En Buenos Aires alertan por la suba de las garrafas
Un informe del IPAC advirtió que, tras la desregulación del mercado del gas envasado, el precio de las garrafas creció muy por encima del salario mínimo. El impacto se siente con más fuerza en los hogares sin acceso a la red de gas natural y en los sectores de menores ingresos.“La energía es el gran nivelador de la vida moderna”, advirtió alguna vez el economista Amartya Sen, y el caso del gas envasado vuelve a mostrar hasta qué punto su acceso define condiciones mínimas de bienestar. En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense puso el foco sobre el efecto de la desregulación aplicada al mercado de las garrafas por la gestión libertaria, con Federico Sturzenegger al frente del área de reforma estatal.
De acuerdo con un informe reciente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), desde que Nación desreguló el sector, en agosto de 2024, el aumento de las garrafas fue hasta seis veces superior al incremento del salario mínimo.
El relevamiento, con foco en Mar del Plata, mostró que las garrafas de 10 kilos pasaron de valer cerca de $8.500 a llegar en algunas zonas a $27.000, lo que implica subas de hasta el 218%. En la práctica, eso significa que el gas envasado dejó de comportarse como un insumo estable para transformarse en un gasto cada vez más volátil para los hogares que dependen de él.
“La evolución del precio de las garrafas demuestra que la desregulación no generó una reducción de costos para los consumidores. Por el contrario, el incremento del gas envasado fue entre tres y casi seis veces superior al aumento del salario mínimo”, señalaron desde el IPAC.
En concreto, la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil en ese período fue del 38%. Por eso, antes de la desregulación, un trabajador que cobraba el salario mínimo podía comprar aproximadamente 31 garrafas. “Hoy, ese mismo ingreso alcanza para adquirir apenas entre 13 y 18 garrafas, dependiendo del punto de venta”, afirmó Facundo Villalba, director del IPAC.
La discusión sobre el precio del gas envasado se inscribe en una tensión conocida de la política energética argentina: durante años, los subsidios y los programas de compensación buscaron amortiguar el peso de los servicios sobre los hogares más vulnerables, mientras que los cambios regulatorios suelen prometer competencia y baja de precios. Sin embargo, cuando la oferta es escasa, la logística encarece el producto y el poder de compra cae, el traslado a precios suele sentirse con más crudeza en los barrios alejados de la red de gas natural.
Según los datos del Censo Nacional 2022, Mar del Plata cuenta con 259.623 hogares. De ese total, 46.194 no tienen acceso a la red de gas natural, es decir, casi uno de cada cinco hogares. Esa dependencia vuelve más sensible cualquier aumento en la garrafa, especialmente en zonas populares donde la necesidad es mayor y la competencia entre puntos de venta suele ser menor.
El informe también advirtió una desigualdad territorial marcada, ya que los precios más altos se registran en los barrios populares de la ciudad, precisamente donde la garrafa resulta más necesaria para cocinar y calefaccionar.
Además, en distintos puntos de la provincia surgieron alertas por la falta de inspección sobre la seguridad de las garrafas, a partir de denuncias de envases llenos de agua y con picos de baja calidad. En un mercado con menos controles, los problemas de precio y calidad tienden a avanzar en paralelo, afectando tanto el bolsillo como la seguridad de los usuarios.
Días atrás, un relevamiento difundido por el Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que, desde fines de 2023 hasta la actualidad, el precio de la garrafa aumentó 842%. El dato adquiere especial relevancia en barrios populares, donde más del 85% usa garrafas para cocinar.
La evolución reciente del tema muestra un giro claro: mientras la gestión nacional apuesta a reducir regulaciones y a recortar el peso fiscal del sistema, los informes provinciales y de centros de estudio advierten que, en el caso del gas envasado, la liberalización no se tradujo en alivio para los consumidores. Por el contrario, la combinación de menores controles, alta dependencia territorial y caída del ingreso real profundizó la brecha entre el costo del insumo y la capacidad de compra de los hogares.
Análisis y proyecciones: si esta dinámica se mantiene, el impacto podría extenderse más allá del gas envasado y agravar la presión sobre otras canastas de consumo básicas. En los sectores sin red de gas natural, la garrafa funciona como un bien esencial, por lo que cualquier nuevo ajuste de precios recae de manera desproporcionada sobre hogares de bajos ingresos. A mediano plazo, el escenario puede empujar a más familias a restringir consumo, endeudarse o depender de ayudas estatales; al mismo tiempo, reabre el debate sobre el alcance del Programa Hogar, la necesidad de controles de calidad y la eficacia real de la desregulación en mercados con fuerte asimetría territorial.
A la par, persisten las quejas por las condiciones de acceso al Programa Hogar, que obligó a casi 4 millones de usuarios a reinscribirse para recibir un reintegro de $9.593 por cada garrafa comprada. La asistencia, en un contexto de precios cercanos a los $30.000, aparece para muchos beneficiarios como un alivio parcial frente a un gasto que se volvió central en la economía cotidiana.
