Caso $LIBRA: Romeo apeló su exclusión como querellante y la Cámara definirá si vuelve al expediente

• Politica
• 08-07-2026

“En los mercados financieros, cuando la confianza se rompe, el precio cae antes que las explicaciones”. La frase, atribuida al mundo de la regulación bursátil, condensa el eje de una disputa que ahora llegó a la Cámara Federal porteña: la exclusión de Martín Romeo como querellante en la causa por el lanzamiento y derrumbe de la memecoin $LIBRA, un expediente que volvió a poner bajo la lupa el cruce entre criptoactivos, poder político y eventuales maniobras de engaño.

Con críticas al proceder que calificó de “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Romeo apeló la decisión que lo apartó del expediente penal. El magistrado había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli, al entender que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su condición de querellantes. También sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en un mercado de activos digitales de alta volatilidad y que la documentación aportada no alcanzaba para demostrar la titularidad de los criptoactivos.

En su presentación, Romeo —con patrocinio de Nicolás Oszust— afirmó que la resolución fue “arbitraria” y nacida de un planteo “extemporáneo” de Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.

El recurso sostiene que Martínez de Giorgi fundó su postura “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, desestimó prueba documental considerada clave, como actas notariales, y cometió “absurdos lógicos” al analizar la trazabilidad de la tecnología blockchain. Además, Romeo acusó al juez de tergiversar “de manera deliberada” la doctrina firme emitida por la alzada.

Según el planteo, la exclusión se apoyó en premisas incorrectas. La principal, la supuesta “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A eso sumó que el juez omitió ponderar la maniobra de “calidad simulada” y las presuntas operaciones de “insider trading”, es decir, el uso de información privilegiada para obtener ventaja en el mercado.

Romeo no fue el único en recurrir. Los otros cuatro querellantes excluidos también presentaron sus apelaciones, asistidos por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Señalaron que su condición de víctimas había sido reconocida de manera autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, y que esa decisión no fue apelada por ninguna de las defensas, incluida la de Novelli, por lo que quedó firme.

Ese grupo de inversores agregó elementos para sostener que la maniobra habría sido planificada. Indicaron que, 22 segundos antes de que el presidente Javier Milei publicara el contrato del token en su cuenta de X, 74 billeteras ya habían ejecutado 87 transacciones por USD 13,5 millones. También señalaron que, en los minutos previos al posteo presidencial, Novelli mantuvo cuatro llamados telefónicos con Milei, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03.

Asimismo, afirmaron que, una vez consumada la operación, más de USD 44,5 millones fueron transferidos a una única billetera concentradora. En sus escritos también citaron mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra “crypto” en las comunicaciones del proyecto.

El rol del Presidente

Para Romeo, el colapso de $LIBRA no respondió a la volatilidad habitual de los activos digitales, sino a una maniobra organizada para favorecer a quienes contaban con información previa sobre el lanzamiento. En esa línea, sostuvo que se utilizó la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, como “garante máximo de confianza” a través de su publicación en X, lo que habría operado como un “lavado de prestigio”.

Ese señalamiento se inscribe en un fenómeno más amplio que la justicia y los reguladores internacionales vienen observando desde hace años: el peso decisivo de la reputación de figuras públicas en la expansión de proyectos cripto. Desde el auge de las ICO y las memecoins, el mercado mostró que la visibilidad puede multiplicar el interés en cuestión de minutos, pero también amplificar el daño cuando la promesa se desploma.

Otro punto central del recurso apunta al estándar probatorio exigido por Martínez de Giorgi. Romeo sostiene que la decisión fija requisitos incompatibles con la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse, podría dificultar el acceso al expediente de víctimas de presuntas estafas con criptoactivos.

A eso sumó una supuesta “falsedad” del juez al afirmar que no existían pruebas de que él fuera titular del dinero afectado. Oszust remarcó que aportaron actas notariales para respaldarlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, indicó.

El escrito también cuestiona lo que considera un “absurdo lógico y dogmático” respecto de la blockchain, la identificación de las víctimas y la exigencia sobre el origen de los fondos. En esa línea, Romeo afirmó que la tecnología blockchain ofrece una trazabilidad pública, exacta y matemática, y que su aparente pseudonimato puede vincularse con una persona concreta a través de las actas notariales ya incorporadas al expediente.

Para la defensa, pedir “documentación respaldatoria” centralizada en un ecosistema descentralizado implica un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico. En términos históricos, ese debate refleja una tensión conocida en casos de innovación financiera: cómo adaptar reglas pensadas para estructuras bancarias tradicionales a operaciones que se registran de forma distribuida, irreversible y global.

Romeo también sostuvo que el juez reabrió una discusión que ya había sido resuelta por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Según el recurso, Martínez de Giorgi “se ha arrogado facultades de revisión” que afectan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores, y tergiversó un pasaje previo de la alzada para justificar el apartamiento.

Además, planteó que no existe ninguna diligencia nueva, pericia o elemento posterior que desmienta el desapoderamiento patrimonial sufrido ni la validez de las actas notariales. Por el contrario, afirmó que los informes de la UFECI y de la Policía Federal Argentina corroboraron la trazabilidad del vaciamiento.

Como cierre procesal, Romeo dejó planteada la cuestión federal y reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, en caso de un fallo adverso. Sostuvo que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.

Análisis y proyecciones: la decisión que adopte ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña —integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— puede tener efectos que excedan el caso individual. Si confirma el apartamiento, reforzará una línea restrictiva sobre quién puede presentarse como querellante en causas vinculadas con criptoactivos, exigiendo pruebas más estrictas de daño y titularidad. Si revoca la decisión, en cambio, consolidará un criterio más amplio de acceso a la justicia para presuntas víctimas de fraudes digitales, algo relevante en un terreno donde la identificación de fondos y la atribución de autoría suelen depender de peritajes técnicos complejos. En términos institucionales, el expediente también pone en evidencia una evolución reciente: la justicia argentina viene enfrentando con mayor frecuencia litigios que mezclan activos virtuales, trazabilidad blockchain, uso de redes sociales y posible influencia de figuras públicas, un combo que tensiona los estándares probatorios clásicos.

Evolución del caso y de las posiciones: al comienzo, el debate giró principalmente en torno a si $LIBRA debía considerarse una simple operación de mercado riesgosa o una presunta maniobra defraudatoria. Con el correr de la causa, los denunciantes reforzaron la tesis de que existió coordinación previa, información privilegiada y una puesta en escena destinada a multiplicar la confianza del público. Del otro lado, la defensa de Novelli y el criterio inicial del juez buscó encuadrar el hecho en la volatilidad propia de los activos digitales y en la insuficiencia de las pruebas aportadas por las supuestas víctimas. La Cámara, al revisar ahora la exclusión, deberá decidir si prima una interpretación amplia de la tutela judicial en entornos cripto o una visión más restrictiva sobre la acreditación del perjuicio.

Ahora será la Cámara Federal porteña la que defina si revoca o confirma la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución podría marcar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.