Leal, citado por la causa ARSAT: indagatoria y nuevos detalles
Facundo Leal, exdirector de ARSAT, será indagado por la Justicia federal de San Isidro en una causa que investiga un presunto esquema de sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles. También están citados otros exfuncionarios y se mantienen medidas cautelares sobre los involucrados.En la administración pública argentina, los escándalos de contrataciones suelen dejar una marca duradera: cuando el control interno falla, la trazabilidad del gasto se vuelve la primera gran víctima. Ese telón de fondo explica el peso de la nueva indagatoria a Facundo Leal, exdirector de ARSAT, en una causa que examina presuntas maniobras de corrupción en torno a servicios de logística y custodia de bienes estratégicos.
Leal comparecerá este lunes 13 de julio ante la Justicia federal de San Isidro, donde deberá prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por un presunto esquema de sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función estatal. El exfuncionario permanece detenido y fue trasladado a primera hora desde el penal de Marcos Paz hasta el juzgado.
La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Para la misma jornada también fue convocado Gerardo Boschin, exsubgerente de compras de ARSAT, quien en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses después.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde se almacenaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la empresa estatal. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron irregularidades en las contrataciones vinculadas al almacenamiento y la logística.
El foco quedó puesto en la relación comercial entre ARSAT y la empresa privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.
La fiscalía sostuvo que la aprobación de esos convenios se hizo sin intervención del Directorio de ARSAT y sin dictámenes técnicos que justificaran la elección de la contratista. Además, se habría verificado que la firma beneficiada no contaba con las medidas mínimas de seguridad para resguardar los equipos, lo que facilitó la sustracción y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares. Se trata de shelters, contenedores tecnológicos destinados a la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica.
Por esas prestaciones bajo sospecha se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total superior a 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos. Los investigadores también analizaron comunicaciones telefónicas de los imputados y encontraron conversaciones que, según su interpretación, reflejan una planificación coordinada para favorecer a la empresa privada y limitar la competencia real de otras compañías del sector.
Además de Leal, la Justicia citó a declarar a otros exintegrantes de la conducción de ARSAT: Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. El grupo, oriundo de Mendoza, es conocido en ámbitos políticos y judiciales como la “banda de los mendocinos”. Todos quedaron convocados a indagatoria a lo largo de esta semana.
En paralelo, el juez Mirabelli dispuso una serie de medidas cautelares. Entre ellas, prohibió la salida del país de todos los involucrados, ordenó el embargo preventivo de sus bienes y levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil para reconstruir la evolución patrimonial de cada uno.
Leal llegará a la audiencia bajo detención efectiva en una unidad penitenciaria. Fue arrestado tras un allanamiento en su departamento de Palermo, donde la Policía Federal Argentina secuestró estupefacientes, entre ellos ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.
Por ese hallazgo, Mirabelli lo procesó con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Más tarde, la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py y actualmente tramita en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas.
Durante los procedimientos realizados en propiedades de Leal, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad también secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo. La Justicia intenta establecer si ese dinero proviene del cobro de dádivas o de otra maniobra ilícita.
Asimismo, se incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. Sin embargo, un peritaje tecnológico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que esos equipos no fueron utilizados para tareas ilegales.
Análisis y proyecciones
El avance de esta causa vuelve a exponer una tensión clásica en las empresas estatales de infraestructura: la combinación de discrecionalidad administrativa, poca transparencia en compras y control interno insuficiente puede abrir la puerta a redes de intermediación y sobreprecios. En procesos de esta magnitud, el análisis patrimonial, la evidencia telefónica y el seguimiento de contratos suelen ser claves para definir si hubo simplemente desorden administrativo o una estructura organizada para desviar recursos públicos.
En términos judiciales, las próximas definiciones podrían profundizar la responsabilidad penal de la cadena de mandos y, al mismo tiempo, impactar sobre la reputación de ARSAT como actor estratégico en conectividad. En el plano institucional, este tipo de expedientes suele acelerar revisiones de procedimientos de compras, auditorías y controles cruzados, especialmente cuando se trata de bienes críticos para redes de telecomunicaciones y expansión de fibra óptica.
Evolución del caso y de los actores
Desde el robo inicial de enero de 2024, la investigación pasó de una sustracción puntual a una hipótesis más amplia sobre contrataciones irregulares y posibles pagos indebidos. En ese recorrido, el perfil de los involucrados también cambió: Leal dejó de ser un exdirectivo bajo sospecha administrativa para convertirse en un imputado detenido con una causa paralela por estupefacientes; Boschin, por su parte, transitó de un rol técnico en ARSAT a una breve presidencia en Trenes Argentinos Operaciones antes de volver al centro de una pesquisa judicial.
La causa, además, muestra un endurecimiento de la estrategia judicial: primero se aseguró la documentación y el rastreo de contrataciones, luego se avanzó sobre teléfonos, patrimonio y cuentas bancarias, y ahora se llega a la instancia de indagatorias con medidas restrictivas ya vigentes. Ese movimiento sugiere que la Justicia busca cerrar el círculo entre el perjuicio económico, la eventual ruta del dinero y la posible coordinación entre funcionarios y privados.
