Caso Skanska: dos décadas después, la Justicia condenó a Julio De Vido y José López por corrupción en la obra pública
Veinte años después de que estallara uno de los primeros grandes escándalos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, la Justicia dictó una sentencia que vuelve a colocar al caso Skanska en el centro de la escena política argentina.
El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlos responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa investigó las irregularidades registradas durante la ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), obras adjudicadas a la empresa sueca Skanska mediante un esquema que, según determinó la Justicia, estuvo atravesado por el pago de sobornos y el direccionamiento de contrataciones.
Un expediente que marcó una época
Cuando la investigación comenzó en 2006, pocos imaginaban que Skanska sería apenas el primer capítulo de una larga serie de causas vinculadas a la corrupción en la obra pública.
Aquel expediente abrió el camino para investigaciones posteriores que involucraron a empresarios, funcionarios y grandes contratistas del Estado, convirtiéndose en un antecedente de causas de enorme impacto institucional como Odebrecht y los denominados "Cuadernos de las Coimas".
Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser únicamente un expediente judicial para transformarse en uno de los símbolos de un sistema donde, según las investigaciones, las licitaciones públicas podían convertirse en herramientas para beneficiar intereses privados mediante retornos ilegales.
Más condenas para De Vido
La sentencia agrava aún más la situación judicial de Julio De Vido, quien acumula varias condenas relacionadas con hechos de corrupción y mala administración de fondos públicos.
Entre ellas figuran las vinculadas a la compra de material ferroviario usado conocido como los "Trenes Chatarra", la importación de Gas Natural Licuado (GNL), las derivaciones locales del caso Odebrecht y la causa por la Tragedia de Once, por la cual cumple arresto domiciliario.
La nueva condena fortalece el cuadro judicial de quien fuera durante más de una década uno de los funcionarios con mayor poder dentro de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
José López, otra vez condenado
Para José López, la resolución representa otro capítulo de una historia judicial que quedó grabada en la memoria colectiva desde aquella madrugada de junio de 2016, cuando fue sorprendido intentando ocultar bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
Ahora, la Justicia consideró probado que también participó en las maniobras irregulares relacionadas con las obras de ampliación de gasoductos.
Empresarios y funcionarios también fueron condenados
El fallo no se limitó a los exfuncionarios.
También recibieron condenas exdirectivos de Skanska, exgerentes de Nación Fideicomisos y otros responsables que participaron en las contrataciones investigadas.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de importantes sumas de dinero consideradas producto de las maniobras fraudulentas, montos que deberán actualizarse al momento de ejecutarse la sentencia.
Un mensaje institucional
Más allá de las condenas individuales, el fallo deja una reflexión inevitable.
La Justicia tardó veinte años en llegar a una sentencia de primera instancia sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la Argentina.
Ese plazo alimenta una vieja discusión sobre la lentitud de los procesos judiciales en causas de enorme trascendencia institucional. Cuando las resoluciones llegan dos décadas después de los hechos investigados, la sensación de impunidad suele instalarse mucho antes que las condenas.
Sin embargo, también es cierto que la sentencia confirma que los delitos contra la administración pública continúan siendo investigados y juzgados, aun cuando hayan transcurrido muchos años y hayan cambiado los gobiernos.
Un caso que hizo historia
Skanska fue mucho más que una causa judicial.
Representó el inicio de una etapa en la que comenzaron a salir a la luz mecanismos de contratación cuestionados, circuitos de retornos ilegales y vínculos entre funcionarios y empresas contratistas que luego serían objeto de numerosas investigaciones.
Dos décadas después, la Justicia cerró un capítulo importante de esa historia.
Pero el verdadero desafío sigue siendo otro: construir instituciones capaces de prevenir que estos mecanismos vuelvan a repetirse.
Porque la mejor política anticorrupción no es la que condena veinte años después, sino la que impide que el delito ocurra.
