AVT denuncia nuevas semilibertades para presos de ETA
La Asociación Víctimas del Terrorismo volvió a cuestionar la política penitenciaria aplicada a condenados por ETA. Señaló dos nuevas progresiones de grado y advirtió que las cárceles siguen vaciándose de etarras.En el recuerdo de una herida que España aún no termina de cerrar —la violencia de ETA dejó 853 asesinatos, según el recuento oficial más citado—, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) volvió a poner el foco sobre la política penitenciaria aplicada a los condenados por la banda. Esta vez, la entidad denunció la concesión de dos nuevas semilibertades tras la aprobación del tercer grado a Arkaitz Aguirregabiria Del Barrio y de un artículo 100.2 del Régimen Penitenciario para Juan Luis Rubenach Roiz.
La AVT sostuvo que “las cárceles continúan vaciándose de etarras” y calificó de “infamia” que ya sólo queden 38 condenados en prisión cumpliendo penas por terrorismo clasificados en segundo grado o en régimen ordinario.
La organización también recordó que, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en septiembre de 2021, se han aprobado 122 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad para presos de ETA. De ese total, 25 fueron reiteradas luego de haber sido revocadas por la Justicia.
A ese balance sumó 23 flexibilizaciones del régimen ordinario mediante la aplicación del artículo 100.2 y un total de 62 libertades condicionales concedidas. Para la AVT, este escenario confirma una tendencia sostenida de alivio penitenciario que genera malestar entre las víctimas y reabre el debate sobre la proporcionalidad de los beneficios en causas ligadas al terrorismo.
En paralelo, el caso de Arkaitz Agirregabiria del Barrio aparece asociado a uno de los episodios finales de ETA: fue detenido, juzgado y condenado a 25 años de prisión por el asesinato en 2010 del brigadier de la policía francesa Jean-Serge Nérin, considerado la última víctima mortal de la organización armada.
Juan Luis Rubenach Roiz, en tanto, ingresó en prisión en 2019 y arrastra dos acumulaciones de condena de 30 años por asesinato, asesinatos en grado de tentativa y estragos. Además, fue uno de los presos de ETA acercados al País Vasco por decisión de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
Análisis y proyecciones: La discusión sobre el tratamiento penitenciario de los condenados por ETA se inscribe en una evolución más amplia de la política antiterrorista en España: del aislamiento carcelario más rígido a una progresiva normalización del régimen penitenciario una vez desmantelada la estructura operativa de la banda. En los últimos años, el traspaso de competencias al Gobierno vasco reordenó el escenario y desplazó parte del debate desde Madrid hacia la administración autonómica, con el consiguiente choque entre criterios de reinserción, seguridad y memoria de las víctimas. A futuro, es previsible que cada nueva progresión de grado o libertad condicional siga generando una fuerte controversia pública, especialmente en casos vinculados a crímenes emblemáticos o a autores de los últimos atentados. En ese marco, la distancia entre la lectura jurídica del sistema penitenciario y la percepción social de impunidad seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción.
Evolución reciente del tema: Tras el cese definitivo de la violencia de ETA, la agenda política y judicial pasó de la lógica de desarticulación de la organización a la de gestión de sus condenados. Ese cambio se aceleró con el cierre del ciclo operativo de la banda y, más tarde, con la transferencia de competencias penitenciarias en 2021. Desde entonces, la aplicación de terceros grados, flexibilizaciones y condicionales se convirtió en un indicador central del debate: para las instituciones, forma parte de la ejecución ordinaria de penas; para la AVT y otras asociaciones de víctimas, representa una concesión excesiva en delitos que dejaron una profunda huella social y política. La noticia refleja precisamente ese desplazamiento del conflicto, ya no militar o policial, sino memorial, jurídico y ético.
La AVT, por su parte, insiste en que las víctimas del terrorismo también son víctimas de la impunidad, una frase que resume el tono de una disputa que permanece viva incluso décadas después del final de ETA.
