El Senado reactivará el debate por la propiedad privada y tierras extranjeras
El oficialismo intentará reunir quórum la semana próxima para avanzar con un proyecto sensible que habilita cambios en la venta de tierras rurales. La sesión también incluirá pliegos judiciales y otros temas postergados para agosto.En la historia legislativa argentina, pocas discusiones sobre la tierra han resultado tan sensibles como las vinculadas al control de la propiedad y la presencia de capital extranjero: desde la sanción de la ley de tierras en 2011, el tema quedó asociado a la defensa de los recursos estratégicos y a la tensión entre soberanía económica e inversión privada.
Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que cuentan con dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió otorgar un nuevo acuerdo por cinco años más.
También figura con dictamen y será tratado el pliego que propone a Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa en la que se investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
Si bien la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se mostró confiada, lo cierto es que, según admitieron varios senadores en reserva, todavía no está asegurado el número para abrir el recinto la semana próxima por la ausencia de varios legisladores.
El cronograma de funcionamiento del Senado para los próximos días se definió este mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria, en la que también se acordó una cita posterior para el 6 de agosto.
En esa sesión se trataría la denominada ley hojarasca, proyecto que deroga leyes perimidas o en desuso y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, además del controvertido proyecto que agrava penas por el delito de falsa denuncia.
La postergación de la ley hojarasca para una sesión posterior se explicó en la necesidad de evitar la dispersión de temas la semana próxima, sobre todo porque la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada demandará un debate extenso y, previsiblemente, conflictivo.
El expediente genera resistencias en distintos sectores políticos y sociales. De hecho, fuentes legislativas señalaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su rechazo a la propuesta durante el encuentro de jefes de bloque.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el despacho recibió sucesivas modificaciones, al punto de que el borrador con los cambios acumulados ya suma 14 versiones.
El principal foco de discusión es la eliminación de la prohibición de vender tierras rurales a extranjeros.
La última versión habilita esas operaciones y solo limita la compra por parte de empresas que tengan participación de otros Estados en su capital accionario. En esos casos, la transacción deberá contar con la aprobación de la provincia donde se encuentre el predio y también de la Nación.
Ese tramo del proyecto es el que aparece más ajustado en términos de votos y, por lo tanto, será la referencia que utilizará Bullrich para evaluar si el Senado está en condiciones de sesionar la semana próxima.
La iniciativa además introduce cambios para acelerar desalojos en casos de usurpación de tierras o viviendas, establece una nueva regulación para la expropiación por parte del Estado y modifica la ley de manejo del fuego.
En términos políticos, el debate actual muestra un giro respecto de etapas previas: mientras en los últimos años predominaron iniciativas orientadas a limitar la concentración y la extranjerización de la tierra, ahora parte del oficialismo impulsa un esquema más flexible, bajo el argumento de reforzar la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad. Esa evolución reabre una discusión clásica en la Argentina, donde el campo, la inversión externa y el rol del Estado suelen quedar en el centro de disputas de alta intensidad.
La reunión de este mediodía tampoco estuvo exenta de polémica. Los peronistas Juliana Di Tullio, de Buenos Aires, y Fernando Salino, de San Luis, reprocharon con dureza al oficialismo y a sus aliados haber quebrado el compromiso asumido en la Labor Parlamentaria de tres semanas atrás, cuando habían acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de que la Casa Rosada reaccionara con malestar, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para cambiar las reglas de juego y endurecer las condiciones para habilitar el debate sobre la interpelación de Adorni. Esa sesión finalmente fracasó, a la espera de una renuncia que se concretó 48 horas después y que alivió al oficialismo en el Senado.
Análisis y proyecciones: Si el oficialismo logra reunir el número para abrir el recinto, el debate por la inviolabilidad de la propiedad privada podría convertirse en una prueba política decisiva para medir la cohesión interna de la coalición y la capacidad de negociar con bloques dialoguistas. En términos legislativos, la falta de consenso anticipa una sesión larga y potencialmente desgastante. En términos económicos, una eventual flexibilización en la compra de tierras por extranjeros podría ser interpretada por sectores productivos como una señal de apertura, aunque también reactivaría objeciones históricas vinculadas a la soberanía territorial y al uso de recursos estratégicos. La discusión, además, suele exceder el plano jurídico y se proyecta sobre el clima político general: cuando la tierra entra en la agenda parlamentaria, vuelven a chocar dos tradiciones argentinas, la de la protección estatal y la de la liberalización de activos rurales.
La evolución del tema en los últimos años también ayuda a entender la magnitud del debate. En el pasado reciente, el Senado y la Cámara de Diputados alternaron agendas centradas en frenar abusos urbanísticos, regular la extranjerización y ampliar controles sobre el mercado inmobiliario y rural. Ahora, en cambio, el oficialismo intenta reordenar esas prioridades y colocar en primer plano la garantía de propiedad y la simplificación normativa. Ese viraje explica tanto la resistencia de la oposición como las diferencias entre sectores del propio espacio gobernante.
Si la sesión del jueves próximo no consigue quórum, el Gobierno podría verse obligado a reconfigurar el orden de prioridades y postergar otra vez los temas más sensibles. Si, por el contrario, logra avanzar, el Senado quedará frente a una discusión de alto impacto simbólico y con posibles derivaciones en la relación entre Nación, provincias, productores y capitales externos.
