La Cámara Federal convalidó la causa contra Alberto Fernández y abrió la puerta al juicio oral
La Sala I rechazó un planteo del expresidente, ratificó la validez de lo actuado y dejó el expediente encaminado al juicio oral. A la vez, dos camaristas pidieron nuevas pruebas para reevaluar su situación.«La justicia tarda, pero llega», suele citarse desde hace siglos en el ámbito judicial; en este caso, la frase vuelve a cobrar sentido en una causa que se convirtió en una de las más sensibles de la política argentina reciente. La Cámara Federal dio este miércoles un nuevo espaldarazo al expediente por presunta violencia contra Fabiola Yañez y rechazó uno de los planteos de Alberto Fernández, convalidando lo actuado en la investigación.
La decisión de la Sala I deja al caso más cerca del juicio oral y reafirma el procesamiento confirmado desde abril del año pasado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama. Sin embargo, el fallo no cerró del todo la discusión: dos de los tres jueces que avalaron la marcha del expediente también reclamaron incorporar nuevos elementos de prueba y, a la luz de esos elementos, “reevaluar la situación” del expresidente.
Fernández había pedido la nulidad de las actuaciones con el argumento de que el juez instructor, Julián Ercolini, fue apartado luego por la Cámara de Casación. El planteo se apoyaba en la relación cambiante entre ambos, que se remonta a la etapa en la que compartieron cátedra como docentes en la UBA. Aun así, la Cámara volvió sobre el criterio ya fijado por Casación: el apartamiento del magistrado no implicaba invalidar lo actuado en la causa.
En ese sentido, el juez Eduardo Farah sostuvo que la respuesta a las objeciones del expresidente ya estaba contenida en el propio fallo de Casación, que dispuso el corrimiento de Ercolini “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”. Con esa línea de interpretación, el tribunal blindó el recorrido procesal del expediente y desestimó la nulidad pretendida por la defensa.
El fiscal Ramiro González había pedido la elevación a juicio oral en agosto del año pasado, casi un año atrás, pero los recursos presentados por Fernández, el cambio de magistrado y la intervención de Casación fueron estirando los plazos. Tras el apartamiento de Ercolini, la causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas, en una secuencia que, como suele ocurrir en expedientes de alto voltaje político, combinó planteos defensivos, disputas jurisdiccionales y demora procesal.
El fallo de este miércoles ratifica lo resuelto hasta ahora, aunque le abre al expresidente una ventana para solicitar nuevas medidas de prueba, lo que podría extender todavía más el trámite. En esa línea, el camarista Roberto Boico —que en el pasado tuvo pronunciamientos favorables para Fernández— pidió expresamente que se “reevalúe la situación del imputado”, más allá de la validez de los actos procesales, postura que fue acompañada por Farah.
La causa nació como desprendimiento del expediente por los Seguros, donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación de pólizas del Estado en beneficio de allegados al expresidente. Allí aparecieron en el celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández, mensajes que sugerían posibles agresiones hacia Yañez. Cuando el contenido tomó estado público, la ex primera dama avanzó con la denuncia penal.
Desde entonces, el caso derivó en una fuerte disputa paralela entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y la difusión de conversaciones, fotos y audios. Como ocurre en muchas causas de violencia intrafamiliar de alto perfil, el proceso judicial terminó atravesado por una batalla narrativa en la que cada parte buscó sostener su versión ante la opinión pública.
En febrero de 2025, el juez Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—, lesiones graves y amenazas coactivas; luego, la Cámara Federal confirmó ese procesamiento. Los hechos de violencia física que se le atribuyen al expresidente son dos: un golpe que habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo, y un forcejeo o agresión que habría dejado hematomas en uno de los brazos de Yañez.
Análisis y proyecciones: La evolución del caso muestra un patrón conocido en causas de violencia de género que involucran figuras de altísima exposición: la discusión jurídica sobre nulidades, competencias y prueba suele coexistir con una presión política y mediática que multiplica los tiempos del expediente. Si el tribunal mantiene firme la validez de las actuaciones y se destraban las medidas pendientes, el escenario más probable es la llegada al juicio oral; si, en cambio, prosperan nuevas diligencias, el proceso podría estirarse aún más. En términos institucionales, el caso también reabre el debate sobre la responsabilidad penal de exmandatarios y sobre el alcance real de las garantías procesales cuando se investigan hechos cometidos en ámbitos de especial asimetría de poder.
Evolución de la situación: En los últimos años, la posición de los actores principales fue mutando de manera visible. Fernández pasó de intentar frenar o anular la investigación a concentrarse en discutir la validez del trámite y la actuación del juez original. Yañez, en tanto, transitó desde el silencio inicial hacia una participación activa en la denuncia cuando el caso salió a la luz. La Justicia, por su parte, fue consolidando el expediente: primero con la aparición de los mensajes en el celular de Cantero, luego con el procesamiento y ahora con esta ratificación de la Cámara, que deja al caso más cerca de una etapa oral, aunque todavía no definitivamente cerrado.
