Caso Bahiense del Norte: Ginóbili irá a juicio oral
El Juzgado de Garantías N° 1 rechazó el sobreseimiento y elevó la causa a juicio oral. La investigación apunta a presuntas omisiones ante las alertas climáticas y a responsabilidades en la habilitación del predio.“Los desastres no son meramente naturales”: la frase, repetida durante décadas en el debate sobre gestión del riesgo, cobra especial sentido en la tragedia de Bahía Blanca. En la noche del 16 de diciembre de 2023, un temporal extremo y una estructura vulnerable confluyeron en una de las peores catástrofes recientes de la ciudad, con 13 muertos y múltiples heridos.
El Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento de Leandro Ginóbili en la causa que investiga el hecho ocurrido durante un evento de patín en el gimnasio de Bahiense del Norte, cuando una pared se desplomó en medio de la tormenta.
De este modo, el hermano del ex basquetbolista Manu Ginóbili deberá afrontar un juicio oral junto con otros dos imputados: el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani y la funcionaria municipal Laura Fabiana Soberón.
La defensa del acusado adelantó que apelará la resolución ante la Cámara de Apelaciones. Para eso tendrá un plazo de cinco días y buscará frenar que el expediente avance hacia el debate oral.
El episodio ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un temporal golpeó con fuerza a la ciudad y provocó el derrumbe de una de las paredes del gimnasio ubicado en calle Salta al 28. El lugar albergaba un show deportivo de patín al momento del colapso.
Como consecuencia del derrumbe murieron 13 personas, entre deportistas y familiares que participaban del evento. Además, varias personas resultaron heridas.
Ginóbili era entonces presidente de la institución y fue imputado por el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, por “estrago doloso seguido de muerte”, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la máxima autoridad del gimnasio habría desoído las alertas meteorológicas vigentes y, por ese motivo, debió haber suspendido la actividad.
En el caso de Soberón, el fiscal la acusó de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que al momento de los hechos se desempeñaba como titular del área de habilitaciones municipales.
Ascolani, en tanto, fue señalado por haber presuntamente incumplido los deberes de cuidado a su cargo, al certificar en 2016 que las construcciones del club reunían condiciones de estabilidad y habitabilidad.
Durante la investigación, la fiscalía reunió elementos considerados centrales, entre ellos documentación técnica, informes periciales y testimonios de personas vinculadas al estado de la construcción del tinglado. Ese tipo de prueba suele ser decisiva en causas por estragos, donde no solo se analiza el daño final sino también la previsibilidad del riesgo y el deber de prevención.
Análisis y proyecciones: el avance a juicio oral refleja una línea que en los últimos años se consolidó en causas por tragedias evitables: la Justicia suele poner el foco no solo en el fenómeno climático, sino también en las decisiones humanas, la cadena de responsabilidades y los controles omitidos. En términos judiciales, si la acusación logra sostener que hubo conocimiento del riesgo y aun así se permitió la realización del evento, el expediente podría derivar en condenas con fuerte impacto institucional. También podría reforzar criterios más estrictos sobre habilitaciones, inspecciones y protocolos de suspensión ante alertas meteorológicas, un debate que se repite cada vez que una emergencia natural encuentra infraestructura y controles insuficientes.
La evolución del caso muestra, además, un desplazamiento desde la discusión inicial sobre la magnitud del temporal hacia una pesquisa más amplia sobre responsabilidades previas y posteriores al colapso. En 2023 y 2024, la causa fue tomando espesor probatorio con peritajes, documentación y testimonios, mientras la defensa intentó correrse del eje penal. Ese cambio es habitual en expedientes complejos por tragedias: al principio domina el impacto social del hecho, pero con el tiempo la disputa pasa a centrarse en la previsibilidad, la administración del riesgo y el rol de cada uno de los imputados.
En paralelo, se abrió una causa adicional por el presunto falso testimonio de peritos que debían inspeccionar el lugar. Esa línea de investigación surgió tras el análisis de los celulares de los acusados, un dato que agrega una nueva dimensión al expediente principal y que podría derivar en nuevas responsabilidades penales si la Justicia confirma irregularidades en sus declaraciones o actuaciones.


















