Investigan a una fiscal por liberar al hijo de Belloso
La decisión de una fiscal de Rosario de liberar sin formar causa penal al hijo de Gonzalo Belloso desató un fuerte conflicto interno en el MPA. El caso también volvió a poner bajo la lupa la trama de violencia, armas e ինտimidaciones vinculadas al negocio del juego ilegal en Rosario.“Una sola pistola en la ciudad puede tener más consecuencias que un ejército”, dejó escrito en el siglo XX el criminalista italiano Cesare Beccaria al pensar el poder destructivo de las armas en la vida pública. Esa lógica vuelve a emerger en Rosario, donde una decisión fiscal abrió una interna institucional y reavivó sospechas sobre una red criminal asociada al juego clandestino y la violencia callejera.
El jefe de la Fiscalía Regional de Rosario envió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe un pedido de sumario administrativo contra la fiscal Raquel Almada. La presentación apunta a revisar su actuación en el caso del 29 de junio pasado, cuando resolvió liberar sin iniciar causa penal al hijo del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, quien había sido interceptado por la policía en un vehículo con otras tres personas y un arma de fuego, en el marco de un procedimiento originado por amenazas.
La decisión de desvincular a Matías Belloso y a otros dos detenidos sin avanzar con una imputación generó un fuerte cimbronazo interno en el MPA, organismo que conduce la actividad de los fiscales en Santa Fe. El malestar obedece a que existe una instrucción general de la superioridad para impulsar causa penal en todos los casos en los que se encuentre un arma de fuego, incluso cuando la tenencia sea compartida.
Al único de los cuatro ocupantes del automóvil al que se le abrió un legajo fue a Fausto Carbajo, de 25 años, quien dos meses antes había sido denunciado por extorsión. Según refirió la semana pasada LPO, el futbolista Jonatan Gómez, surgido en Central y actual jugador de Sarmiento de Junín, afirmó que Carbajo fue hasta su casa para intimidarlo por una deuda vinculada a una plataforma de juego online. Ese circuito, de acuerdo con la denuncia, estaría explotado por personas ligadas a la conducción de la barra brava de Rosario Central.
El episodio que dejó a Almada bajo la lupa ocurrió hace nueve días, cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que la amenazaban en la vía pública, frente a su casa, por una deuda que aseguró haber cancelado. Cuando dos patrulleros llegaron a la esquina indicada en Granadero Baigorria, localidad vecina a Rosario, dos personas se subieron a un Peugeot 308. Los efectivos lo interceptaron y requisaron el vehículo. Bajo la alfombra, en el asiento del acompañante, hallaron un revólver calibre 22 largo. Allí iba Carbajo.
La fiscal Almada resolvió imputar a Carbajo, pero desligó a los otros tres acompañantes, entre ellos Matías Belloso, de 26 años, hijo del titular de Rosario Central, quien además se desempeñó como dirigente en Conmebol antes de ser electo en la entidad auriazul en 2022 y mantiene una relación de cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia. Tapia fue quien el año pasado, de manera excepcional y de hecho, otorgó un campeonato a Rosario Central por haber sido el club con mayor puntaje acumulado.
La controversia también alcanzó al gobierno de Maximiliano Pullaro. La fiscal dispuso restituir los teléfonos celulares a los ocupantes desvinculados, una medida coherente con la decisión de no formar causa penal, pero que profundizó la incomodidad de los investigadores. El reclamo institucional se apoya en una práctica consolidada desde 2019, cuando el MPA endureció su criterio frente a la violencia armada que convirtió a Rosario en uno de los focos más críticos del país en materia de homicidios.
Desde entonces, la política criminal del organismo apuntó a perseguir con mayor rigor los casos de tenencia de armas de fuego, evitando desde el inicio el deslinde de los detenidos y promoviendo en forma temprana pedidos de prisión preventiva. Esa línea incluso derivó en condenas por tenencia compartida, precisamente porque la jurisprudencia penal argentina ha tendido a priorizar la peligrosidad del contexto por encima de formalismos sobre la posesión individual cuando el arma aparece en un marco de violencia o intimidación.
