma del acuerdo. La referencia a ese compromiso buscó presentar a los firmantes como parte que ya asumió una obligación y que ahora espera una respuesta equivalente del Estado.
El planteo incluyó una idea de reciprocidad explícita. “En reciprocidad esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil”, escribieron.
Análisis y proyecciones
La reacción de las Farc remite a una constante de los últimos años en Colombia: la dificultad para separar la discusión judicial de la disputa política alrededor del acuerdo de paz. Desde la firma en 2016, la implementación ha oscilado entre avances parciales, choques institucionales y cuestionamientos sobre la seguridad de excombatientes, la reforma rural, la sustitución de cultivos y el funcionamiento de la JEP. En ese contexto, una eventual ofensiva del nuevo gobierno contra el sistema transicional podría abrir una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo, la justicia y los organismos internacionales que acompañan el proceso.
Evolución del tema y cambios de postura: en los primeros años tras la firma del acuerdo, el debate estuvo dominado por la implementación y por la legitimidad política del pacto. Con el tiempo, la posición de actores como el antiguo secretariado fue virando hacia una defensa más jurídica e institucional del acuerdo, mientras que sectores críticos endurecieron su discurso sobre supuesta impunidad. La carta a De la Espriella muestra justamente esa evolución: los excomandantes ya no solo reivindican el contenido político del pacto, sino que lo presentan como una obligación constitucional e internacional que supera cualquier cambio de gobierno.
De cara al futuro, el punto más sensible será si el próximo gobierno intenta reformar la JEP o reabrir aspectos centrales del sistema de justicia transicional. Cualquier movimiento en ese sentido podría traducirse en nuevas controversias de cumplimiento, choques con las cortes y presión diplomática, mientras que un escenario de diálogo permitiría desescalar el conflicto verbal, aunque sin resolver de fondo la fractura sobre cómo equilibrar verdad, sanción y reincorporación.
