Crisis en Santa Cruz: Vidal busca fondos para destrabar el conflicto policial
Claudio Vidal viajó a Buenos Aires para conseguir asistencia económica y frenar la rebelión policial en Santa Cruz. El conflicto ya lleva un mes y amenaza con arrastrar a otros sectores estatales.“La historia argentina enseña que cuando la inflación le gana al salario, el conflicto estatal deja de ser una excepción y pasa a ser el termómetro del poder”, una lógica que vuelve a poner a Santa Cruz en el centro de la escena en medio de la rebelión policial y la urgencia fiscal del gobierno provincial.
Claudio Vidal viajó esta semana a Buenos Aires para negociar una ayuda económica que le permita desactivar el acuartelamiento de la Policía santacruceña, que reclama una mejora salarial. Sin apoyo político firme y con una crisis social en aumento, el gobernador logró al menos que la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dispusiera un cuarto intermedio hasta este miércoles, con la intención de que la provincia elabore una propuesta para encauzar el conflicto con los uniformados.
Desde la oposición a Vidal sostienen que el mandatario “no está controlando nada” y alertan que, si consigue recursos para otorgar un aumento a la Policía, la presión se trasladará de inmediato a otros sectores. En esa lectura, el reclamo podría extenderse también a los gremios docentes y al sistema de salud, donde el malestar salarial también viene en aumento.
El acuartelamiento policial ya lleva un mes y, hasta el cierre de esta nota, no se advertía una salida cercana. “Un agente recién ingresante gana 1.100.000 pesos, y de ahí para arriba, según la jerarquía y los años de antigüedad”, señaló el sargento Felipe Gogol, uno de los integrantes de la mesa de negociación, en declaraciones a AM750.
En el último encuentro entre las autoridades provinciales y los referentes de la protesta, el Ejecutivo ofreció una suba de 300 mil pesos para los agentes ubicados en la base del escalafón, una cifra que quedó muy lejos de la realidad de precios en la provincia. La canasta básica en Santa Cruz supera los 2 millones de pesos y, según Gogol, el último índice provincial la ubicó en 2.200.000 pesos, por lo que los salarios continúan por debajo de la línea de pobreza.
En la Legislatura provincial, varios dirigentes califican al ex sindicalista como “un impresentable”. Le reprochan que no haya adoptado medidas para resolver la situación de la caja, que “no tiene idea de nada” y que se presenta como un hombre de saber técnico. En ese clima, también señalan que el gobernador se borra cuando estallan los conflictos y que suele refugiarse en El Calafate. Su proyecto de reactivar las represas, con el que buscó sostenerse ante la opinión pública durante meses, ya habría perdido impulso.
La bronca en Río Gallegos se expande y, según fuentes territoriales, Vidal pasa los días “escondido”. En ese diagnóstico, la desconfianza política se profundiza y el deterioro de su imagen se acelera: “Es el peor gobernador de la historia”, afirman.
Análisis y proyecciones: el conflicto en Santa Cruz combina dos factores clásicos de alta tensión en las provincias argentinas: salarios estatales atrasados y restricción fiscal. Cuando una fuerza de seguridad se acuartela, el margen de negociación suele estrecharse porque el gobierno enfrenta al mismo tiempo una demanda urgente de seguridad pública y un costo político por ceder. Si la provincia no logra financiamiento externo o una recomposición de ingresos, es probable que el reclamo se derrame hacia otros gremios, especialmente en educación y salud, donde la pérdida del poder adquisitivo también suele generar paros y movilizaciones. Además, la experiencia de otros conflictos provinciales muestra que las mejoras concedidas a un sector estratégico suelen funcionar como referencia inmediata para el resto de la administración pública, elevando la presión sobre las cuentas locales.
Evolución reciente del escenario: antes de asumir la gobernación, Vidal contaba con una percepción favorable entre dirigentes políticos y sindicales, en parte por su trayectoria gremial y por la expectativa de que pudiera ordenar una provincia atravesada por problemas estructurales. Sin embargo, en el transcurso de 2023 y luego de llegar al poder, esa imagen se deterioró con rapidez. La gestión pasó de ser observada con expectativa a ser cuestionada por su capacidad de respuesta frente a los conflictos salariales, la debilidad de la caja provincial y la falta de resultados visibles en su principal apuesta económica, la reactivación de las represas. En ese contexto, el gobernador ya no es leído como un articulador de acuerdos sino como un mandatario acorralado por la crisis, con cada negociación convirtiéndose en un test de gobernabilidad.
