La política siempre cobra la cuenta
Hay una vieja máxima del poder que ningún gobierno logra desmentir: la política siempre termina cobrando la cuenta. Javier Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo dinamitar el sistema. Dos años y medio después, es ese mismo sistema el que le recuerda que las mayorías no se construyen con discursos, sino con votos. Y los votos, en democracia, casi siempre tienen precio político.
La discusión sobre la eliminación de las PASO se ha convertido en la mejor radiografía del momento que atraviesa el oficialismo. Lo que parecía una reforma sencilla, presentada bajo el argumento del ahorro fiscal y de la racionalización del proceso electoral, terminó revelando una dificultad mucho más profunda: La Libertad Avanza todavía no posee la musculatura parlamentaria necesaria para modificar las reglas del juego.
La paradoja resulta evidente.
El Presidente que hizo de la confrontación con "la casta" su principal bandera hoy necesita negociar con gobernadores, senadores y dirigentes que representan exactamente aquello que prometió combatir. No se trata de una contradicción ideológica; es simplemente la consecuencia inevitable de gobernar un país federal donde ninguna administración puede prescindir de la política territorial.
En ese contexto aparecieron las listas colectoras.
Pocas figuras fueron tan cuestionadas por el universo libertario durante los últimos años. Se las describía como una deformación del sistema democrático, un mecanismo diseñado para perpetuar aparatos provinciales y favorecer acuerdos de conveniencia. Sin embargo, la realidad volvió a demostrar que la necesidad suele ser más poderosa que los principios declamados.
Las colectoras dejaron de ser un pecado institucional para convertirse en una posible herramienta de negociación.
Pero ni siquiera esa carta parece alcanzar.
Los gobernadores tampoco muestran entusiasmo. Comprenden que habilitar colectoras podría resolver un problema circunstancial del Gobierno nacional, pero abriría un escenario mucho más complejo dentro de sus propias provincias. Ningún mandatario quiere multiplicar incertidumbres cuando todavía falta más de un año para el cierre definitivo de las alianzas electorales.
La resistencia no proviene únicamente del peronismo. También los bloques dialoguistas comenzaron a tomar distancia. Radicales, dirigentes del PRO y representantes de fuerzas provinciales consideran que modificar las reglas electorales sobre el final del proceso político introduce un factor adicional de incertidumbre que pocos están dispuestos a asumir.
Hay además una variable que suele ser subestimada: el tiempo.
El calendario parlamentario posee una lógica propia que no siempre coincide con los deseos del Poder Ejecutivo. Septiembre traerá el Presupuesto 2027. Luego llegarán las negociaciones fiscales, las discusiones por los recursos para las provincias y el inevitable reacomodamiento político previo al año electoral. Cada semana que pasa reduce el margen para aprobar una reforma de semejante magnitud.
La Casa Rosada comienza a comprender que gobernar también significa administrar prioridades.
La discusión ya no pasa únicamente por eliminar o no las PASO. La verdadera incógnita consiste en determinar cuánto capital político está dispuesto a consumir el Gobierno para alcanzar ese objetivo. Porque cada negociación exige concesiones, y cada concesión erosiona una parte del relato con el que Milei llegó al poder.
Aquí aparece el cambio más significativo del oficialismo.
Durante el primer año predominó la lógica de la confrontación permanente. En esta segunda etapa empieza a imponerse una práctica mucho más conocida en la política argentina: construir acuerdos parciales, negociar artículo por artículo, administrar intereses contrapuestos y aceptar que ninguna mayoría es permanente.
Es el aprendizaje que atravesaron todos los presidentes desde 1983.
Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández descubrieron, tarde o temprano, que el poder presidencial tiene límites cuando el Congreso y las provincias deciden ejercer los propios.
Milei no parece ser la excepción.
Paradójicamente, cuanto más se consolida su programa económico y mejores resultados exhiben algunos indicadores, más necesita de la política para sostener esa estabilidad. La economía puede ordenar expectativas; la gobernabilidad sigue dependiendo de acuerdos.
Quizás allí resida la mayor transformación que vive el oficialismo.
El Gobierno que llegó prometiendo reemplazar la política por la administración técnica comienza a descubrir que la política no desaparece. Apenas cambia de escenario. Deja los discursos y reaparece en los despachos, en las reuniones reservadas, en las llamadas telefónicas de madrugada y en los acuerdos que rara vez se anuncian públicamente.
Porque la política, como la gravedad, puede ignorarse durante un tiempo.
Pero siempre termina imponiendo sus propias leyes.
